COLIMA, Col., 22 de septiembre (apro).- Sin analizar el fondo del asunto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó hoy dos recursos de amparo contra la ley antiaborto aprobada en 2009.
En una votación de tres contra dos, la mayoría de los ministros se opuso incluso a la posibilidad de que fuera el pleno de la SCJN el que decidiera sobre la aceptación o rechazo de las dos demandas de amparo, que habían sido atraídas por el máximo órgano del Poder Judicial en junio pasado.
Luego de conocer la resolución, la abogada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, integrante del equipo jurídico impulsor de los juicios de amparo, se mostró sorprendida y lamentó la postura de los ministros que desecharon las demandas sin analizar el fondo del asunto.
En entrevista con Apro, Ruiz Visfocri consideró que la decisión de la Segunda Sala de la SCJN constituye “un retroceso”, porque el pleno ya había resuelto en un sentido favorable en la controversia por la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Añadió que para la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país, esto “es una terrible noticia” después de la liberación de las mujeres presas por abortar en Guanajuato.
El argumento principal de las demandas de amparo, explicó, fue que las reformas para proteger la vida desde el momento de la concepción son violatorias de una serie de derechos constitucionales de las mujeres.
Sin embargo, con esta determinación de la SCJN “seguimos igual, porque finalmente no ha habido un órgano jurisdiccional que analice el fondo, la sustancia de lo que fue la reforma, y si se afectan o no los derechos humanos de las mujeres, porque lo que buscamos es que se reconozca que las mujeres tienen derecho a decidir y que tienen capacidad para ejercer ese derecho”, sostuvo Ruiz Visfocri, quien colabora con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Las reformas constitucionales antiaborto que se dieron “en cascada” en cerca de una veintena de estados, promovidas por PRI y PAN, fueron “meramente políticas, pero están afectando derechos, y la protección de éstos corresponde a los órganos jurisdiccionales y no se ha logrado que se analice esto a fondo”, acusó.

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