Se acumulan recomendaciones por violaciones a derechos humanos

miércoles, 1 de septiembre de 2010

MEXICO, DF, 1 de septiembre (apro).- El IV Informe de Felipe Calderón revela la ausencia de una verdadera política de derechos humanos, la cual está limitada a la impartición de cursos de capacitación en las diferentes áreas de gobierno; la asistencia técnica de organismos internacionales, así como la difusión de legislaciones en la materia en diversas entidades federativas, entre otras acciones.
    En ocho hojas del reporte entregado a la Cámara de Diputados por el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, Calderón resume sus acciones de gobierno en materia de derechos humanos.
    Aunque el gobierno federal reconoce haber recibido 65 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no especifica cuáles fueron las dependencias reprendidas por el ombudsman.
    En la numeralia aportada en el documento se advierte el incremento de recomendaciones “a los órdenes de gobierno” durante la administración de Calderón.
Así en 2007, la CNDH emitió 70 recomendaciones; en 2008, 67; 2009, 78 y, de enero a junio de este año, 40.    
    Del total de 70 recomendaciones a órdenes de gobierno, “46 (79.76%) fueron dirigidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), de las cuales 29 han sido aceptadas, 11 se encuentran en tiempo para ser aceptadas y 6 fueron rechazadas”.
    Siempre sin mencionar las dependencias con mayores observaciones de la CNDH, se asegura que el organismo detectó que los “derechos humanos más vulnerados fueron los vinculados con la seguridad jurídica, seguridad personal, integridad personal, legalidad y protección a la salud”.
De las sentencias contra México emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el documento sólo hace mención de los nombres de los casos, sin explicar de qué se trata cada uno ni cuáles son los alcances de las condenas.
    Los casos por los que México fue condenado por la CoIDH son el de Campo Algodonero –sobre feminicidios en Juárez, Chihuahua--, y el de Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino guerrerense desaparecido a manos de miembros del Ejército Mexicano en 1974.
    En ambos casos, el reporte destaca la publicación de las sentencias en el Diario Oficial de la Federación y en El Universal, así como en la página de la Procuraduría General de la República (PGR).
De la primera sentencia se menciona la publicación además en el Diario de Juárez, Gaceta Oficial del Estado de Chihuahua y en páginas de Internet de las dependencias del gobierno estatal.
Pese a que en ambos casos la CoIDH fijó plazos para el cumplimiento de los distintos puntos de la sentencia, que incluyen modificaciones legislativas y administrativas, entre ellas la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para el gobierno de Calderón aún “se encuentran dentro del plazo determinado por la Corte para el cumplimiento integral de la sentencia”.
    Sobre las medidas precautorias o cautelares dictada por organismos internacionales especializados en derechos humanos, el IV Informe reconoce “cuatro medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 114 personas y 24 medias cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 586, a efecto de proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios”.
    Como logro en la protección a periodistas, se anuncia la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la oficina del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
    El resto de los logros en materia de derechos se centra en la realización de cursos de capacitación para tropas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en la Marina-Armada de México (Semar), así como en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y otras dependencias federales.
    Además se destaca la entrega del “Segundo informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como la respuesta al Informe Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos en Nueva York.
En tanto consigna que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atendió al relator especial de ONU sobre el derecho de la educación, Vernor Muñoz, y a dos delegaciones de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

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