Amnistía Internacional demanda acotar fuero militar

jueves, 23 de septiembre de 2010

MÉXICO, DF, 23 de septiembre (apro).- Amnistía Internacional (AI) urgió al presidente Felipe Calderón y a diputados federales y senadores  a aprobar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como las restricciones al fuero militar con el fin de armonizar la legislación local con la internacional.
    En un memorando, la organización internacional destacó que una vez reanudado el periodo ordinario de sesiones, “es tiempo ya de poner en práctica las obligaciones internacionales de derechos humanos en todos los ámbitos de la legislación mexicana y que estos derechos sean accesibles a todas las personas”.
    El documento puntualiza que a pesar de que México “ha jugado un papel importante” en la consolidación del derecho internacional, “todavía no ha incorporado todas las obligaciones adquiridas en el derecho interno del país”.
    La organización defensora de los derechos humanos señaló que la ausencia de reconocimiento constitucional de las normas internacionales obstaculiza su eventual aplicación.
    Destaca que el proyecto de reforma constitucional que el Senado envió a la Cámara de Diputados, el cual se encuentra en impasse, “ofrece la oportunidad más importante disponible para incorporar de forma clara las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al marco legal nacional y otorgar expresamente a los tratados internacionales de derechos humanos un estatus constitucional desde el artículo primero de la Constitución”.
    Amnistía también abogó por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra de México por la desaparición del guerrerense Rosendo Radilla a manos del Ejército Mexicano, en 1974.
    En el texto se destaca que “la desaparición forzada de Rosendo Radilla, al igual que muchos otros casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, han quedado en la impunidad debido a que la jurisdicción militar ha impedido que las investigaciones prosperen”.
    Luego de recordar que la sentencia de la CoIDH ordena reformas al Código de Justicia Militar para dejar en el fuero ordinario la investigación, juicio y sanción de casos de violaciones a derechos humanos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas, AI puntualiza que “ya es tiempo de que Rosendo Radilla y su familia tengan pleno acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
    En el memorando girado al gobierno de Calderón y a los legisladores, Amnaistía resaltó que en su documento titulado “Nuevos informes de violaciones a derechos humanos a manos del Ejército”, dio cuenta de varios casos de abusos militares contra civiles bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, de ahí la importancia en las modificaciones a la legislación castrense.
    “En el actual gobierno, el papel de los militares en el desempeño de labores policiales ha estado bajo la lupa, ya que las denuncias de abusos contra los derechos humanos ha aumentado con el despliegue a gran escala de efectivos militares”, puntualiza AI.
    La organización internacional señala que “el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH supone un beneficio directo para las autoridades militares, ya que demostrará su compromiso para defender las normas de derechos humanos en la práctica y en el curso de las operaciones de mantenimiento de la ley”.

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