MÉXICO, DF, 22 de septiembre (apro).- El presidente Felipe Calderón admitió hoy ante representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CJP, por sus siglas en inglés), que prevalece un clima de impunidad respecto de las agresiones contra reporteros y reconoció, por primera ocasión, que México es uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión, a semejanza de lo que ocurre en naciones en guerra como Afganistán.
El vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, y el director ejecutivo del CJP, informaron lo anterior luego de reunirse en privado con Calderón en la residencia oficial de Los Pinos.
Al término del encuentro con el jefe del Ejecutivo, tanto Marroquín como Simon revelaron que el gobierno federal presentará un programa o proyecto especial para la protección de periodistas en octubre venidero, en el que se incluirá la experiencia colombiana, en el sentido de reubicar a comunicadores amenazados por la delincuencia organizada, sobre todo, por los cárteles del narcotráfico.
Por su parte, la Presidencia emitió un comunicado en el que no precisó fechas y sólo consignó el hecho de que el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, presentó “un proyecto intersecretarial” que prevé medidas para reforzar la protección de los periodistas, entre las que destacan:
Sistema de alerta temprana, creación de un Consejo Consultivo para identificar los motivos de las agresiones, reformas legales para prevenir la prescripción de los delitos en la materia, un paquete de seguridad social y “un paquete de prácticas ideales del ejercicio profesional”.
La reunión entre Calderón y los representantes de la SIP, así como del CPJ, se dio en uno de los momentos más críticos respecto de las agresiones contra periodistas desde que el gobierno desató una “guerra” contra la delincuencia organizada.
Este mismo miércoles, el gobierno de Estados Unidos otorgó asilo político a Jorge Luis Aguirre, director del diario en línea La Polaca, cuyas oficinas se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que recibió amenazas de muerte.
La semana pasada, un excamarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández Pacheco, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mando de Genaro García Luna no lo rescató –junto con otros dos comunicadores-- de un secuestro perpetrado por el cártel de Sinaloa, como se hizo creer a la ciudadanía, sino que fueron los propios narcotraficantes quienes los dejaron huir.
Por otra parte, un fotógrafo del Diario de Ciudad Juárez, Luis Carlos Santiago, fue asesinado por desconocidos afuera de un centro comercial. En un editorial, el periódico preguntó a los narcotraficantes qué quieren de ellos y el gobierno de Calderón adelantó que este homicidio no obedeció a su trabajo como reportero gráfico.
Luego de la reunión en Los Pinos, el primer vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, informó que el plan del gobierno mexicano incluirá medidas preventivas y acciones rápidas para evitar atentados contra periodistas.
Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, dijo por su parte que el que el gobierno de Calderón se comprometió a revisar los esquemas de protección usados en otros países.
Este encuentro ocurrió luego de que el vocero gubernamental en la guerra contra la delincuencia organizada, Alejandro Poiré, descalificara el editorial que publicó El Diario de Juárez, en el que pide una tregua al crimen organizado en esa ciudad fronteriza de Chihuahua, debido al asesinato de uno de sus periodistas.
Hasta la fecha, unas 6 mil 500 personas han muerto a causa de la violencia del narcotráfico en Ciudad Juárez.
Más de 30 trabajadores de los medios han desaparecido o muerto desde que el presidente Calderón lanzó una campaña militar contra los cárteles a finales del 2006, según un reporte publicado este mes por el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Estados Unidos.
Los crecientes ataques contra los medios son parte de la cruenta guerra del narcotráfico que ha cobrado más de 29 mil vidas desde que Calderón asumió el cargo, empañando la imagen internacional de México y poniendo en riesgo la recuperación de su economía.
En el comunicado emitido por Los Pinos, se informó que Calderón sostuvo “una reunión de trabajo” con los integrantes de la SIP y del CPJ en la que se intercambiaron puntos de vista sobre la libertad de prensa y la integridad de los comunicadores ante “el fenómeno delictivo que se presenta en algunas partes del país”.
El boletín admite que “ante la amenaza que representa el crimen organizado, el gobierno federal ha mostrado un absoluto compromiso para fortalecer el estado de derecho y con cercar los espacios a la impunidad y, para ello, ha dispuesto de todos los elementos a su alcance para la persecución de estos delitos”.
En particular, Calderón destacó la creación, el 5 de julio pasado, de la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para atender denuncias por ilícitos perpetrados contra periodistas.
“El mandatario respaldó la propuesta de la SIP para adoptar un enfoque regional a la protección de los periodistas, que sea consecuente con la dimensión regional del crimen organizado. De hecho, es un tema que el presidente ha tratado con diversos mandatarios latinoamericanos”, se puntualiza en el comunicado.