TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Niños que trabajan desde temprana edad sin remuneración alguna, niñas-madres desde los 10 años de edad, suicidios y homicidios, son sólo algunos de los problemas que padecen alrededor de 650 mil menores en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Agrupados en la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), organismos no gubernamentales presentaron este viernes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el informe La infancia cuenta en la frontera sur, que revela las dramáticas condiciones en las que viven los infantes de esa región. Los resultados de la investigación, que duró seis años, fueron presentados por Jennifer Haza Gutiérrez, de la organización Melel Xojobal; Angélica Aremy Evangelista García, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), y Saúl Kenji Pio Robles Ramírez, de Save The Children. Según dijeron, el documento exhibe indicadores para documentar la situación de niños y niñas y sus derechos, con información confiable y accesible, buscando que sea un insumo que ayude a que las decisiones legislativas y políticas deriven en mejores acciones que garanticen sus derechos. De acuerdo con los expertos, La infancia cuenta en la frontera sur es resultado de una investigación patrocinada por el organismo Southwest Border Kids Count, que trabaja sobre el tema de la infancia en la frontera sur de Estados Unidos con recursos de otros organismos, como la Fundación The Annie E. Casey. Según Haza Gutiérrez, la investigación enfocó su mirada en los derechos de los infantes en los municipios de la frontera sur del país, pero también la situación que viven las niñas y niños de origen centroamericano que arriban a la región para trabajar, o bien, porque es paso obligatorio para llegar a estados Unidos. Este primer esfuerzo, agregó, recopila 21 indicadores desagregados en 18 municipios de Chiapas, dos en Tabasco y Campeche, y uno en Quintana Roo. “El análisis presentado en el documento permite obtener una mejor idea sobre los retos, los obstáculos y las iniciativas en materia de legislación y política que se deben realizar para garantizar que las niñas y los niños de la frontera sur conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos”, dijo Haza Gutiérrez. De acuerdo con el informe, alrededor de 650 mil niños, niñas y adolescentes habitan en la frontera sur, es decir 40.4% del total de la población en la zona. Destaca, asimismo, que 532 mil 207 niñas y niños de cero a cuatro años de edad fueron atendidos por un problema de desnutrición en 2009 –lo que representa 15% de los casos registrados a nivel nacional–, y que mil 534 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un hijo en el mismo año, es decir tres de cada mil niñas. El extenso documento revela que en 2010, siete de cada 100 niñas de 15 a 17 años ya eran mamás y que más de 50 mil niñas y niños de cinco a 11 años no asistían a la escuela. En el mismo año, 8.5% de los adolescentes (alrededor de 118 mil) de 12 a 17 años no asistían a la escuela ni realizaban alguna actividad económica, y cuatro de cada 10 jóvenes de 16 años no tenían la secundaria terminada. El texto también destaca que la mitad de los adolescentes de 12 a 17 años trabajaba sin recibir remuneración alguna y que 112 mil 961, de las cuales 86.2% eran mujeres, se dedicaban a los quehaceres del hogar. Y, por si fuera poco, la tasa de mortalidad por homicidios de la población de 12 a 17 años subió de 2.8 a 3.8 de 2005 a 2009, es decir que tuvo un incremento de 35.7%. Los resultados de la investigación precisan que la tasa de mortalidad por suicidio en la población de 15 a 17 años en 2009 ascendió a 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes, casi el doble de la media nacional, que es de 6.26. Durante la presentación del informe, la coordinadora de Melel Xojobal, Haza Gutiérrez, resaltó la situación de desventaja en la que se encuentran las niñas y niños indígenas de la región en lo que respecta al cumplimiento de sus derechos. En su intervención, Saúl Kenji Pio Robles, de Save the Children, resaltó que Chiapas es el estado que cuenta con mayor número de infantes en el país, pero también es la entidad con el  menor número de niñas y niños registrados ante el Registro Civil. Es preocupante, dijo, que en Chiapas haya menos de un médico por cada mil habitantes, lo cual –agregó– refleja la falta de recursos y mecanismos para garantizar el derecho a la salud de niñas y niños. Y subrayó que para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de niñas y niños es necesario crear un sistema de protección integral y efectivo para la infancia. De su lado, Haza Gutiérrez resaltó la importancia de hacer prevalecer el interés superior de la infancia en todas las acciones dirigidas a los chiapanecos, pues es frecuente que servidores públicos al frente de instituciones que brindan servicios a la infancia desconozcan su papel como garantes de derechos humanos. Por su parte, Angélica Aremy Evangelista, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), comentó que los datos estadísticos son un recurso muy importante para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas, y para que los ciudadanos evalúen el trabajo de las instituciones públicas, así como los compromisos establecidos, pues las cifras también revelan las ausencias y omisiones por parte de las instituciones. Evangelista mencionó que aun cuando en Chiapas hay cerca de 50% de la población con derechohabiencia a la salud, de los cuales 39% están afiliados al Seguro Popular, los más vulnerables y en desventaja son las niñas y niños en relación con los adultos.