MEXICO, DF, 24 de septiembre (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón han muerto 565 civiles como resultado de operativos del Ejército en distintos estados de la República, en los que se incluyen presuntos delincuentes abatidos durante enfrentamientos.
La entidad con el mayor número de muertes como resultado de operativos militares es Tamaulipas, con 122 personas fallecidas y más de 40 heridos, seguida por Nuevo León, con 86 muertos y más de 25 heridos.
Y entre los civiles fallecidos en operaciones en los que participó el Ejército se encuentran los niños Martín y Brayan Almanza Salazar, que murieron por disparos de arma de fuego cuando circulaban a bordo de un vehículo en compañía de su familia, en una carretera de Ciudad Mier, Tamaulipas.
En el reporte, la Sedena insiste en que el vehículo de la familia se encontraba entre un grupo de delincuentes que agredieron al personal militar, por lo que los menores fallecieron a causa del “fuego cruzado”.
Asimismo, entre los fallecidos se encuentran Vicente de León Ramírez y su hijo Alejandro de León Castellanos, quienes murieron luego de que efectivos castrenses dispararon al vehículo en que viajaban en una carretera de Nuevo León, al no haber atendido la orden de detenerse para una inspección en un retén, situación que la esposa de la víctima, en todo momento desmintió.
Sin embargo, en el recuento de Sedena no se establece cuántos del total de civiles fallecidos eran inocentes y murieron por encontrarse en las inmediaciones donde ocurrieron los hechos o producto de una confusión, como ha ocurrido en retenes instalados en Sinaloa y Nuevo León.
El tema fue punto de debate en mayo pasado, cuando el Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo federal un registro de los civiles que han muerto en la “guerra contra el narcotráfico”, tanto por los enfrentamientos entre grupos de delincuentes, como aquellos fallecidos a consecuencia de operaciones militares o la Policía Federal.
En ese entonces, los legisladores emplazaron al gobierno federal para que precise cuántos de los fallecidos en los operativos eran sicarios y cuántos civiles inocentes, pues denunciaron que sólo entre 2 o 5% de los detenidos son procesados.