MÉXICO, D.F., 20 de enero (apro).- Los jueces Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga, quienes llevaron el caso de Rubí Frayre, tenían todas las pruebas para sentenciar a Sergio Barraza, el asesino de la hija de la activista Marisela Escobedo.

Así lo afirmaron los miembros de la organización denominada “Alto al Secuestro”, luego de presentar los videos del juicio contra Barraza, en uno de los cuales se observa el momento en que el asesino pide perdón a Escobedo por el daño tan grande que le causó.

De acuerdo con los integrantes de “Alto al Secuestro”, esa solicitud se dio claramente en el contexto del asesinato de Rubí, y por ese motivo, no por los malos tratos que recibió por parte de Barraza, con quien procreó un hijo.

En conferencia de prensa, Isabel Miranda, presidenta de la organización; Samuel González Ruiz, consultor en temas de seguridad, y Patricia Olamendi, especialista en temas de género, cuestionaron la labor de los tres jueces y exigieron una sanción para ellos.

Los tres refutaron los argumentos de los jueces del tribunal oral, quienes rechazan que Sergio Barraza haya confesado el asesinato y pedido perdón a la madre de la víctima durante el juicio.

Para ello, presentaron la declaración rendida en el juicio por el menor  Ángel "N", quien refirió que Barrraza le solicitó ayuda para deshacerse del cuerpo de Rubí y le confesó que la había asesinado.

Según el testimonio, él se negó a ayudarle, por lo que Sergio Barraza y su hermano se fueron juntos, y cuando regresaron le comentaron que ya se habían deshecho del cuerpo.

De acuerdo con Isabel Miranda, el caso en cuestión es un claro ejemplo de las fallas de la reforma de justicia penal, luego de lo cual anunció que ya hizo una petición formal a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos que la están instrumentando para que la suspendan.

Miranda explicó que no puede instrumentarse el sistema penal acusatorio en estas condiciones, sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas y considerando únicamente el debido proceso y las  garantías de los inculpados.

Y más: pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en este caso se sume a la demanda de justicia para Rubí Frayre y Marisela Escobedo.

Por su parte, González Ruiz aseguró que la Constitución mexicana está bien diseñada para contar con un sistema oral, pero la falla está en el criterio de jueces como los que actuaron en el caso de Rubí, con criterio estrictamente formalistas, ya "que aplican el código a cartabón" sin tomar en cuenta las pruebas que se someten a su consideración.

Olamendi afirmó que si los jueces tenían alguna duda a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía, estaban facultados para solicitar pruebas adicionales, "pero sencillamente se sentaron y trataron de escuchar. Dicen que su sentencia no mató a nadie, cuando en realidad son responsables por su negligencia de la muerte de Marisela Escobedo (ejecutada el 16 de diciembre pasado, enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua).

“Si se alquilan como jueces, que se comporten como tales", dijo la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el sexenio de Vicente Fox.