Rechazan jueces estatales atender casos de narcotráfico
GUANAJUATO, Gto., 25 de septiembre (apro).- Jueces de todo el país convocados por el Poder Judicial de Guanajuato expresaron su desacuerdo con la reforma a la Ley General de Salud por la cual las instancias estatales conocerán y juzgarán los casos de narcomenudeo, y pidieron a la Federación que reasuma la competencia en esta materia “dadas las dificultades que representa para los estados la lucha contra el narcotráfico”.
Aunque aseguraron que el país cuenta con jueces estatales capaces de atender estos casos, externaron sus preocupaciones por la falta de seguridad, infraestructura, sueldos, capacitación y personal suficiente para atender los casos de narcomenudeo.
“Queremos que se dote de la debida seguridad a los órganos jurisdiccionales”, concluyeron durante un encuentro organizado en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, al que asistieron poco más de cien jueces procedentes de varias entidades del país.
En la clausura, recordaron que no se ha cumplido con la transferencia de recursos establecida en el artículo cuarto transitorio de la reforma a la Ley General de Salud, en materia de narcomenudeo.
“Dada la escasa o nula capacitación en materia de narcomenudeo que han recibido los Poderes Judiciales de los estados, se advierte la necesidad de que se proporcione la misma con los recursos suficientes”.
Por ello, acordaron pedir a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y a la Conferencia Nacional de Gobernadores –Conago- que gestionen ante el gobierno federal la entrega de los recursos necesarios para aplicar las reformas a la Ley general de salud en esta materia.
Además, demandaron a la Federación “dotar de los recursos materiales necesarios” para que puedan proceder al pesaje y resguardo de las muestras narcóticas que se pongan a disposición de los juzgados en esta nueva modalidad.
En el tema legislativo, plantearon la necesidad de reformar la Ley General de Salud para aplicar el Código Federal de procedimientos penales en los casos de narcomenudeo, a fin de unificar criterios y leyes en los estados.
Luego de clausurar este Encuentro Nacional de Jueces, la presidenta del Poder Judicial de Guanajuato, la magistrada Raquel Barajas Monjaraz anunció que en próximo encuentro de los presidentes de tribunales de los estados se abordarán estas preocupaciones y acuerdos para que se implementen.
En cuanto a la competencia del fuero común para juzgar el narcomenudeo, la magistrada Barajas aseveró que ya que la Ley General de Salud les asigna esta obligación “tenemos que hacerlo, darle cumplimiento y de la mejor manera, con independencia, transparencia”.
Reconoció que en los estados es muy variable el avance que se tiene para adecuar la infraestructura y recursos para cumplir con este mandato, así como para contar con los jueces capacitados e idóneos para esta tarea.
Durante los dos días de trabajo, en las mesas se abordaron otros rubros como el nuevo sistema de justicia penal, las bondades del sistema de justicia alternativa en todas las materias, la pertinencia de la oralidad en materia mercantil y los problemas del derecho de familia.
En este último punto, destacó entre las conclusiones la propuesta de los jueces de que se elabore un registro nacional de adopciones para evitar el tráfico de menores.
Este registro constaría de un expediente de con datos como fotografías, huellas, el ADN de los menores, quien da en adopción y quien adopta “al cual sólo tendrían acceso jueces y ministerios públicos, para evitar el tráfico de menores”.
“A veces hay parejas que adoptan para resolver problemas conyugales; a quienes se les negó la adopción en otros estados y nosotros se las damos, se tiene que controlar de mejor manera porque hablamos de personas que se deben proteger”, señaló la presidenta del Poder Judicial de Guanajuato.
Mientras que en el tema de derecho familiar, en este Encuentro nacional se acordó proponer reformas legales efectivas para contrarrestar el aumento de los divorcios en México.
Para ello, se sugirió establecer como requisito para el matrimonio la participación de las parejas en cursos o talleres para que conozcan a fondo los derechos y obligaciones que se contraen, “para preservar a la familia como columna vertebral de la sociedad”.
FIN.