Insta Amnistía Internacional a derogar leyes que crminalizan el aborto

martes, 28 de septiembre de 2010

MÉXICO, DF, 28 de septiembre (apro).- Amnistía Internacional (AI) exhortó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a “derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia”.
    Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, AI exigió a los gobiernos del continente “mostrar con acciones concretas su voluntad política hacia el respeto y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas de la región y despenalizar el aborto con urgencia”.
    Luego de destacar que en Cuba el aborto se encuentra despenalizado desde hace décadas, y en el Distrito Federal desde el 2007, Amnistía reconoció que aunque en algunos otros países se “han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe (…) la triste realidad es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica se incumple esa salvedad”.
    En América Latina y el Caribe, señaló la organización civil, “algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas e intentan practicase un aborto a sí mismas”.
    Día con día, agregó AI, ocurren abortos ilegales que ponen en riesgo la vida de cientos de mujeres y niñas, sobre todo de aquellas que viven en la pobreza.
    “Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas”, puntualiza Amnistía.
    Asimismo, consideró “vergonzoso” que el aborto sea penalizado cuando la mayoría de los países de la región se ostentan como firmantes de tratados y convenios internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, Brasil).
    Incluso, resaltó AI, en países como Chile, El Salvador y Nicaragua se penaliza el aborto “en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro”.
    Amnistía sostuvo que “las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y vivir con dignidad, y a no ser obligadas, bajo amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud”.
    Por tanto, recomendó a los gobiernos “cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios de información de planificación familiar”.

Denuncias en Chiapas

En Chiapas, organizaciones feministas denunciaron que en la entidad se vive un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y ejemplo de ello es la aprobación en diciembre pasado de la ley antiaborto, así como la restricción en el acceso a métodos anticonceptivos que se otorgan en el sistema oficial de salud.
En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, un grupo de activistas consideró que con estas medidas lo que se ha logrado es el incremento de las muertes maternas, donde Chiapas encabeza el primer lugar a escala nacional.
Por esa razón, las integrantes del Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo), Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem) y Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) repudiaron las reformas constitucionales de 2009 que restituyeron la penalización del aborto.
“Con estas reformas no sólo se deja en indefensión a las mujeres, también se les impide el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y se les criminaliza”, explicó Nancy Zarate, representante de Ddeser.
Según un estudio del Observatorio sobre Salud Reproductiva, puntualizó, al menos a 80% de las mujeres que acudieron a centros públicos de salud se les negó, con diversos pretextos, la posibilidad de acceder a un método anticonceptivo (con información de Isaín Mandujano).

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