Corte invalida Ley Orgánica de la PGJDF

jueves, 9 de septiembre de 2010

MÉXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anularon este jueves la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, luego de que el Senado impugnó las reformas que hizo la Asamblea Legislativa (ALDF) a esa norma en septiembre pasado.
Los ministros coincidieron con los legisladores en que los diputados locales rebasaron su esfera de competencias, en virtud de que la ALDF no tiene atribuciones para legislar en temas relacionados con la estructura y funcionamiento de la Procuraduría capitalina, de la cual modificó la estructura, competencia y funciones que le había establecido el Congreso de la Unión desde 1996.
    Tras anular la Ley Orgánica, los ministros fijaron un plazo de 120 días a la PGJDF para que regrese al esquema que tenía antes de la reforma que hizo la ALDF, y precisaron que si en esos tres meses el Congreso de la Unión emite una nueva reforma, la disposición quedará sin efecto.
    El ministro Fernando Franco presentó ante el Pleno un proyecto de sentencia en el que planteó invalidar la reforma al concluir que conforme al artículo 122 de la Constitución, la ALDF sólo puede legislar en las materias que expresamente se le concedieron en este apartado.
Es claro, agregó, que a la Asamblea no se le dieron atribuciones en la Constitución para que regule lo relativo a la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Por su parte, el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló que la resolución tomada este jueves es importante e inédita, pues es la primera vez que el máximo tribunal del país expulsa del orden jurídico nacional la totalidad de una norma emitida por un órgano legislativo.
Y subrayó que todas las actuaciones que haya llevado a cabo la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos del fuero común en la capital del país serán válidas, así como aquellas que se realicen dentro del plazo de 120 días a partir de la notificación de la Corte, para que se apegue a la Ley federal.

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