Contraloría entregó al juez reporte sobre Amalia García

lunes, 10 de enero de 2011

ZACATECAS, Zac., 10 de enero (apro).- La Contraloría estatal entregó hoy un reporte al juez segundo de distrito sobre el proceso que se sigue por presuntas irregularidades encontradas en el gobierno de Amalia García Medina, quien promovió un amparo para librarse de las imputaciones derivadas de las auditorías practicadas por orden de su sucesor, el mandatario priista Miguel Alonso Reyes.
    Sin embargo, en un primer fallo, el juzgado de distrito rechazó otorgar la suspensión provisional a la exgobernadora, quien buscaba evitar así presentarse ante la Contraloría interna, que la requirió en su domicilio de Zacatecas a finales de diciembre.
Por otra parte, la Contraloría otorgó a García Medina y a otra veintena de sus colaboradores un plazo de 15 días para presentar documentación en su descargo, luego de que concluyó un programa de auditoría que encontró anomalías en diversas áreas por un monto que asciende a 2 mil millones de pesos.
    Este plazo vence la próxima semana.
    A la exgobernadora se le ha requerido responda por la contratación de un crédito con Banamex por 300 millones en los últimos meses de su gestión, mismo que no fue pagado en tiempo y forma.
Asimismo, por un paquete de préstamos otorgados a particulares, empresarios y funcionarios desde la Secretaría de Finanzas, así como por varias ampliaciones presupuestarias que, según el contralor Guillermo Huízar Valencia, se efectuaron fuera de la normatividad estatal.
    Huízar informó a Apro que “la exgobernadora optó por la vía de un amparo, en lugar de defenderse en el procedimiento administrativo, y está impugnando la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado; ella argumenta que esa ley es inconstitucional”.
    No obstante, el contralor recordó que siendo gobernadora, Amalia García aplicó en varias ocasiones esta misma ley al sancionar a algunos de sus colaboradores por diversas situaciones.
    “Aunque este no es un argumento jurídico, y el juez ni siquiera lo aceptaría, política y socialmente se ve la incongruencia de la exgobernadora, ya que en su momento aplicó esta ley que ahora impugna”, señaló.
    Indicó que hasta el momento ninguno de los 27 exfuncionarios del gabinete de Amalia García se ha presentado ante la Contraloría para responder a las observaciones detectadas.
    Mientras, en un evento con motivo del informe de los primeros cien días de su gobierno, Miguel Alonso Reyes informó que la llamada Ciudad Gobierno --el conjunto administrativo adquirido en el sexenio de Amalia García-- aún no será ocupada por los trabajadores del gobierno del estado porque no se cuenta con recursos para equiparlo y porque el complejo aún presenta carencias en varios servicios.
    La Ciudad Gobierno fue una obra contratada por el gobierno de García Medina mediante el esquema de proyectos concesionados a la iniciativa privada, por el cual la empresa constructora operará los inmuebles durante varios años y el gobierno deberá pagar una renta que en este año asciende a unos 11 millones de pesos al mes.
    Miguel Alonso Reyes explicó que continúan las negociaciones entre su gobierno y los empresarios que participan en este PPS (Proyecto de Prestación de Servicios) “para buscar alternativas de solución a un compromiso a muy largo plazo que nos coloca en una situación de desventaja (por) pagar cerca de 11 millones de pesos por mes”.
    Aunque se están “explorando alternativas”, el gobernador priista dejó en claro que no es posible en este momento cambiar a la burocracia estatal a las nuevas instalaciones “porque no hay equipamiento alguno, no hay un solo mobiliario, ni una silla, y faltan también algunas acciones que quedaron pendientes para concluir al cien por ciento los servicios”, como el suministro de energía.
    Según dijo, buscará que este complejo administrativo, que costó alrededor de 2 mil 900 millones de pesos, “no quede como un elefante blanco”, aunque reconoció que sigue siendo un “legado complicado” desde el punto de vista financiero, por lo que se insistirá en buscar con los empresarios un esquema alternativo que no resulte tan oneroso para el erario estatal.

Comentarios