COLIMA, Col., 27 de septiembre (apro).- Tras el sobreseimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos amparos de mujeres colimenses contra la reforma constitucional antiaborto, organizaciones feministas anunciaron que interpondrán un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
           Los amparos habían sido atraídos por la SCJN luego de que un juzgado federal los desechó porque las demandantes no estaban embarazadas y según el titular no se acreditaba de qué manera podría afectarles la reforma que el año pasado elevó a rango constitucional en Colima el derecho a la vida desde la concepción.
            En conferencia de prensa, integrantes de la Red de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar); Espacio Feminista de Colima; Comité de Derechos Humanos No Gubernamental A.C., y Católicas por el Derecho a Decidir, lamentaron la reciente resolución de la sala segunda de la SCJN de no ir al fondo del asunto, ahora con el argumento de que las quejosas no acreditaron su residencia en el estado de Colima.
            La abogada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, del grupo Radar, calificó como “incoherente” la resolución de la SCJN, sobre todo porque, dijo, se basó en un requisito que “no señala la Ley de Amparo”; es decir, acreditar la residencia en el estado de Colima.
           Además de los dos amparos sobreseídos, la Corte prosigue el trámite a tres más provenientes de mujeres de Colima, que hasta el momento no han sido resueltos, por lo que Ruiz Visfocri llamó a los ministros del máximo órgano judicial del país a darles entrada y analizar el fondo del asunto.
            Señaló que las organizaciones de mujeres no se quedarán cruzadas de brazos, y en los casos de los amparos desechados recurrirán a la CIDH en busca de que se respeten los derechos constitucionales de las mujeres.
             Por su parte, el presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, precisó que, después de agotar todas las posibilidades jurídicas en el país, las organizaciones irán a la CIDH, organismo que podría turnar el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
            En la misma conferencia de prensa, las organizaciones de mujeres dieron a conocer un posicionamiento por el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en el que señalaron que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública que ocasiona la muerte de más de seis mil mujeres al año en América Latina.
             Donde el aborto es ilegal causa 30 veces más muertes que donde no lo es. En 2005, el aborto era la quinta causa de muerte en el país y para ese mismo año, la letalidad del aborto inseguro en México fue de 52 muertes por cada 100 mil hospitalizaciones por esta causa.
            “En Colima durante el periodo 2000-2006, el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) registró 112,463 egresos, y por causas maternas fueron 52,202 (82%); de éste el 10% de los egresos maternos fue por atención a mujeres en situación de aborto: se atendieron a 5,171 mujeres. Esto significa que en Colima, nueve de cada mil mujeres de 15 a 44 años, se hospitalizaron por razones de aborto cada año entre 2000 y 2005 (Promedio Nacional: 7)”.
           A través del documento, se indicó que la criminalización de la interrupción del embarazo con la reforma al artículo primero de la Constitución local, expone la irresponsabilidad de las instituciones gubernamentales en lo general y de quienes se ostentan como representantes en lo particular. Quienes “incumplen el mandato de protección y seguridad social como estado, ejercen una violencia institucional contra las mujeres, la ciudadanía y la población en general”.
            Añadió: “Denunciamos que en Colima se violan los derechos humanos de las mujeres, porque se criminaliza el que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos. La vida pública y privada se reglamenta en función de intereses particulares e instituciones que deben estar fuera de ella, como las jerarquías religiosas, fundamentalmente la católica. Todo ello contraviene la responsabilidad social del Estado mexicano de otorgar salud integral, lesiona el carácter laico del Estado, además de incumplir con los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado mexicano”.