Ligan a los Canales Clariond con ordeña a Pemex

martes, 18 de octubre de 2011
MONTERREY, N.L. (apro).- La diputada local perredista María de los Ángeles Herrera acusó al exgobernador Fernando Canales Clariond y a su hijo Fernando Canales Steltzer de ser propietarios de una empresa acusada de “ordeñar” combustible de Petróleos Mexicanos, a través de un ducto clandestino. Desde la tribuna, la legisladora dio a conocer que la empresa Solensa SA de CV, propiedad de los Canales, fue denunciada el 29 de noviembre 2010 ante el Ministerio Publico, por el apoderado legal de Pemex Gas y Petroquímica, Juan Mendoza Contreras, por beneficiarse con la venta ilegal de hidrocarburos. En respuesta a los señalamientos, el apoderado legal de la empresa, Rubén Fernández Téllez difundió esta noche un comunicado en el que reconoce que sí hubo investigación, pero aclaró que no se ejercitó la acción penal, por mandato del juez decretado el 18 de abril del 2010, pues, aclaró, “la averiguación previa se derivó de una confusión”. En la sesión de este martes Herrera García señaló: “Hay una denuncia del apoderado legal de Pemex Gas y Petroquímica básica ante el Ministerio Público Federal en Escobedo, donde en la misma manifiesta el delito de robo equiparado de hidrocarburos y derivados cometidos por la empresa Solensa”. La denuncia es la AP/PGR/NL/ESC-III/2772/D/2010 y pidió saber en qué etapa se encuentra el proceso. La legisladora dijo que la paraestatal detectó una interconexión irregular hacia la planta de la empresa privada y pidió que la toma fuera cerrada. Dio a conocer que Solensa fue constituida en marzo del 2008, con la escritura pública 6141 radicada en la Notaría Pública 24 dirigida por la licenciada Álida Bonifaz Sánchez, quien fue procuradora de justicia en el sexenio de Canales Clariond. En la administración de Vicente Fox, el exgobernador nuevoleonés fue designado secretario de Energía. Como socios de Solensa aparecen Fernando Canales Clariond, su hijo Fernando Canales Stelzer y Jean Francois Rault de origen francés. “Esta sociedad anónima dentro de su objeto de constitución es la de diseñar, construir, instalar y operar una o más plantas e instalaciones para obtener, procesar, comprimir, transformar y/o convertir el gas natural del estado gaseoso al estado liquido”, explicó la diputada. Precisó que la planta se encuentra en el municipio de Apodaca, en el kilómetro 21 de la carretera a Miguel Alemán. “Este gran negocio de la venta de gas robado, forma parte de la cadena de delitos que se han cometido en este país y los culpables no han sido juzgados, ni ha caído el peso de la ley en ellos, pues lo han hecho al cobijo del poder público mediante artimañas como el tráfico de influencias para evadir la acción de la justicia”, acusó la diputada. La diputada Herrera, única perredista en el Congreso local, dio a conocer que el robo de combustible representó para Pemex, hasta marzo del 2011, perdidas hasta por 3 mil millones de pesos. Seis estados concentran 69% de las tomas clandestinas: Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. “Queremos ver de qué está hecha la autoridad federal: o aparece sumisa y servil ante poder del dinero o lleva ante los tribunales y aplica el castigo ejemplar a los que han cometido este artero delito”, dijo. Al responder al señalamiento de la diputada, Solensa aclaró que “nunca existió toma clandestina o que pidiera calificarse como clandestina o que causara daños a la red de distribución de Pemex”. Agregó que “jamás se sustrajeron hidrocarburos propiedad de la nación”. De acuerdo con la empresa, la planta industrial de Solensa, en la época de los hechos, no se encontraba en operación, porque apenas estaba finalizando los trámites correspondientes ante las autoridades del ramo y concluyendo las pruebas previas a su operación.

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