Mujeres triquis piden la intervención del Ejército en Copala

martes, 21 de septiembre de 2010

OAXACA, Oax., 21 septiembre (apro).- Las mujeres que mantienen una huelga de hambre en el Zócalo de esta ciudad realizaron una manifestación frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigir la intervención del Ejército mexicano en San Juan Copala.
Luego de acusar al secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier Rueda Velásquez, y al comisionado de Seguridad, Jorge Alberto Quesadas Jiménez, de negarse a poner orden en dicho ayuntamiento, las inconformes pidieron al ombudsman estatal que se dicten medidas cautelares para que las familias que aún permanecen en San Juan Copala --y que son acosadas por los “paramilitares” de la Unidad de Bienestar Social (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)-- puedan salir de la región.
En la manifestación, denunciaron que afiliados a la Ubisort, con el apoyo del MULT, “quemaron casas, no sabemos cuántas, pero sí que hubo familias afectadas, perseguidas y asesinadas”.
Esta última organización, en un comunicado, reiteró su decisión “para sentarnos las veces que razonadamente sea necesario para lograr sentar las bases que nos permitan emprender el camino para a la brevedad encontrar la paz en nuestro pueblo”.
Y agregó: “Aun cuando los hermanos del MULTI no estuvieron presentes a pesar que durante los dos últimos años ha sido constante esta actitud, ante los diferentes esfuerzos que hemos emprendido sostenemos que es fundamental que el gobierno cumpla con su obligación de aplicar la ley en los delitos y señalamientos que se prueben sin que se militarice la región, se persiga indiscriminadamente o se busquen chivos expiatorios”.
Luego de deslindarse de los hechos violentos, el MULT advirtió que “estamos decididos a defender a la nación triqui”.
La organización insistió en que “para evitar las muertes y persecución de nuestros militantes, hace más de diez años no tenemos presencia en San Juan Copala, y nuestro trabajo se ubica en veinte rancherías, barrios y agencias (pero) si hay pruebas fehacientes de que alguno de nuestros militantes ha participado en los hechos condenables de San Juan Copala, no dudaremos en sostener que se aplique la ley”.

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