Presidenta de Icomos-México, la arquitecta Olga Orive Bellinger encabeza la elaboración de un dictamen ante la UNESCO por el atentado a la Sala de Espectáculos del Palacio de Bellas Artes durante su restauración. La especialista repasa la lista de destrucciones que las autoridades cometen contra el patrimonio sin tomar en cuenta la firma constante de acuerdos internacionales. “No los respeta”, dice a Proceso, y detalla los cuatro apartados que contendrá el informe cuya premisa es la de una fundamentación clara.

MÉXICO, D.F., 17 de enero (Proceso).- Aunque será a finales de enero cuando el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), presidido por Olga Orive Bellinger, tenga listo el dictamen para denunciar ante la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) el caso de la remodelación de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Francesco Bandarin y Nuria Sanz, funcionarios de ese organismo, están ya informados y a la espera del informe.

Bandarin, director del Centro del Patrimonio Mundial (CPM) de la UNESCO, y Sanz, jefa de la Sección de América Latina y el Caribe del mismo, fueron informados por Orive mediante correos electrónicos. De igual manera se notificó al arquitecto Gustavo Araoz, presidente internacional de Icomos, quien inclusive preguntó a Orive si desea que se envíen cartas al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y a Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta):

“Le dije que esperara a que tuviéramos el dictamen para contar con fundamentos claros”, dice en entrevista la presidenta de Icomos-México. El informe que elaborará el consejo mexicano, dice la arquitecta Orive, contendrá cuatro apartados:

En el primero se hablará sobre la historia de la creación del Palacio de Bellas Artes (PBA), enfocada sobre todo a la planeación de la sala y no tanto de la arquitectura exterior, así como a los cambios que ha tenido desde su apertura en 1934.

El segundo presentará el levantamiento arquitectónico detallado del sitio antes de la remodelación, que ya tienen algunos miembros del consejo.

El tercero será un informe detallado de todo lo relacionado con la acústica. Para ello se ha consultado a músicos, cantantes y bailarines profesionales que se han presentado en el PBA, así como a integrantes de los grupos artísticos del INBA. Se están tratando de establecer contacto con el arquitecto Eduardo Saad, investigador de la UNAM, quien es especialista en acústica, y entre sus proyectos en la materia pueden citarse la Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, el auditorio y pleno del Tribunal Federal Electoral, y la Sala de Ensayo para Música Sinfónica de la Escuela Nacional de Música.

Se trata, dice Orive, de entregar un informe elaborado por los expertos y los creadores del sonido, ajeno a la subjetividad de las opiniones. Ahí se detallará además que la sala tuvo una de las mejores acústicas en el mundo (lograda de manera natural por los conocimientos de Adamo Boari y Federico Mariscal, constructores del PBA) y cómo fue alterada por la colocación de bocinas y micrófonos.

En este apartado se incluirá el tema de la sustitución de la tramoya, que es la maquinaria con la cual se manejan los cambios de escena. Explica la arquitecta que la original fue hecha en el siglo pasado en madera “ciertamente inflamable”, pero seguía “en perfecto funcionamiento” y se cambió, por un lado, para tener tecnologías electrónicas “más modernas” y, por otro, por la preocupación de un siniestro de incendio.

Se va a documentar que se han hecho restauraciones de salas antiguas de concierto manteniendo la tramoya original, pues se les recubre de un material para retardar incendios. Esto se pudo hacer en Bellas Artes, donde además –subraya– se tiene el telón de cristal realizado por Tiffany Studio, cuyo fin es evitar que un posible incendio en el escenario se extienda al teatro.

No duda en considerar a la tramoya original como un patrimonio industrial “tan importante como el histórico, artístico o arqueológico” y, por tanto, se tiene la obligación de preservarlo “como un elemento de cultura, conocimiento y por la necesidad de pasar a las siguientes generaciones esos bienes patrimoniales”. Lo más lamentable para ella en este punto es “la destrucción consciente de un patrimonio cultural, en este caso industrial, extraordinario”.

–Suponiendo que, como se ha dicho, el cambio hubiera sido necesario, ¿debieron preservarla?

–Ya estamos muy llenos de museos, pero déjeme ser muy franca: sí, sí debieron mínimo eso, pero no era el caso porque estaba funcionando bien.

Refiere que músicos, cantantes y otras personas relacionadas con la tramoya estaban “encantados con el funcionamiento tan fácil y tan bueno que tenía”. Por ello pregunta: “¿Por qué gastar dinero?” Y deplora que las autoridades del INBA, que debieran estar dotadas de un conocimiento cultural vinculado a las bellas artes, estén de acuerdo con la “cultura del desecho”.

El cuarto y último apartado se referirá a la protección civil. Se evaluarán los elementos que puedan causar un desastre, especialmente un incendio. En este punto, Orive expresa su acuerdo en la necesidad de haber renovado todo el sistema eléctrico, pero no en el cambio del cortinaje y la butaquería, que a decir suyo, también pudieron ser cubiertos con un material que retardara el fuego. Se hablará de la eliminación de los pasillos con lo cual no sólo “no mejoró el desalojo de la sala, sino empeoró”.

Según lo publicado por el diario La Jornada, el viernes 14. Protección Civil del gobierno del Distrito Federal daría a conocer los resultados de su evaluación. 

Sólo recomendaciones

Al preguntar a la arquitecta sobre las expectativas que tiene Icomos al llevar el caso ante la UNESCO, aclara que se ha malinterpretado en algunos medios que se trata de una demanda o de un juicio contra el gobierno mexicano:

“No, eso no existe. Esto no es una demanda judicial, es una denuncia de un organismo como Icomos sumándose a otros organismos preocupados por el patrimonio que le piden al CPM, parte de UNESCO, una reacción hacia este atentado contra el patrimonio. ¿Qué hace el CPM cuando recibe estas denuncias? Por el dictamen elaborado, se decide si es necesario o no una misión reactiva.”

Detalla que el CPM tiene distintos tipos de misiones. Una de ellas es la que evalúa las candidaturas presentadas por los países a la Lista del Patrimonio Mundial. Cuando se trata de una denuncia por la destrucción o presunta destrucción, “como le llaman los abogados”, se envían misiones reactivas. Se espera que una de este tipo realice una visita, hable con autoridades del gobierno federal como los funcionarios del INBA y del Conaculta, así como con integrantes del Icomos nacional y otros organismos involucrados. Y hacen su propia evaluación física en el lugar.

A partir de ello elaboran una carta en la cual solicitan al gobierno “de una manera muy atenta –no hay injerencia directa ni pueden exigirle hacer algo– que se rectifique el problema”. El gobierno tiene la posibilidad “de no hacer caso o de aceptar las recomendaciones”. Se pide generalmente la reversión de los hechos, como sería volver a colocar la tramoya original, y en el caso de la acústica retirar todos los elementos que la afectan y volver al estado donde se tenía una acústica natural. Si para ello hay que cambiar los materiales utilizados, se hará también la recomendación, como se hará sin duda para los aspectos de protección civil.

En los medios se ha publicado también que debido a las afectaciones señaladas por los especialistas, el Centro Histórico de la Ciudad de México podría perder la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad otorgada por la UNESCO en 1987. Pero tampoco existe esa sanción, en todo caso un bien pasa de la Lista del Patrimonio Mundial a la del Patrimonio en Peligro.

Pero aclara Orive también que no es “la lista de los malos”. Cita el caso de Haití, que se encuentra ahí para recibir recursos para el rescate de su patrimonio. Sólo existe el caso del Valle de Dresde, en Alemania, que aunque la población deseaba que por ningún motivo saliera, fue retirada por decisión del gobierno que prefirió perder la declaratoria y hacer un puente que la UNESCO recomendó no construir, pero el proceso llevó algunos años.

“Como ve, es absolutamente imposible que existiera una sanción de un día para otro para que se sacara, sin embargo sí se están sumando elementos.”

Y recuerda el caso de la destrucción de los inmuebles coloniales de Regina 97 y Mesones 27, los más importantes de 16 que fueron demolidos por el Gobierno de la Ciudad de México en el Centro Histórico en 2007 (Proceso, 1623-1629):

“Hubo una misión reactiva para ver lo de Regina 97 y lo de Mesones 27, que fue muy grave pero se quedó ahí. ICOMOS había solicitado un castigo ejemplar, no me gusta el término pero se quiso que quedara clara la obligación del gobierno del DF para reconstruir y dejar en claro que eso no se puede hacer, el arquitecto Xavier Villalobos (anterior presidente) tenía el proyecto y levantamiento de cada uno de los elementos de la casa de Regina y se puede reconstruir ese edificio.”

Cuando México decidió, a principios del año pasado, cerrar su oficina ante la UNESCO en París, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que México es uno de los países que más recursos aporta al organismo (Proceso 1736).

Al comentarle este punto a la arquitecta, se le pregunta si resulta decepcionante que la UNESCO no pueda ir más allá de una recomendación y que el gobierno mexicano suscriba acuerdos y convenios culturales en materia de patrimonio, que muchas veces no cumple. Explica:

“No los respeta. Acaba de poner el dedo en la llaga, la verdad sí. Ése es un hecho. Siento que poco a poco la sociedad civil, las ONG, como Icomos, y personas de la calle están empezando a sentir que es un atropello muy grande. Hay que recordar que tenemos varias luchas emprendidas en México en el último año. Estamos hablando del Museo del Chopo, del elevador del Monumento a la Revolución, del Superservicio Lomas que es de Vladimir Kaspé, y Bellas Artes es el cuarto.”

Con optimismo cuenta el caso de una movilización en Guanajuato, donde la ciudadanía se opuso a la construcción de un complejo con fraccionamientos y hoteles, y logró ganar un plebiscito organizando una campaña que finalmente detuvo el proyecto.

“Estoy convencida de que los medios pueden ayudar a hacer consciente a la gente de qué es una tramoya, de si el art déco o la acústica; a ser concientes, a decir: ya basta de atropellos que para eso están los especialistas, los urbanistas, que no son partidistas ni quieren negar las cosas, sino que tienen argumentos para decir si algo está bien o no está bien hecho.

“La esperanza de esta gran lucha por Bellas Artes con el Centro del Patrimonio Mundial e Icomos, es que sepan que el Icomos existe porque muchos ni siquiera saben que existimos, y estamos para eso, no cobramos un peso, no estamos esperando una chamba, es honorífico dedicarnos a esto, y no es lloriqueo, es por amor al arte.”

La denuncia ante la UNESCO será apoyada por algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, según anunciaron esta semana que pasó. Sin embargo, dentro del propio Icomos la arquitecta Louise Noelle, secretaria de Relaciones Exteriores del organismo, ha expresado su desacuerdo en llevar al exterior el caso. Proceso buscó a la especialista en arquitectura del siglo XX y miembro también de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del INBA, pero se negó rotundamente a dar una opinión.

Los casos del Monumento a la Revolución, donde se construyó un elevador; del edificio de Kaspé, donde se hará una megatorre; y del Museo del Chopo, no forman parte de la denuncia porque no están en el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, pero Orive indica que ha enterado de ellos a los funcionarios del CPM. Cabe mencionar que además de estos casos, está provocando indignación entre los defensores del patrimonio cultural la intervención en el antiguo cine Teresa, también de estilo art déco.

Otra ley

Para la arquitecta Orive la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972, es causante de muchos de los problemas del patrimonio, entre ellos el que hayan ganado los dueños del Superservicio Lomas en contra de Bellas Artes, que pretendía declarar monumento el edificio de Kaspé, debido a que no prevé “elementos de audiencia y los abogados ya le encontraron”.

El especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, ha dicho en cambio que el derecho de audiencia está en la Ley de Procedimiento Administrativo, que es supletoria, y ha puesto en tela de juicio la forma en que los abogados del INBA han llevado algunos casos.

Orive está de acuerdo en que ciertamente ha habido fallas en algunos procesos, pero considera que es insostenible seguir dividiendo al patrimonio de México en arqueológico (para el periodo prehispánico hasta la llegada de los españoles); histórico, los tres siglos de virreinato; y artístico, a partir del siglo XX. Y eso porque hay arqueología del siglo XXI, como la industrial o bienes de la época porfiriana que “están a caballo de los siglos XIX y XX”.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es responsable de los dos primeros periodos y no interviene en la protección del patrimonio del siglo XX, pero a decir suyo el INBA no cuenta ni con la infraestructura ni con los recursos de éste para el cuidado del patrimonio artístico:

“Entonces, ¡por favor!, ya no le llamemos arqueológico, artístico e histórico, llamémosle patrimonio cultural y entonces metamos todo lo que es el patrimonio inmaterial que es tan importantísimo como el edificado.”

Propone pensar en una ley que quizá implique un solo organismo para la protección de todo el patrimonio. Y anticipa que Icomos organizará hacia mediados de año un simposio con el tema de la modificación del marco legal.

En tanto que la UNESCO no puede hacer más que recomendaciones, se le pregunta si han pensado en alguna denuncia penal. Sobre todo si se considera que tanto en el PBA como en el Monumento a la Revolución han sido las propias autoridades las que alteraron el patrimonio.

“Así es desgraciadamente”, admite, y agrega que en el PBA se hizo con recursos aprobados por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aportados a través del Conaculta. Pero no prevé que ICOMOS haga una denuncia en ese sentido.

–¿Recuerda el caso de Roco (José Roberto Espinosa Rojas) quien pintó el mural El derecho a la cultura, de David Alfaro Siqueiros, durante la huelga de la UNAM de 1999 y por eso pasó cinco años    en la cárcel? Parece que en el caso de las autoridades nunca hay culpables.

–Eso es absolutamente cierto y, perdóneme, tiene toda la razón. Esta impunidad, este cubrirse unos a otros, porque ya ni siquiera estamos hablando de colores, ahora sí de un lado y de otro hay impunidad... Tiene razón, me lo recordó, no lo tenía en la mente siendo tan público, pero está sucediendo todos los días.