Función Pública multa con 5 MMDP a 14 exfuncionarios de Pemex Refinación

miércoles, 26 de enero de 2011

MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció en días recientes una serie de casos de corrupción registrados en Petróleos Mexicanos (Pemex), razón por la que aplicó sanciones millonarias e inhabilitaciones para desempeño en el servicio público que van de los 10 a los 20 años.
Aunque la mayoría de los responsables permanecen en el anonimato, las áreas a que hace alusión la SFP reflejan que se trataba de funcionarios menores con amplia discrecionalidad en el manejo de recursos y contratos.
En Pemex Refinación, 14 exfuncionarios fueron sancionados al detectarse irregularidades en la contratación de cuatro buques-tanque, por lo que se les aplicarán multas por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.
Luego de cinco años de procesos administrativos, la SFP determinó que habían incurrido en irregularidades en licitaciones, así como en pagos excesivos a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana SA de CV y Grupo TMM.
Esas contrataciones resultaron en escándalo, pues los accionistas de Ocean Mexicana eran los mismos de Blue Marine, empresa vinculada con Oceanografía SA, cuyos vínculos con los hijos de Marta Sahagún de Fox, los hermanos Bibriesca Sahagún, fueron documentados por la periodista Jesusa Cervantes en 2005.
No obstante, la dependencia no dio a conocer los nombres de los exfuncionarios responsables de los ilícitos y el quebranto a la paraestatal.
Las licitaciones amañadas consistieron en favorecer con contratos a dichas empresas, a las que hicieron pagos con sobreprecio por la renta de los mencionados buques-tanque, por espacio de cinco años.
De acuerdo con la SFP, las irregularidades documentadas implicaron a 11 funcionarios de la Gerencia de Operaciones Marítimas y tres de la Gerencia de Administración en Pemex Refinación.
Los 14 responsables fueron inhabilitados en diciembre pasado por un período de 10 años para desempeñar cualquier cargo o comisión gubernamental.
Ocho de los responsables tendrán que pagar 500 millones 913 mil pesos cada uno; dos funcionarios fueron multados con 355 millones, respectivamente, uno más con 145 millones, y otros tres implicados pagarán poco más de 90 millones de pesos.
La investigación y posterior proceso administrativo revelaron que además de manipular la licitación y fijar sobreprecios, los exfuncionarios de Pemex Refinación no contemplaron que la subsidiaria de la paraestatal carecía de solvencia financiera para cumplir el contrato y, por si fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni siquiera tenía una partida autorizada para esos contratos.
El monto de las multas y la forma en que concluyeron los procesos administrativos respecto del caso de los buques-tanque superan por mucho la sanción aplicada a María Karen Miyazaki Hara, exfuncionaria de la paraestatal pero de su subsidiaria Pemex Internacional, a quien la SFP señala como responsable de una serie de irregularidades relacionadas con la compra venta de diesel en el mercado internacional.
El caso Miyazaki concluyó el pasado 9 de noviembre, cuando un proceso administrativo resolvió su inhabilitación por 20 años y una multa de más de 164 millones de pesos.
La exfuncionaria, quien presuntamente huyó del país, fue señalada responsable de enriquecimiento ilícito y fraude a Pemex, luego de que se detectaran las irregularidades a finales de 2008.
Miyazaki, quien se desempeñaba como subdirectora comercial de Destilados Intermedios, en Pemex Internacional, compró a la empresa nipona Idemitsu Kosan Company, 330 mil barriles de diesel ultra, a un costo de 27 millones 694 mil dólares. Luego, vendió el combustible a Blue Oil Trading, donde su esposo, el inglés Max Miles, era socio y directivo de dicha empresa.
La reventa del diesel a su marido se concretó en unos 28 millones de dólares.
En el fraude estimado en unos 4 millones 500 mil dólares, Secretaría de Hacienda, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), detectaron que Miyazaki poseía 16 millones de pesos, distribuidos en 13 cuentas bancarias que no había registrado en sus declaraciones patrimoniales.
En su caso, existen dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por incurrir en delitos cometidos por servidores públicos, estipulados en el Código Penal Federal; en tanto que en el caso de los buques-tanque, la SFP no precisó si se canalizarían los expedientes a una agencia del Ministerio Público especializada.

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