Salen libres las 7 mujeres presas por abortar

martes, 7 de septiembre de 2010

GUANAJUATO, Gto., 7 de septiembre (apro).- Diecisiete horas y media después de que entró en vigor la reforma al Código Penal del estado para atenuarles la condena por homicidio “en razón de parentesco”, las siete mujeres defendidas por el Centro Las Libres y el CIDE, finalmente abandonaron los penales de Guanajuato capital y Valle de Santiago.
    “No es de la manera que hubiéramos querido legislar sólo para darle la salida al gobernador y el gobierno del apuro. No se trata de legislar para siete mujeres. Tienen que empezar a legislar para todas, para garantizar todos los derechos de todas… Aun así, hoy es un día de fiesta”, decía Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Guanajuato, mientras atendía llamadas y mensajes de activistas de todas partes del país y medios del extranjero.
    Ofelia Segura Frías, Susana Dueñas Rocha, Yolanda Martínez Montoya, Araceli Camargo Juárez, Bonifacia Andrade Hurtado y Ana Rosa Padrón Alarcón dejaron detrás la cárcel y se reencontraron con sus padres, hermanos, hijos, amigas.
           Ellas denunciaron que sufrieron abortos y, por el contrario, fueron condenadas por el delito de “homicidio en grado de parentesco”, por lo que recibieron una pena mayor.
    Al mismo tiempo, del Cereso Mil de Valle de Santiago salía también Liliana Morales Moreno, de 25 años, quien había sido sentenciada a 26 años y medio de prisión, de los que ya había pasado seis.
     Las integrantes de Las Libres pasaron la noche afuera del Cereso junto de algunos reporteros.     
 Con ellas esperaba Alma Yareli Salazar Saldaña, quien salió libre hace poco más de un mes también del penal de Puentecillas, luego de casi tres años por la absolución que declaró el magistrado de la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, quien no encontró pruebas contundentes que justificaran la sentencia de 27 años que, por “homicidio en razón de parentesco”, le había dictado el juez Carlos Alberto Llamas Morales, en San Miguel de Allende.
    Alma Yareli es ahora integrante del Centro Las Libres, y pretende compartir los proyectos y las luchas de esta organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fue hasta cerca del mediodía cuando llegó el coordinador jurídico de la oficina del gobernador Juan Manuel Oliva, Plinio Martínez Tafolla, quien con un grupo de abogados se encargó del proceso de revisión de los expedientes para proceder a la elaboración de los dictámenes que, apegados a la reforma penal aprobada por el Congreso local hace una semana, darían pie a las respectivas boletas de libertad.
    La primera en salir fue Araceli Camargo Juárez, la más joven de todas: 21 años. Originaria de una comunidad de Dolores Hidalgo, cumplía una condena de 25 años. Ya llevaba ocho.
    A los cinco minutos apareció Ofelia Segura Frías, originaria de San Miguel de Allende, la mayor de todas, de 39 años. Ofelia también fue sentenciada a 25 años de prisión y ya había cumplido seis.
    A Ofelia le siguió Susana Dueñas Rocha, una joven mujer originaria de Guanajuato capital, de 27 años de edad, a quien esperaba la comitiva más nutrida, incluidos sus padres, hermanas y amigas; las mismas que a veces hasta en un grupo de 30 acudían los domingos a visitarla.
“Nunca la dejamos”, dijo su madre, quien llevaba en las manos una imagen de la Virgen de Cuiquila.
    “Solamente quiero agradecer a todos, al centro (Las Libres), al CIDE, a los medios, por todo el apoyo que recibí. Gracias a ustedes tengo mi libertad”, dijo Yolanda Martínez Montoya, la siguiente mujer en abandonar el Centro de Readaptación Social de Puentecillas.
    Ella pasó dentro seis de los 25 años a los que había sido sentenciada por el presunto asesinato de su bebé. De haber cumplido toda su condena, habría salido a los 50 años de edad.
Todavía acudió esta mañana a la clase de aeróbicos para internas con la profesora Luz María Flores, antes de que le informaran que ya se estaban efectuando los trámites para que fuera decretada su libertad.
Como las demás, Yolanda Martínez sólo caminó algunos pasos desde la salida de juzgados. De inmediato fue subida a una camioneta del gobierno del estado junto con algunos familiares, para llevarla directamente a su casa en Dolores Hidalgo.
    A sus 23 años, Ana Rosa Padrón salió con dos y medio vividos dentro del penal de Puentecillas. Su asunto fue el más difícil de encuadrar en el beneficio de libertad otorgado por la reforma penal, puesto que aún no cumplía el tiempo mínimo requerido de una sentencia que llegaba a los 29 años de prisión. Ella también es de Dolores Hidalgo.
Ana Rosa fue llevada casi en vilo por los guardias del Cereso, en medio de una nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, ante quienes hizo mutis. Ni oportunidad le dieron, puesto que la camioneta del gobierno estatal la esperaba ya con las puertas abiertas.
    Por último salió Bonifacia Andrade, originaria de San Luis de la Paz, a quien le restaba apenas año y medio de una sentencia de 10 años y seis meses que recibió de un juez penal.
    Las activistas de Las Libres no pudieron recibir a las seis mujeres que salieron de Puentecillas como hubieran querido, tras la malla ciclónica, porque no se les permitió el acceso al patio de acceso del Cereso. De todos modos, ya estaba organizado el festejo en casa de Yolanda, donde su familia esperaba con una comida para todas las recién liberadas.
    “Nuestro trabajo no ha terminado con ellas. Antes ya hemos hecho acompañamiento `psicológico y lo seguiremos haciendo para ayudarlas a reincorporarse a la vida, a su familia, a un trabajo. Será decisión de ellas si siguen luchando para que se reconozca legalmente su inocencia. Nosotras las apoyaremos en lo que ellas quieran”, concluyó Verónica Cruz.

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