CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Maestros paristas del puerto de Acapulco anunciaron que interpondrán quejas ante las comisiones de Derechos Humanos local (CEDH) y nacional (CNDH), debido a que durante el desalojo de ayer, en el que participaron alrededor de 400 policías estatales y municipales, más de una decena de manifestantes resultaron golpeados, cuatro de ellos con heridas severas. Incluso señalaron que se reportó como grave el estado de salud de uno de los lesionados, identificado como José Juan Campos Aguilar. No obstante, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero afirmó que el operativo de ayer, realizado en la costera Miguel Alemán, tuvo saldo blanco porque “no hubo detenidos, ni heridos”. En conferencia de prensa, los maestros paristas, representantes de 46 delegaciones sindicales que mantienen cerradas más de 300 escuelas de nivel básico, advirtieron que continuarán con sus protestas para exigir garantías de seguridad en los centros educativos, y llamaron a los trabajadores del magisterio en la entidad a sumarse a su movimiento. Indicaron que la violencia no sólo persiste en el puerto de Acapulco, sino también en las siete regiones del estado, donde los grupos criminales se han dedicado a secuestrar y cobrar cuotas al sector productivo, sin embargo, añadieron, por omisión o complicidad, las autoridades de los tres niveles de gobierno no han revertido esa situación. Por separado, dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en esta capital anunciaron que en breve se manifestarán públicamente para condenar la agresión de ayer contra los docentes de Acapulco, que en su mayoría son simpatizantes y militantes del magisterio disidente. Al respecto, el dirigente cetegista, Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, reprochó que el gobierno estatal utilice a la policía para reprimir un movimiento que demanda seguridad ante los hechos de violencia contra el magisterio y la sociedad porteña. En este sentido, la CETEG emplazó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a solucionar de fondo el problema de la inseguridad que persiste en la entidad, así como las demandas centrales del magisterio disidente y de la ciudadanía. Por su parte, el gobierno estatal respondió que los guerrerenses “no podemos ser rehenes de grupos de interés particular”, y señaló que la obligación de las autoridades a garantizar el libre tránsito “no está sujeta a negociación”, en referencia al bloqueo de casi seis horas que ayer realizaron los paristas en la principal avenida turística de Acapulco. En un comunicado, puntualizó que después del bloqueo en la avenida costera, a la altura de la sede del Centro Internacional Acapulco (CIA), el vocero del movimiento –a quien no identificó– estableció contacto con las autoridades y manifestó que no se moverían del lugar hasta lograr una mesa de diálogo parra “negociar” algunas demandas “que nunca definieron claramente”. De acuerdo con el documento, el gobierno de Aguirre manifestó su disposición a dialogar, siempre y cuando retiraran el bloqueo. Sin embargo, añadió, el representante del movimiento rechazó desbloquear la vía y enseguida se ordenó el desalojo, que “dejó un saldo blanco porque no hubo detenidos, ni heridos”. Asimismo, advirtió que aceptarán las posturas disidentes y la inconformidad social, siempre y cuando no se afecte “el interés superior de la ciudadanía”.