SALTILLO, Coah., 4 de enero (apro).- El candidato de unidad para suceder a Beatriz Paredes en la dirigencia nacional del PRI, Humberto Moreira, tendrá como compañera de fórmula a la diputada Cristina Díaz.

Luego de que ayer se hizo pública la selección de la nuevoleonesa, quien ganó la partida a la senadora chiapaneca María Elena Orantes, la Cámara de Diputados aprobó este martes la licencia que solicitó Díaz Salazar para que se presente como candidata a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista en la elección programada para el próximo viernes 7.

A María Cristina se le identifica como integrante del grupo político del exgobernador Natividad González Parás, en cuyo período coincidió con él como alcaldesa de Guadalupe (2006-2009), el segundo municipio de mayor población en Nuevo León.

En Fonatur, la abogada fungió como directora de Campos de Golf. También fue delegada del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León y asesora en el IMSS; además, ha sido dos veces diputada federal.

Díaz Salazar fue dirigente estatal del PRI en Coahuila  y dirigente municipal de ese partido en Guadalupe; también fungió como delegada del CEN en Baja California y en Aguascalientes.

Como alcaldesa de Guadalupe enfrentó severos reclamos por la inseguridad relacionada con el narcotráfico, en el que se han visto implicados decenas de policías que estuvieron bajo su mando.

Durante su gestión como alcaldesa de Guadalupe autorizó un permiso a Fomento Económico Mexicano, S.A. (FEMSA) para que construya en el parque público La Pastora un estadio de futbol que albergará al equipo Rayados de Monterrey (Proceso 1734).

El supuesto favoritismo de González Parás y Cristina Díaz a FEMSA desató una serie de litigios, amparos y reclamos ciudadanos.

El clan Moreira

El pasado 24 de diciembre, apro adelantó que Humberto Moreira se había convertido en virtual presidente del CEN, al haber obtenido 100% de las firmas de apoyo de los diversos sectores que integran el Revolucionario Institucional.

En seis años, la familia del ahora exgobernador ha construido una gran estructura electoral en Coahuila, acaparando cargos de importancia en la entidad; y preparado la sucesión que, pretenden, recaiga sobre Rubén, hermano de Humberto.

De políticos y sindicalistas locales, en muy poco tiempo los Moreira se han convertido en personalidades de presencia nacional. Humberto se convirtió en gobernador de Coahuila, y su hermano Rubén fungió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja, así como en la llamada “comisión del michoacanazo”.

 En su edición 1781, la revista Proceso publicó un reportaje, titulado “Un minicapo para la misma mafia”, en el que revela algunos pormenores de la trayectoria política de los hermanos Moreira.

Entre otros aspectos, el texto destaca que Carlos Moreira dirigió las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y detalla el manejo que dio a los programas sociales en Saltillo otro de los hermanos de Humberto Moreira: Álvaro.

Enlista, naturalmente, las acciones del diputado federal Rubén Moreira, dirigente del PRI en Coahuila, quien se ha convertido en el aspirante de unidad a la candidatura al gobierno de la entidad.

Será mañana 5 de enero, precisamente, cuando Rubén Moreira presente su solicitud de registro como aspirante a la gubernatura coahuilense.

El citado  reportaje describe, además, la forma en que la mayoría priista en el Congreso local aseguró la continuidad en cargos estratégicos de varios incondicionales de los hermanos Moreira, entre ellos el del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria.

Con una incipiente oposición que apenas cuenta con 6 diputados de 30 que hay en el Congreso local, y apenas tres de los 38 municipios, los panistas han criticado duramente los problemas de seguridad, fomento económico y gasto público que enfrenta la entidad

Particularmente, en la región lagunera, la violencia y la impunidad ha alcanzado altos niveles, en los que cientos de víctimas civiles han caído, en especial, en los ataques a bares registrados en los últimos años, donde al menos 52 personas han muerto y unas 120 resultaron heridas. Eso, aunado a los secuestros, extorsiones y desapariciones, como el caso del jefe policíaco Enrique Ruiz Arévalo, entre otros, mantienen convulsionada la zona.

Ante los reclamos de seguridad, Moreira ha responsabilizado al gobierno federal de no atender la región.

Además, de haber recibido una administración con cero deuda, actualmente se ha hecho público el adeudo de alrededor de 7 mil millones de pesos, que el gobierno ha justificado en la crisis financiera, argumentando que 3 mil 500 millones fueron para obras estatales y 3 mil 500 para avales a los ayuntamientos al borde de la quiebra.