MEXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- La masacre de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, puso sobre la mesa un tema que no es novedoso, pero sí “invisible”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México Alberto Herrera, en un debate con estudiantes organizado por la Universidad Iberoamericana.
AI, la organización defensora de derechos humanos más grande del mundo, realizó durante tres años una investigación sobre la migración desde la frontera sur de México, que concluyó con la publicación de los informes “Víctimas invisibles” y “Vivir en las sombras”.
La “atrocidad” descubierta en San Fernando gracias al “milagro” de que sobrevivieran dos o tres de los migrantes secuestrados, dijo Herrera, sólo ayuda a dimensionar la “punta del iceberg”.
 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó en seis meses, entre 2008 y 2009, un total de 9,720 víctimas de secuestros a migrantes provenientes del sur. Pero detrás de ello, denunció Herrera, hay una realidad ampliamente documentada y de igual manera “ignorada por el propio Instituto Nacional de Migración y por la PGR”.
Incluso, dijo que, a pesar de contar con un trabajo “sustantivo” en la materia, en el caso de la CNDH “tuvo que pasar mucho tiempo para que hubiera de su parte una posición importante al respecto”.
Herrera dijo que, cuando AI hace trabajo de campo, recogiendo testimonios de los indocumentados, “personas en vulnerabilidad extrema”, los resultados son escalofriantes. “Hablamos de violencia generalizada sobre decenas de miles de migrantes que año con año cruzan la frontera sur y sufren la connivencia de las autoridades con las organizaciones criminales”.
Herrera narró un caso que data del 12 de octubre de 2008:
El 9 de octubre de ese año, un grupo de cinco indocumentados guatemaltecos fue interceptado en el tren en el que viajaban hacia el norte de México por dos individuos armados, vestidos de civil, que les ordenaron bajarse de “La bestia”. Uno de ellos es el relator del suplicio. “Llegó por ellos un auto patrulla de color blanco y los agentes detuvieron a los migrantes. Los policías los trasladaron a una casa cercana y los entregaron a otros 6 agentes, quienes, a su vez, los llevaron a otra casa donde quedaron retenidos”.
Herrera contó que ahí había cerca de 60 secuestrados más, “en manos de miembros de la banda criminal Los Zetas”.
Señaló que “a los 5 guatemaltecos, recién llegados, les ordenaron quitarse la ropa y proporcionar los números telefónicos de familiares. Los golpearon, los torturaron quemándoles la piel. Entre unos cuantos, el denunciante escapó, huyó por las calles desnudo y sangrando.
“Algunos residentes los auxiliaron, pero no informaron a la policía local ya que, según los migrantes, en su detención y en su entrega a la banda de criminales habían estado implicados los propios policías municipales”, contó Herrera.
           Explicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) desarrolló una alternativa para los migrantes que han sufrido abusos y que buscan permanecer en México para presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, que puedan coadyuvar en las investigaciones con la PGR, o las procuradurías locales cuando corresponda.
           Se les llaman visas humanitarias. “Cuando nosotros pedimos información sobre cuántas de estas visas se habían entregado a migrantes en nuestro país, la cifra no rebasaba unas cuantas decenas”, añadió.
Afirmó que seis de cada diez de las mujeres migrantes que llegan a albergues en la zona sur del país, han sufrido algún tipo de agresión sexual, “por mencionar un dato del horror que corre desde el sur”.
Sostuvo que no hay posibilidad “prácticamente” de iniciar investigaciones que sean exitosas y que terminen con la consignación de los responsables, si son apenas unas cuantas decenas de visas humanitarias las que son entregadas al año.
Y preguntó: “¿Quién va a coadyuvar con el Ministerio Público en las investigaciones si no son ellos? Para rendir una declaración ante el Ministerio Público, lo primero que tiene que saber un migrante es que puede presentarla y saber a dónde tiene que acudir para presentarla. Lo primero que le van a preguntar no va a ser, como todavía lo establece el artículo 67 de la Ley General de Población, que compruebe con documentos su legal estancia en el país.
“Evidentemente esto es un método para disuadir a cualquier indocumentado que tenga la mediana intención de denunciar un delito, que ya en sí mismo va a ser riesgoso. Sabemos lo que puede significar en este país denunciar un delito cometido por Los Zetas o por cualquier otra banda de crimen organizado”, indicó.
A nombre de AI, Herrera señaló a la PGR por “la falta de acceso a la justicia, la falta de mecanismos claros y eficientes en el Estado mexicano para hacer rendir cuentas a los responsables de estos abusos. La PGR tiene muchísimo que ver. La respuesta de ellos a las conclusiones de nuestros estudios fue: ‘ustedes tienen que entender que los migrantes están rompiendo la ley en nuestro territorio’. Ahí nuestra preocupación se triplica”.
Dijo que una ruptura de la ley en materia migratoria no puede presentarse como justificación para la comisión de abusos y para la “falta de debida diligencia del Estado –delito tipificado en la jurisdicción
internacional-- frente a esos abusos.
          El Estado, añadió, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y garantizar una reparación del daño. “En la medida que no lo haga incurre en responsabilidad internacional. Porque no está cumpliendo con ese deber básico contemplado en un sinfín de tratados internacionales. Uno de ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha emitido. No por pensar que son actos cometidos por bandas del crimen organizado el Estado no tiene una responsabilidad frente a ello. Sí la tiene y al día de hoy no ha sido asumida”.
Por último, Herrera dijo que “prácticamente” todos los temas en materia de derechos humanos que aborda Amnistía Internacional en México tienen que ver con las terribles deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia. Tenemos retrasos históricos en el tema; tasas de impunidad escandalosas”.