MEXICO, D.F., 27 de septiembre (apro).- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, rechazó haberse entrevistado con el capo Arturo Beltrán Leyva, como lo consignó la revista Proceso.
    Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno de Felipe Calderón, García Luna fue recibido con un minuto de silencio por el asesinato del presidente municipal de Tancítaro, Michoacán, Gustavo Sánchez Cervantes.
    A lo primero que se enfrentó García Luna fue al reclamo de los diputados perredistas, priistas y petistas por la ejecución reciente de autridades.
    Los diputados de oposición exigieron a García Luna que fijara su posición respecto de los asesinatos de 11 presidentes municipales, presuntamente por bandas del crimen organizado, lo que evadió.
           El funcionario tampoco respondió a las acusaciones en el sentido de que el gobierno federal protege a algún grupo de narcotraficantes, en especial al de Joaquín El Chapo Guzmán.
    Tampoco respondió porqué la Policía Federal está en las calles y no en lugares donde existe violencia, como en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca.
    --El reportero Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, dice que usted se entrevistó con Arturo Beltrán Leyva. ¿Es cierto eso? --le inquirió el diputado petista Jaime Cárdenas.
    --Lo niego con toda contundencia. Es mentira como tantas mentiras que han creado para afectar mediáticamente --respondió el funcionario.
    García Luna tampoco respondió cuáles son los municipios presuntamente controlados por el narcotráfico, ni qué pensaba de la burla del cerco de la Policía Federal que hizo el diputado Julio César Godoy Toscano
    Además, legisladores del PT y Convergencia cuestionaron a García Luna su gusto por “los shows que le gusta montar” en el caso de algunas detenciones. Víctor Hugo Círigo, de Convergencia, le pidió su opinión sobre la eventual denuncia que Florence Cassez y su defensa presentarán en su contra ante el Tribunal de Justicia de la Haya por, dijo, haber montado la recreación de su detención violentando los derechos de la francesa.
    “En este caso, la señora Cassez está sentenciada no por mí, sino por un juez. En cuanto a la imagen que apareció en los medios, ahí esta cómo fue la detención… A ella la sentenció un juez; yo no juzgo ni consigno”, respondió.
    A su vez, Gerardo Fernández Noroña le reclamó su “enriquecimiento inexplicable” si, dijo, se compara con los 205 mil pesos mensuales que gana. Le dijo que su casa es ahora un restaurante que vale 7.5 millones de pesos; la casa que tiene en construcción en Jardines de la Montaña tiene un valor de 20 millones de pesos, y tiene otra en Jiutepec, Morelos, valuada en 15 millones de pesos.
         “Es cierto que no es el Partenón de (Arturo) El Negro Durazo, pero tu eres lo más negro que tiene el gobierno de (Felipe) Calderón”, le espetó.
          García Luna le dijo que respeta sus opiniones, pero que era falso lo del enriquecimiento inexplicable. Incluso, afirmó estar a su disposición para que verifique el patrimonio de su familia.
    “He sido funcionario desde hace 22 años y llevo 15 en puestos de dirección. En cuanto a la casa, tengo un crédito hipotecario, y ahí se ve el costo del terreno donde vivo. Ha sido reiterado el esquema mediático para buscar generar un desgaste. No corresponde a la realidad. Lo que estoy pagando de crédito no vale lo que usted dice. Puede checar y asistir a cualquier verificación”, señaló.
    En la réplica, Fernández Noroña le dijo que sería ingenuo de su parte presentar una denuncia en su contra porque se tendría que defener a sí mismo.
    Por su parte, el diputado del PVEM, Juan José Guerra Abud, reclamó a García Luna el “montaje• sobre la detención de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, a lo que el funcionario dijo que no fue ningún montaje y que sería ingenuo que la secretaría a su cargo revelara la parte de inteligencia para la detención del capo. “Lo único que se revela en el ‘parte’ es la detención”, sostuvo.
    La fracción parlamentaria del PRI, a través de María de Jesús Maldonado Aguirre, pidió a García Luna información sobre las investigaciones sobre el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, a lo que el titular de la SSP aclaró que la indagatoria la realiza el Ministerio Público, no la secretaría a su cargo.
    Todos los representantes del PVEM, Convergencia, PT, PRD, PRI y Nueva Alianza, le manifestaron su rechazo a la estrategia contra el crimen organizado y le reprocharon que continúe, a pesar de que ha dejado 29 mil muertos por la “guerra” contra el narcotráfico.
    García Luna inició su comparecencia dando cifras sobre los índices delictivos, tanto del fuero común como del federal. Reiteró que se construirán, junto con la iniciativa privada, 12 penales para trasladar a reos federales que se encuentran en cárceles locales. Dijo que los centros penitenciarios con más población son los de los estados de Sonora, Jalisco, Baja California y México, así como los del Distrito Federal.
    Los insistentes reclamos fueron por los presuntos montajes que García Luna realizó para dar a conocer algunas detenciones, así como por sus propiedades y los civiles muertos en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el funcionario evadió responder porqué no ha sido detenido El Chapo Guzmán, ni se refirió a las imputaciones de presuntos vínculos de las policías con el capo sinaloense.
    Por su lado, el diputado panista    , Bonifacio Herrera, quien no hizo preguntas, sostuvo que “hay partidos y actores políticos que, contrarios a su historia, muestran su verdadero rostro oculto bajo la máscara perversa de la demagogia y desnudado por sus acciones y sus efectos”.
    “Demuestran que su concepto de saber gobernar va encaminado a su habilidad para enturbiar el clima político en beneficio propio y no tener por objeto el beneficio de los mexicanos”, dijo.
    Y siguió con la defensa de García Luna: “Hay quienes pretenden hacer creer que la inseguridad que existe en nuestro país se generó, se dio por generación espontánea pretendiendo hacer creer a los mexicanos que esta inseguridad es causada por la acción de las fuerzas del Estado sobre la delincuencia. Quieren hacerlo porque no se puede aceptar la realidad de que en los estados, donde la delincuencia se ha multiplicado y ha penetrado hasta los tejidos más elementales de la sociedad, la situación se ha agravado ante la perversa omisión, consentimiento y, en algunos casos, complicidad de los gobiernos estatales en turno”.
    Acusó a quienes hacen los señalamientos en contra de la política de seguridad y combate al narcotráfico que ha emprendido el gobierno, de tener en el fondo motivos electorales, con dividendos políticos. “Confunden la estrategia y la estructura del gobierno con la estructura del partido”, señaló.
    “Su esfuerzo a favor de la seguridad de los mexicanos se reduce al discurso tendencioso, plagado de imprecisiones y descalificaciones en el que reafirman su compromiso a favor de la seguridad, pero que en los hechos los delitos que recaen en su competencia se siguen incrementando”, dijo Herrera.
           Aseguró que los recursos que el gobierno federal entrega a los municipios y a los estados para el combate a la inseguridad, “no se ejercen o se ejercen con torpeza culpando de ello a las reglas de operación de los programas, lo que evidencia su incapacidad o incompetencia”.
    Reclamó que los gobiernos estatales destinen poco presupuesto a la seguridad. Dijo que entre los que menos aportan son Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, México y Durango.
    Censuró que los gobernadores reclamen ayuda de la federación mientras sus policías están infiltradas por el narcotráfico. “Sin embargo, parece que esto no es preocupación para muchos gobernadores y sólo se limitan a exigir que se incremente la presencia de las fuerzas federales, aunque después cuando su interés se los indique, cuestionan severamente su participación”.