MEXICO, DF, 23 de septiembre (apro).- Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), fue reconocido con el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que recibirá en noviembre próximo de manos de Ethel Kennedy, viuda del senador asesinado en 1968.
    En un comunicado del Centro RFK, se resalta que se designó a Barrera Hernández “por sus esfuerzos enérgicos por acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad de que goza el Ejército y la narco-violencia”.
    La organización internacional señaló que Barrera y sus colaboradores se han distinguido por “proteger los derechos de las y los campesinos y los pueblos indígenas en contra de las desapariciones forzadas, la violación sexual, las detenciones arbitrarias, la intimidación, el despojo de tierras y los interrogatorios ilegales”, todo realizado “bajo amenazas constantes”.
    Entre los elementos que fueron valorados para galardonar a Barrera Hernández y al Centro Tlachinollan –fundado en 1994--, destacan su acercamiento a “grupos de base en la lucha por la justicia y la protección de los derechos humanos. El personal experto (…) utiliza gran variedad de herramientas: la asistencia legal, la incidencia en políticas públicas y el apoyo psicológico a víctimas”; aparte de que sus servicios incluyen la representación jurídica para mejorar el acceso de las comunidades a los servicios de salud y educación.
    El Centro Tlachinollan litiga contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me’phaas que fueron violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002. Las sentencias de ambos casos están en vías de ser difundidas, después de que en abril y mayo se llevaron a cabo las audiencias públicas.
    En entrevista, Abel Barrrera manifestó que “por un lado es satisfactorio que nuestro trabajo sea reconocido internacionalmente, pero por otro es preocupante, porque este premio en especial se le otorga a defensores en riesgo”.
    Claudio Grossman, juez del Premio RFK de Derechos Humanos y decano de la Escuela de Derecho Washington de la Universidad American, reconoció que “al comprometerse con las comunidades más vulnerables, Abel Barrera Hernández y sus colegas se encuentra en gran peligro personal”
    En tanto que Monika Kalra Varma, directora del Centro RFK de Derechos Humanos, señaló que “al otorgarle el premio a Abel Barrera , reconocemos sus esfuerzos incansables por defender los derechos de las y los campesinos y los pueblos indígenas, y empezamos una alianza de largo plazo para apoyarle a él y al Centro Tlachinollan en su lucha”.
    El Centro RFK fue fundado hace 42 años, y el premio en Derechos Humanos fue establecido en 1984 “para honrar a defensoras y defensores de derechos humanos valientes e innovadores en todo el mundo, quienes le hacen frente a la injusticia, a menudo poniéndose en bastante peligro personal”.
    El comunicado señala que el galardonado fue seleccionado por un grupo de expertos independientes en materia de derechos humanos, que en 2010 estuvo conformado, además de Claudio Grossman, por Gay Mc Dougall, experta independiente de la ONU en temas de minorías; Bakau Mutua, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Buffalo; la Universidad Estatal de Nueva York; Sushma Raman, presidenta de Southern California Grantmakers, y William F. Shultz, becario del Center for American Progress.
    En los últimos dos años, el Centro Tlachinollan ha sido reconocido con los premios internacionales de la Fundación Mc Arthur, en 2008; por la Washington Office for Latin America (WOLA) y Global Exchange, ambas en 2009.
    Para el Premio Kennedy, Abel Barrera fue propuesto por WOLA, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. “En ningún caso hicimos autopromoción o campaña para ser reconocidos”, aclaró Barrera Hernández.
    El activista apuntó que el reconocimiento es una muestra de la preocupación de organizaciones internacionales por lo que “está sucediendo en el país, en términos de la falta de garantías para realizar un trabajo con seguridad por parte de los defensores y defensoras de derechos humanos.
“Es una voz de alerta tratando de hacer visible una problemática que en México sigue siendo trivializada, como la situación de los defensores, y es una forma de solidarizarse y reconocer internacionalmente un trabajo que en México se desvirtúa, se desprestigia y criminaliza”, concluyó Barrera Hernández.