Jacinta reclama reparación de daño por tres años de cárcel

lunes, 13 de septiembre de 2010

MÉXICO, D.F., 13 de septiembre (apro).- A casi un año de su liberación, Jacinta Francisco Macial demandó al Estado mexicano una reparación del daño provocado por la reclusión de la que fue objeto durante tres años.
    Ataviada con un vestido tradicional otomí color verde agua y un rebozo rojo, Jacinta sostuvo que el objetivo de su demanda es que el Estado le pida “perdón” y reconozca que ella es “inocente”.
    Acompañada por sus familiares y abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la indígena dio una conferencia de prensa tras interponer la demanda de reparación de daño en la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República (PGR).
    "Por ser indígena, por no saber nada de nuestro derecho, por eso estuve tres años en la cárcel. Me fue muy difícil y los agentes cometieron un error. Me violaron muchos de mis derechos... que me reparen el daño porque yo no tenía un trabajo fijo, pero sí trabajaba diario", señaló.
Jacinta fue acusada, junto con otras dos mujeres (Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio) de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en marzo 2006. Hoy presentó un recurso administrativo en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades que se cometieron en su caso y porque la autoridad federal no reconoció su inocencia tras su liberación.
Ante la presión nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos, al final, en un juicio de revisión de la sentencia, la PGR se desistió de los cargos contra Jacinta, pero sin aceptar el error por haberla sometido a un proceso injusto.
El abogado Andrés Díaz Fernández, del Centro Prodh, detalló que la demanda de la indígena otomí –recluida durante 37 meses en el Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de Querétaro– exige una sanción a los funcionarios responsables de su detención y de la sentencia a 20 años de prisión por un delito que no cometió.
Asimismo, explicó que la demanda de reparación del daño, basada en la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
implica también una reparación económica de 55 mil pesos por el daño calculado con base en los ingresos que Jacinta dejó de percibir como vendedora de aguas frescas durante los tres años de prisión; además, exigió 20 mil salarios mínimos por el daño moral que padeció.
“No es el aspecto pecuniario el objetivo primordial, sino dejar un precedente para que casos como estos no se vuelvan a repetir, aunque sabemos que en estos momentos situaciones como las de Jacinta siguen ocurriendo”, apuntó el abogado Díaz Fernández.
Desde el año pasado, un día después de la liberación de Jacinta, Amnistía Internacional (AI) y el Centro Pro demandaron a las autoridades mexicanas revisar el caso para que la indígena otomí "reciba una compensación por los tres años de prisión injusta y equivocada".
Ese día, la directora adjunta del Programa para las Américas de AI, Kerrie Howard, dijo: "Como Jacinta misma nos dijo, nada recuperará los tres años que perdió, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada."
Jacinta --quien no hablaba más que 20% de español cuando fue detenida y no se le proporcionó traductor— manifestó su disposición de participar con su testimonio y su presencia para protestar en otros casos de injusticia contra los pueblos indígenas.
“Nos humillan por ser indígenas, por usar nuestros vestidos, porque no sabemos nuestros derechos; yo no sabía qué es un secuestro. Esos tres años en la cárcel fueron muy difíciles para mí, porque tuve que estar lejos de mi familia y nunca lo había hecho.
“En la cárcel aprendí un poco más español, que los indígenas tenemos derechos, y ahora ya no me da pena usar mis vestidos, ya se que están muy bonitos”, dijo.

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