Se espera que en el primer aniversario de la matanza de 16 jóvenes deportistas en Ciudad Juárez el presidente Calderón inaugure obras que prometió el año pasado y que fueron incluidas en la estrategia Todos Somos Juárez. Pero se encontrará con una cruda evaluación de activistas y organismos civiles: aunque se han hecho muchas construcciones, no han sido acompañadas con programas de integración juvenil, participación ciudadana y atención a las víctimas de la que sigue siendo la ciudad más violenta del mundo. En suma, dicen, se han realizado costosas instalaciones “con demasiado cemento y con poco contenido social”.   CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Máquinas retroexcavadoras mueven sin cesar  montes de tierra. A unos metros, unos obreros colocan pasto sintético; otros cortan tiras blancas en forma de números que pegan sobre el que será un campo de futbol americano. Desde la cima, unos contratistas discuten por el pago de unas facturas, y otro ubica el sitio donde trasplantará unos árboles. La premura, según explican, se debe a que la obra debe quedar lista en dos semanas, cuando el presidente Felipe Calderón volverá a esta ciudad por el primer aniversario de la matanza de 16 estudiantes deportistas de la colonia Villas de Salvárcar. Uno de los contratistas asegura que todo estará terminado para la fecha postulada, a pesar de que salta a la vista que las gradas resultaron insuficientes y que para tapar esa falla decidieron poner pasto sintético. “Ya ve, así son las obras que se diseñan a 2 mil kilómetros de aquí”, dice encogiéndose de hombros el hombre enfundado en un abrigo oscuro, al referirse a las gradas de cemento que no abarcan el campo entero. En otras partes de la ciudad ya se materializaron en obras las promesas que el presidente Calderón hizo a los juarenses en febrero de 2010, dos semanas después de la matanza que colmó la paciencia ciudadana y provocó reclamos furiosos por la incapacidad gubernamental para detener tanta matanza. Una de esas obras está en la conflictiva colonia Plutarco Elías Calles. En uno de los montes de tierra, la estudiante de enfermería Brenda Jazmín Mendiola tiene su casa, y mientras restriega ropa enjabonada dentro de una lavadora inservible que usa a manera de cubeta, tiene como vista un parque nuevo con un tramo de juegos infantiles como gusanos multicolores, columpios confeccionados con llantas de colores, modernas bancas rojas, alumbrado alto, escaladoras amarillas, cancha de básquet y caminos alisados bajo el sello del programa Todos Somos Juárez. Aunque es mediodía, y en otras colonias los parques están llenos, el de la Plutarco está vacío. Brenda recuerda que el día de la inauguración el lugar estaba a reventar; de día tuvieron un torneo, pero en la tarde cambió el panorama: un quinceañero fue asesinado. “Allá donde está la última banca, ahí mataron a un muchacho; estaba con su novia y sus amigas. Lo mataron unos que estaban en un carro oyendo música. Y la gente dejó de venir un tiempecillo. Yo tampoco salía, tenía miedo. Luego volvió la gente, pero ahora no salieron por el frío”, comenta la joven. Ese parque y otros ocho de la ciudad forman parte de los 160 compromisos del gobierno federal como respuesta al enojo ciudadano por el olvido y al sentido reclamo que hizo Luz María Dávila, madre de dos estudiantes asesinados, que le dijo al presidente que no era bienvenido, que parara la violencia. Desde el 17 de febrero de 2010 viajaron funcionarios del gobierno federal para organizar mesas de trabajo y preguntar a los ciudadanos qué faltaba; pese a que todo lo anotaron, no siempre hicieron caso a sus apuntes, porque ya llevaban un menú de 160 proyectos armados desde el DF: hospitales, escuelas, guarderías, parques, canchas deportivas, pavimentación de calles, afiliaciones al Seguro Popular y a Oportunidades. Nada sobre bajar las muertes, nada sobre atrapar asesinos y encarcelarlos. “Grosso modo, son muy pocos los resultados obtenidos. Básicamente no ha sido lo que se esperaba a casi un año de implementado el programa. Todavía hay muchos puntos que no han avanzado y obstáculos que no se logran superar: el resultado final es que la inseguridad, los índices delictivos siguen elevados, y aunque el objetivo era bajarlos, no se logró”, opina, a un año de distancia, la doctora Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano. Las cifras avalan su dicho: Si en 2009 fueron asesinadas 2 mil 658 personas en esta ciudad fronteriza, se llegó al récord de 3 mil 111 en 2010, cuando, por tercer año consecutivo, fue la ciudad más violenta del mundo, con 239 homicidios por cada 100 mil habitantes. “La intervención social trae algo de inversión, obra pública que hay que valorar, pero no van al fondo de la cuestión: si no atienden la corrupción ni la construcción de sistemas de justicia eficaces ni bajan la inseguridad ni abren el gobierno a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas ni se fincan responsabilidades legales a los servidores públicos incumplidos, no vamos a cambiar las cosas”, manifiesta Sergio Meza, coordinador general de la red de organizaciones Pacto por Juárez, que creó con participación ciudadana un plan estratégico de desarrollo para la ciudad. A tropezones   Desde sus inicios, la estrategia Todos Somos Juárez, con la que se pensaba dar una respuesta a la ciudad en materia económica, social y de seguridad, comenzó con problemas y cuestionamientos. Meses antes de su presentación, era un plan integral que tomaba como modelo la intervención social que tuvo buenos resultados en la violenta ciudad colombiana de Medellín, retomado en México por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el gobierno municipal. Sin embargo, no soportó la rebatinga política, y cada secretaría de Estado (Economía, Salud, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación, PGR, Trabajo) se ocupó de reproducir sus programas preexistentes, así como a supervisarlos. A los ciudadanos que fueron convocados para definir el nuevo programa, pocas veces se les escuchó. Así, según las entrevistas realizadas por este semanario, se ampliaron hospitales y aumentó el número de camas, pero falta personal que atienda, ya que los médicos no quieren cambiar su plaza a Juárez. Fueron construidas prepas, pero no han sido recuperados los pandilleros que ya habían desertado, y faltan trabajos para los jóvenes. Se remozaron parques, pero no en todos ha habido trabajos para reconstruir la confianza ciudadana ni se ha vencido el miedo de la gente a salir a las calles. Se hicieron “corredores seguros” en las zonas más pujantes, pero continuaron las extorsiones a los negocios, y al menos 100 mil personas han abandonado la ciudad. No llegaron los agentes del Ministerio Público Federal solicitados, no hubo modificaciones al sistema de justicia, y los índices de impunidad siguen altos: menos de 5% de los crímenes son castigados. La inversión federal estimada para la estrategia fue de 3 mil 383 millones de pesos. “En la Mesa de Seguridad Pública siempre dijimos que la estrategia de ocupación territorial era un fracaso y que habría que fortalecer la capacidad de investigación de las agencias del Ministerio Público y de la Policía Federal, así como hacer investigaciones, operativos ágiles y contundentes, y no los abiertos que afectan tanto a la población; advertimos que debía atacarse el lavado de dinero y la base financiera, porque si no, no se tocaría el fondo del problema y todo sería una pantalla. Pero no apreciamos ningún cambio”, dice Hugo Almada, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agrega: “Aunque hay algunos buenos esfuerzos, la intervención tiene dos grandes problemas de fondo con los que es muy difícil lograr el resultado deseable: Mientras no se resuelva la situación de seguridad, es muy difícil que realmente los programas sociales tengan el impacto multiplicador deseable, y nunca hubo un plan que partiera de un diagnóstico adecuado de la ciudad”. Por su parte, la doctora Chavarría, quien en varias reuniones exigió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detener los secuestros que sufren los médicos, señala que el programa Médico Seguro no fue cumplido completamente: sólo la mitad de los cuatro hospitales que reciben a heridos de bala tienen vigilancia permanente; al resto entran los sicarios a rematar a sus víctimas. Además, los secuestros a doctores aumentaron, así como los asesinatos. Vicios originales   Álvaro Sierra, periodista colombiano experto en narcotráfico, ha señalado que los programas de intervención social de Medellín tuvieron éxito porque partieron de una condición previa fundamental: la violencia ya había cesado. En Juárez la violencia continúa y los efectos de la intervención no se notan. Según Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, los programas allá fueron diseñados por los propios beneficiarios. “Aquí se empezó al revés: hay un montón de diagnósticos de la ciudad. ¿Por qué no establecieron un método para escoger proyectos que ya existían y por qué se quiere que responda a proyectos, algunos de ellos políticos, ya prefabricados?”, cuestiona el ejecutivo de la organización Pacto por Juárez, quien, sin embargo, aplaude la inversión federal en la ciudad porque ésta tiene rezagos históricos. A pesar de que Juárez es la quinta ciudad más importante del país, con 1 millón 300 mil habitantes, recibe por habitante sólo 934 pesos de inversión federal, mientras que Tijuana capta mil 140, Chihuahua 1 mil 496 y Guadalajara 1 mil 739. Laurencio Barraza Limón, de la Organización Popular Independiente (OPI), con 22 años de trabajo en las zonas populares, señala que faltó coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, y no se tomó en cuenta la experiencia de las organizaciones comunitarias. “Cuando estuvo Calderón aquí, dijimos que había que innovar en lo social para un abordaje más fino de la realidad y para aprovechar los recursos. Tenían que haberse tomado en cuenta programas para atender a las víctimas, a los huérfanos, a los discapacitados por la violencia, y dirigir políticas hacia los jóvenes y niños, pero nos encontramos con que traían ya elaborados 160 puntos –sobre todo parques, escuelas–, que no estaban mal, pero era demasiado cemento y poco contenido social. Hacen falta las oportunidades económicas y de desarrollo social para los jóvenes, con el fin de que encuentren una alternativa al crimen organizado; es preciso trabajar de base en las comunidades y avanzar en la justicia”, considera. El activista explica que durante la inauguración del parque en la colonia Plutarco Elías Calles no se tomó en cuenta que esa zona históricamente ha sido disputada a muerte por cinco pandillas. “En el ánimo de tener la foto rápida y presumir acciones, convocaron a un partido abierto de fut al que asistió una cantidad de chavos interesados en participar, entre ellos varios grupos rivales, y el resultado fue que ahí murió un chavo de 15 años al que veníamos sacando del asunto de las drogas. El hecho complicó todo: 22 estudiantes de la secundaria dejaron de asistir a la escuela”, señala. Por su parte, Lourdes Almada, integrante de la Mesa de la Infancia, se dice decepcionada por los resultados en el tema de la niñez y por la desatención de las familias que han sido víctimas de la violencia. “El planteamiento en el tema de la infancia fue desde el principio en función de los programas que ya tenía cada dependencia y no a partir de la situación de emergencia: todo decidido desde el centro sin considerar la experiencia social. En vez de que el plan fortaleciera instituciones del gobierno federal en la ciudad o generara liderazgos, sólo se mandó gente desde el centro que cada semana iba y venía. Lo único que fortalecieron fue a la industria hotelera y a las aerolíneas”, sentencia. Un ejemplo del fracaso fue la oferta de estancias infantiles aprobadas por la Sedesol, las que, de acuerdo con la socióloga, se construyeron “donde mismo, y no en las zonas de máxima violencia y pobreza”, porque las reglas de operación no permitían en otros sitios, a pesar de que la dependencia contaba con un diagnóstico que reconocía la ubicación de las zonas prioritarias. Otra falla son los parques, también responsabilidad de la Sedesol, pues “se plantean como si por el hecho de llegar a construirlos se generara una convivencia distinta espontáneamente. No se tomó en cuenta a las organizaciones que trabajan en esas zonas porque se impusieron desde fuera, sin recuperar la historia, y terminaron siendo detonadores o activadores de conflicto”. En el parque de la colonia Parajes del Sur, inaugurado en noviembre por el presidente Calderón, se ve a familias desafiando el frío. Unos adolescentes del equipo Buckanas que juegan una cascarita de futbol rápido dicen que entre todos defendieron el espacio de unos pandilleros que quisieron echarlos de sus canchas. En cambio, en el parque de la Plutarco, donde hubo un muerto, comienzan a notarse grafitis, un columpio fue roto y un hombre ya intentó robarse el cableado de una lámpara. Los vecinos no saben si el parque sobrevivirá a unas fuertes lluvias, ya que lo construyeron donde confluyen varios arroyos que en otros años han ocasionado desastres. En una de las paredes se nota un grafiti que intentaron borrar: “Lárguense a chingar los soldados atte. Sud7”. Desde una de las lomas donde fincó su casa el vecino Rafael Longoria, un hombre vestido de vaquero, mira el parque y dice: “No sé si los ingenieros conocían la presión del agua. Espero que el parque dure porque antes eso era un tiradero, y aunque hubo un muerto, pues ni modo; muertos hay donde quiera; por eso, después de unos días ya nos volvimos a arrimar al parque. Hemos tratado de mantenerlo, pero si los cholos deciden vandalizarlo no va a haber nadie para defenderlo”.