MEXICO, DF, 1 de septiembre (apro).- Organizaciones civiles exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a admitir la obligatoriedad del Estado mexicano para acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de forma lisa y llana.
    En ello coincidieron Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Mario Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), y Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
    Esas ONG acudieron a la CoIDH y en cuatro casos expusieron la intromisión del fuero militar en violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles en el estado de Guerrero, y en otro caso por la desaparición, vejación y asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En conferencia de prensa, representantes de víctimas que recurrieron a la CoIDH coincidieron en que en el análisis sobre las medidas para atender la sentencia y las acciones de reparación en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, los ministros de la SCJN tienen “la oportunidad histórica para revertir patrones de impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares contra civiles”.
    En diciembre pasado, la CoIDH consideró a México como responsable de la desaparición forzada de Radilla Pacheco en 1974, y por el que esa instancia emitió su sentencia condenatoria a México.
    Frente a la discusión que se espera este jueves 2 de septiembre en la SCJN sobre los mecanismos para adoptar el fallo del tribunal regional, Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH, organización que representa a la familia de Radilla Pacheco, recordó que los ministros tendrán la “oportunidad de corregir los errores que ha cometido la SCJN en el caso Radilla y en otros que tienen que ver con abusos cometidos por militares”.
    Guerrero agregó que la familia Radilla recurrió a un amparo contra la atracción de las investigaciones de la desaparición del líder campesino por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), recurso que fue rechazado por un tribunal federal, al considerar que los familiares de las víctimas no tenían facultades para impugnar competencias de órganos jurisdiccionales.
    Mario Patrón, abogado del CDHMT y quein llevó ante la CoIDH los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002, puntualizó que “fue la SCJN la que les denegó la justicia, y a ellas también les negó el amparo contra la jurisdicción militar que atrajo sus respectivos casos para después declarar la inexistencia de los delitos”.
    Patrón Sánchez acotó que en reuniones privadas, el lunes y martes pasados, los jueces de la CoIDH trabajaron sobre la sentencias de ambos asuntos, y que muy probablemente serán públicas el 20 de septiembre.
    En tanto el director del Centro Prodh, Luis Arriaga, que llevó al tribunal interamericano la demanda de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera –detenidos y torturados por militares--, destacó que en su análisis los ministros de la SCJN tienen que considerar que “el Código de Justicia Militar no respeta el límite que le fija el artículo 13 constitucional; (…) que la jurisdicción militar no tiene independencia ni imparcialidad (…) y que la ampliación de la jurisdicción castrense, en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares contra civiles, es contraria a los compromisos internacionales contraídos por México”.
     Por su parte, Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), instancia que representó ante la CoIDH a los familiares de tres jovencitas secuestradas, vejadas y asesinadas en Ciudad Juárez, destacó que la admisibilidad de la sentencia del tribunal regional por la SCJN “será muy importante para que otras sentencias, como la de Campo Algodonero, no sólo se acaten por el Estado mexicano, sino que los agentes del Estado que incurrieron en la denegación de la justicia para las víctimas y sus familias, esto es, ministerios públicos, procuradores, jueces y magistrados, sean de una vez por todas sancionados como ordenó la CoIDH”.