Documentan anomalías en caso Ruby Frayre

martes, 25 de enero de 2011

MÉXICO D.F., 25 de enero (apro).- Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, y defensora de Rubí Frayre, hija de Marisela Escobedo, aportó hoy elementos de prueba sobre las presuntas irregularidades registradas en el juicio contra de Sergio Rafael Barraza, pareja y asesino de Rubí, y prófugo de la justicia.
    Las evidencias fueron enunciadas durante la presentación del libro El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Miguel Sarre, abogado y catedrático del ITAM, criticó al presidente Felipe Calderón por haber declarado que los jueces que dejaron en libertad al asesino de Rubí fueron demasiado “formalistas”, sin referirse nunca a las fallas cometidas en el proceso de investigación. También evidenció el poder metaconstitucional del gobernador (Cesar Duarte) al enjuiciar a los jueces sin tomar en cuenta las fallas en la investigación:
    De acuerdo con Lucha Castro, Marisela intentó denunciar la desaparición de Rubí ante la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas, cuyos responsables se negaron a aceptarle la denuncia.  
Según la activista, ese no es un caso aislado, recordó que hace algunos meses una madre fue a denunciar la desaparición de su hija de 13 años, y la Procuraduría se negó a recibir la denuncia porque no traía la foto.  
Ese tipo de acciones, dijo, evidencia, como lo señala la Corte Interamericana en el caso campo algodonero, que las autoridades continúan discriminando y usando estereotipos que limitan las investigaciones en los delitos contra las mujeres.
El 27 de enero, finalmente la Fiscalía aceptó la denuncia. No hay evidencias de las pesquisas o acciones que hizo la Procuraduría u otras autoridades para buscar a la víctima. La Procuraduría está obligada a activar un mecanismo de búsqueda inmediata de niñas y mujeres en Ciudad Juárez que se llama Protocolo Alba y que involucra a las autoridades federales, estatales y municipales. Ninguna actuó.
El trabajo del ministerio público para investigar fue deficiente. Durante el tiempo de la investigación, hubo seis ministerios públicos diferentes, lo que limita el seguimiento de cualquier caso. Los agentes no aplicaron técnicas de entrevista. Cuando los testigos declaraban -que por cierto Marisela era la que los encontró y los llevaba- estos testigos aportaban la información que querían, los ministerios públicos no aplicaron técnicas para obtener más datos o información.
     (Marisela recorrió las colonias donde vivía Sergio Rafael pegando pósters con la fotografía de su hija Rubí, solicitando información). Un menor, Ángel reconoció la fotografía y  atendió el llamado de Marisela.
El 30 de enero de 2009, antes de que encontraran los restos de Rubí, el menor Ángel relató a la Procuraduría que escuchó a Sergio Rafael decir la forma en que había asesinado a Rubí y el lugar donde arrojó su cuerpo. “En unas marraneras”.  También escuchó a Sergio decir que había quemado el cuerpo de Rubí. Ángel informó a la Procuraduría que cuando Sergio realizó esta confesión, el no estaba solo, “había más batos”, todos ellos escucharon la confesión. Jamas los buscaron.
Por su parte, Miguel Sarre, abonó: “Cuando Sergio Rafael Barraza le pide perdón en el juicio oral a Marisela Escobedo, la madre de Rubí por el daño irreparable que dice le acusó, los jueces no lo toman en cuenta, sin embargo, ahí, el Ministerio Público debió intervenir de inmediato y en ese acto interrogar al inculpado ¿Qué quiere usted decir, que le quitó la vida, o que la mató? Por el contrario, en lugar de cuestionarlo, el Ministerio Público guardó silencio”.
    Lucha Castro, presentó un video en el que Marisela Escobedo, da lectura a los agravios ante el Tribunal de Casación: En la pantalla, aparecen cuatro cuadros, en uno, están los jueces; en otro, la defensa, en un tercero el Ministerio Público y Marisela Escobedo. El lugar de los testigos aparece vació ante las cámaras. Ahí, al final de su relatoría, Marisela Escobedo les dice a los Jueces de Casación que los Jueces del Tribunal oral “se fueron más por los derechos del acusado que por los derechos de la víctima. Mi hija tiene 16 años y este hombre le quitó la vida”.
    Durante la conferencia de prensa, la abogada de Marisela, denunció que las autoridades mexicanas no han hecho nada por ayudar a Heidi, la hija de Rubí, quien desde el pasado 18 de diciembre, se encuentra retenida por las autoridades migratoria de El Paso Texas, quienes la canalizaron a un albergue en Houston, impidiendo que la bebé pase a la custodia de sus familiares (Proceso 1785).
    El 18 de diciembre, Juan Manuel y Alejandro Freyre Escobedo, así como Héctor, hijos y hermano de Marisela, respectivamente, junto con la pequeña Heidi, se presentaron en el Puente Internacional Santa Fé, para solicitar asilo político en El Paso, debido a las amenazas que recibieron. Alejandro, el hijo menor, fue liberado el miércoles 19 de diciembre; mientras que Juan y Héctor permanecen detenidos. (Proceso 1755).

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