Demanda HRW a Calderón respeto a garantías individuales ante guerra contra el narco

viernes, 24 de septiembre de 2010

MÉXICO, D.F., 24 de septiembre (apro).- Ante la preocupante difusión de mensajes “contradictorios” en materia de derechos humanos de su gobierno, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, envió este viernes al presidente Felipe Calderón una serie de recomendaciones para hacer compatible su compromiso de protección a las garantías individuales y el combate al crimen organizado.
     En el texto de ocho cuartillas fechado en Washington, Vivanco le sugiere al mandatario mexicano, por ejemplo, juzgar en tribunales civiles a los militares que cometen violaciones a derechos humanos; desautorizar a funcionarios que deslegitimen el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos; proteger a periodistas, defensores y miembros de la sociedad civil; invitar al relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y reconocer que Tijuana no es un modelo de seguridad pública a replicar en el país.
Vivanco explica en su escrito que ante una preocupante  “difusión de mensajes contradictorios sobre derechos humanos” por parte del gobierno de Calderón, decidió dar algunos consejos al gobierno mexicano que, de aplicarlos, dijo, “no sólo ayudarían a proteger los derechos fundamentales, sino que además reforzarían las iniciativas del país para combatir el crimen organizado”.
     En particular, recomienda dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, en la que se condenó a México a reformar el Código de Justicia Militar para evitar que violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en el fuero militar, como ocurre actualmente.
    “La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar de México no permite una rendición de cuentas adecuada. Según los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante su gobierno los tribunales militares han condenado a un sólo militar por cometer una violación de derechos humanos”, apunta Vivanco.
    Tras reconocer la encrucijada en que se encuentra México ante la violencia, resalta que no obstante es en estos momentos en que “el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad”, así como “defender la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, respetar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, es decir fortalecer el estado de derecho”.
    Vivanco,  quien se dirige a Calderón como “Su Excelencia”, resalta que la movilización de miles de soldados para combatir al crimen organizado ha derivado en “un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos”, tan es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH)  “ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares”, mientras que se recibieron más de cuatro mil denuncias sobre abusos cometidos por personal castrense.
    El director de HRW criticó que, en los diálogos por la seguridad convocados por la Presidencia, no hayan sido invitados organizaciones civiles, además de que “durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció”, Calderón.
    En su carta, José Miguel Vivanco hace un recuento de discursos contradictorios en materia de derechos humanos pronunciados por Calderón, en los que por un lado se compromete a respetarlos y después niega que se cometan abusos e incluso a retado a miembros de organizaciones sociales a demostrarlos.
“Anunciar el compromiso del gobierno con los derechos humanos tiene escaso valor si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de violaciones de derechos humanos ‘no son ciertas’ o que las autoridades simplemente no cometen abusos”, dijo Vivanco.
    El director de HRW, lamentó que Calderón “no autorizo a tiempo una visita del Profesor Philip Allston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, cuyo mandato concluyo el pasado mes de julio”, de ahí que lo conminó a gestionar una visita con el nuevo relator “antes que concluya el presente año”.
    Tras cuestionar declaraciones de funcionarios contra el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, y sugerir que se “desautorice” que se expresen los servidores de esa forma, Vivanco sugirió que para la aplicación de un programa de alerta temprana –como ha anunciado Calderón-- se establezca “un organismo independiente que reciba denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil que sean objeto de amenazas, actúe inmediatamente para evaluar el riesgo que enfrentan, cuente con los recursos necesarios y con independencia para proteger a estas personas cuando sea necesario, y reciba aportes y evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil”.
    De la urgencia de ese tipo de mecanismos, apunta Vivanco, basta revisar las cifras que la CNDH tiene: durante el gobierno de Calderón “fueron asesinados 34 periodistas y 8 defensores de derechos humanos, y otros 8 periodistas están desaparecidos y se presume que no estarían con vida”, además se han ignorado las denuncias de amenazas de muerte que pesan contra defensores en Tijuana, Guerrero, Chiapas, Coahuila y Sinaloa.
Por último, el dirigente de HRW desmiente que Tijuana sea un modelo de seguridad pública a seguir en país, como justificó el nombramiento de Francisco Blake Mora.
Vivanco recordó que recientemente informó realizó una visita a Tijuana donde documentó diversas denuncias de tortura en bases militares en tanto que la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, envió una recomendación también por tortura cometida por el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola.
Prueba de que la militarización no ha significado una reducción en el número de asesinatos, puntualiza es que “según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que este año podría ser uno de los más violentos en dicho estado”.
José Miguel Vivanco pide la implementación de las medidas sugeridas  para mejorar las condiciones de seguridad y derechos humanos y pide a Calderón que las tome en cuenta “al momento de evaluar a la estrategia de seguridad pública de su gobierno en un futuro próximo”.
Copias de la carta fueron enviadas a los embajadores Arturo Sarukhan y Carlos Pascual.