MONTERREY, N.L. (apro).- Jonás Larrazabal Bretón, quien permaneció 49 días en la Casa de Arraigo, fue trasladado esta tarde al penal de Cadereyta, ubicado a 40 kilómetros al oriente de esta capital, luego de que el juez segundo de lo penal liberó la orden de aprehensión en su contra por el delito de chantaje. La acción del juez se derivó después de que el hermano de Fernando Larrazabal Bretón, alcalde de Monterrey, supuestamente exigió fuertes cantidades de dinero al Casino Red para que operara. El abogado defensor del acusado, Carlos Soto Robledo, informó que la denuncia de chantaje establece que su cliente comenzó a solicitar dinero a los propietarios del Casino Red a partir del 15 de abril pasado, sin embargo, dijo, podemos comprobar que desde el primer día de ese mes y hasta el 2 de mayo, Jonás estuvo en Oaxaca, su ciudad natal. Aunque no han sido proporcionados detalles del expediente, trascendió que el hermano del alcalde fue denunciado por Sergio Gil García, propietario del casino, quien se encuentra fuera del país y es buscado por la Interpol en Estados Unidos, para que declare sobre su denuncia. Jonás Larrazabal fue arraigado desde el 1 de septiembre pasado, un día después de que se dieron a conocer videos e imágenes en los que fue captado recibiendo fajos de dinero en el Casino Red. En su defensa, el detenido argumentó que los pagos eran por la venta de quesos y otros productos regionales de Oaxaca. Sobre el caso, el alcalde Fernando Larrazabal afirmó que las investigaciones demostraron que su administración es ajena a los hechos que se le imputan a su hermano. En un comunicado que leyó esta tarde, Larrazabal se dijo satisfecho con las investigaciones que ahora tienen a su hermano mayor tras las rejas. “El resultado de las investigaciones de la Procuraduría (General de Justicia) confirman que esta administración y el actuar de cada uno de sus funcionarios ha sido siempre en estricto apego a la ley. Con estos resultados queda demostrado que siempre he actuado apegado a la ley, y confirmo que nada ni nadie me alejará de este camino”, sostuvo. Asimismo, señaló que al rechazar la orden del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que dejara el puesto y permitiera que fluyera la investigación contra su hermano, tomó la decisión correcta, pues la ley –añadió– ha demostrado que no tuvo involucramiento en el escándalo. Sobre el destino de Jonás Larrazabal, se mostró confiado de que el juez llegará a la verdad e impartirá justicia. Por separado, el gobernador Rodrigo Medina descartó que hubiera un trasfondo político en el proceso que se le sigue al hermano del alcalde regiomontano. “No hay ninguna motivación política, no se debe politizar, debe ser tratado como lo que es: una investigación técnico jurídica. Es importante subrayar que la Procuraduría no inventa delitos. Estos son elementos de prueba con los que la Procuraduría cuenta y el Ministerio Público decidió consignar”, dijo.