MÉXICO, D.F., 24 de septiembre (apro).- El exprocurador de Justicia de Michoacán, Miguel García Hurtado, fue liberado esta mañana luego de permanecer casi 16 meses en prisión, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de La Familia Michoacana, que tiene su feudo precisamente en esa región.
La liberación de García Hurtado ocurre un día después de que Julio César Godoy –también acusado de presuntos nexos con la delincuencia organizada– rindió protesta como diputado federal después de 15 meses de andar a salto de mata. En ese lapso, el hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el legislador perredista libró una férrea batalla jurídica con la PGR para zafarse de cuatro de cinco cargos instaurados en juzgados de Tepic, Morelia, Zacatecas, Matamoros y Guadalajara.
    García Hurtado, al igual que Godoy Toscano, formaron parte del denominado “michoacanazo”, aunque el segundo se salvó de ser aprehendido por elementos de la Policía Federal que irrumpieron en la entidad gobernada por Leonel Godoy el 26 de mayo de 2009.
Ese día fueron detenidos 28 funcionarios públicos acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado. Al día siguiente, Miguel García Hurtado e Ignacio Mendoza, exsubprocurador de la región Morelia, acudieron de manera voluntaria ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de enterarse de la existencia de una orden de presentación en su contra.
Tras casi 16 meses en prisión, un juez federal sobreseyó el expediente del exprocurador michoacano por deficiencias en la orden de aprehensión y el auto de formal prisión.
García Hurtado abandonó el penal "David Franco Rodríguez" en punto de las 9:45 horas, acompañado de su esposa, hijos, hermanos y excolaboradores.
En sus primeras declaraciones, el exfuncionario michoacano reprochó a la PGR la forma en que lo detuvo y haberlo acusado sin sustento de presuntos nexos con la delincuencia.
Y recordó que al conocer la existencia de una orden de presentación, acudió voluntariamente ante SIEDO: "Lo hice porque soy inocente, esto ha quedado demostrado. Lo hice porque tenía confianza en la PGR, pero me defraudaron".
Después, dijo, “confié en los tribunales federales y afortunadamente hoy se cierra un ciclo y he obtenido mi libertad. Lo reitero: soy inocente".
Por separado, abogados cercanos al caso aseguraron que en las próximas horas podrían salir de tres a cinco detenidos más durante el “michoacanazo”, quienes sólo están en espera de sus boletas de liberación.
El “vía crucis” de los funcionarios inició a las 7 de la mañana del martes 26 de mayo de 2009, cuando fuerzas federales y militares arribaron a las sedes del Poder Ejecutivo, alcaldías y la Procuraduría de Justicia de Michoacán para detener a presidentes municipales y funcionarios, a quienes se les informó de una orden de presentación.
Ese día fueron detenidos: Genaro Guízar Valencia, presidente Municipal de Apatzingán; Uriel Farías Álvarez (Tepalcatepec); Jairo Germán Rivas Páramo (Arteaga); Antonio González Rodríguez (Uruapan); Audel Méndez Chávez (Coahuayana); José Cortez Ramos (Aquila); Osvaldo Esquivel Lucatero (Buenavista Tomatlán); José Luis Ávila Franco (Ciudad Hidalgo); Adán Tafolla Ortiz (Tumbiscatío), y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro.
También fueron detenidos Ramón Ponce Ponce, coordinador de Asesores del procurador del estado; Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy; Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial; Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán; Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal; Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública de Arteaga; Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; Gabriela Mata Chávez, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Morelia; Irlanda Sánchez Román, jefa de grupo de la Policía Ministerial de Morelia, y José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas.
Además, Noé Medina Martínez, primer comandante en Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia; Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de Zitácuaro; Abel Salazar Gómez, exsíndico del municipio de Lázaro Cárdenas; Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas; Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera, policías municipales de Lázaro Cárdenas, y Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y exsubprocurador de Justicia.
Al otro día se entregaron Miguel García Hurtado, exprocurador de Justicia del estado e Ignacio Mendoza, exsubprocurador de la región Morelia.
El día 27 de mayo por la noche, la SIEDO decretó la detención formal de los funcionarios públicos de Michoacán presuntamente vinculados con el crimen organizado, según reveló la dependencia al integrar la averiguación previa penal PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008, por “la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento para posibilitar la ejecución del delito”. Todos fueron puestos bajo arraigo.
Luego de la liberación del exprocurador de Justicia michoacano, el gobernador Leonel Godoy consideró este hecho como una posible lección para perfeccionar la justicia penal en México y demandó “que el Ministerio Público no sea utilizado como instrumento político”.
Además, informó que el exfuncionario fue invitado a reincorporarse, pero en temas del área de derecho o algún otro espacio del gobierno del estado, pero no en la procuración de justicia.
Sobre el caso de su hermano, Julio César Godoy, el Ejecutivo estatal se limitó a señalar que confía en que el grupo parlamentario haya tomado la mejor decisión y que el diputado federal se incorpore a sus tareas.