MEXICO, D.F., 20 de septiembre (apro).- La Relatoría Especial para la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Felipe Calderón a “aplicar de inmediato acciones necesarias para disuadir e impedir la repetición” de crímenes contra periodistas.
           Al condenar el atentado contra  dos fotógrafos de El Diario de Juárez, en el que murió Luis Carlos Santiago y resultó herido de gravedad un colega suyo, la Relatoría Especial, que encabeza Carolina Botero, señaló que en este año han sido asesinados 10 periodistas en México.
           Por medio de un comunicado, la Relatoría Especial consideró “de la mayor gravedad” la violencia contra los periodistas mexicanos, por lo que urgió al gobierno de Calderón a actuar para proteger a los comunicadores.
           Insistió que el Estado mexicano debe “impulsar medidas que protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión; el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores, y la implementación de mecanismos de seguridad que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados”.
           En el documento se señala que, en agosto pasado, durante la visita conjunta de los relatores de libertad de expresión de la CIDH y las Naciones Unidas,  Carolina Botero y Frank de La Rue, constataron que “la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación en México es alarmante y tiende a agravarse”.
    Agrega que el crimen de Luis Carlos Santiago “reafirma la urgente necesidad de que el Estado implemente de inmediato una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante la situación crítica de violencia que enfrentan las y los periodistas en México”.
    Recordó al Estado mexicano el noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, en el que se señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
    El documento incluye los nombres de los trabajadores de los medios de comunicación que han sido asesinados en 2010: En Guerrero, Jorge Ochoa Martínez; Juan Francisco Rodríguez y Elvira Hernández, en Tamaulipas, Jorge Rábago Valdez y José Luis Romero; en Nuevo León, Marco Aurelio Martínez Tijerina; en Chihuahua, Guillermo Alcaraz Trejo; en Michoacán, Hugo Alfredo Olivera, y en Coahuila, Valentín Valdés Espinoza.
    El organismo resalta que, en lo que va del año, nueve periodistas han sido secuestrados.
    Por otra parte, cerca de 50 periodistas e investigadores de América Latina y del Caribe manifestaron su preocupación la violencia contra los periodistas mexicanos.
    Reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Américas, organizado por el Centro Knight en la Universidad de Texas, periodistas e investigadores firmaron una declaración para repudiar “los asesinatos de periodistas y ataques de todo tipo contra los medios de comunicación desatados por el crimen organizado en México, (que) se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado”.
    De acuerdo con el pronunciamiento, firmado también por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) “el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en la principal amenaza contra la sociedad y la vida democrática desde México hasta el Cono Sur”.
    Se resalta que una de las conclusiones del foro es que también en países como Guatemala, Honduras y Colombia, “los medios de comunicación y los periodistas trabajan bajo fuego”, lo que coloca a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a estar informados “en serio peligro”.
    Los periodistas firmantes, trabajadores de medios de comunicación representativos en América Latina, decidieron que desde sus medios, “denunciar la impunidad con la que operan las bandas del crimen organizado y para insistir ante organismos internacionales, los gobiernos de la región, y en particular el mexicano, para que asuman la urgencia del momento y la responsabilidad que les corresponde en garantizar dos derechos mínimos que están consignados en sus  constituciones”.
            Periodistas de La Nación, de Costa Rica; El Universo, de Ecuador, El Periódico, de Guatemala; Alter Presse, de Haití; El Faro, de El Salvador; de Proceso, de México, y de El Confidencial, de Nicaragua,  entre otros, concluyeron en que “los derechos a la vida y a la información deben ser restituidos” y manifestaron su solidaridad con los colegas “en riesgo”.