MONTERREY.- El Congreso de Nuevo León creó una comisión especial pluripartidista para que investigara la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a la tragedia del Casino Royale que arrojó 52 muertos inocentes. El grupo de trabajo instalado el 14 de septiembre, se convirtió, de inmediato en un intercambio de lodo entre el PRI y el PAN que, con el manejo parcial de la información y el agandalle de espacios en los medios, condenaron la credibilidad de sus resultados. En entrevistas separadas, diputados y deudos de las víctimas coinciden en que el manejo de documentos y datos que han sido acopiados por la comisión después de la tragedia del 25 de agosto, se ha politizado con la intención de afectar la imagen de sus respectivos partidos. No han sido aclaradas las causas de la tragedia, pero los partidos lucran con los muertos y los mismos deudos de los afectados se han quejado de ello. Por eso, el PAN ya solicitó formalmente en el Congreso la disolución del grupo de trabajo, al señalar que la manipulación de la información que corre al interior, anuló las posibilidades de ofrecer conclusiones verosímiles. Y mientras los diputados se desgreñan, las investigaciones avanzan con lentitud. Hay 13 detenidos y seis prófugos, entre los que se encuentran dos líderes del ataque. Han transcurrido más de 50 días desde la tragedia y la Procuraduría General de la República no ha entregado el peritaje sobre las causas que ocasionaron el siniestro en el interior del casino y quienes son las autoridades responsables de las muertes. Comisión de la verdad Frente a la magnitud del atentado sobre personas inocentes que se divertían en el casino instalado en la avenida San Jerónimo número 205, en la colonia del mismo nombre, los diputados locales consideraron que debían participar en la búsqueda de justicia. El tricolor Tomás Montoya Díaz presentó al pleno una iniciativa para crear un grupo de trabajo que se dedicara a investigar las causas del siniestro enfocándose en la actuación de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Montoya es hijo de Cristina Díaz, secretaria general del PRI, a quien se le considera persona cercana a un hombre llamado Anuar Michel Geralé, quien a su vez es cercano al zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, cuya empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV) recibió el permiso con el que operaba el Royale. Al momento que se integraba la comisión, la opinión pública ya comenzaba a repartir responsabilidades y las acusaciones y los deslindes entre funcionarios se daban a diario, y en todos los niveles. Por un lado se acusaba a la administración del alcalde panista Fernando Larrazabal Bretón de expedir indebidamente un permiso para que AEV, a través de la empresa Cymsa de Raúl Rocha, operara el giro negro. El edil, por su parte se defendía señalando que había clausurado el sitio varias veces pero un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) le obligaba a reabrir. Al Gobierno de Nuevo León se le golpeaba a través de Protección Civil en el Estado. El director de la dependencia, comandante Jorge Camacho Rincón, se había contradicho sobre las veces que había acudido personal de su dependencia a revisar las instalaciones del lugar que, como quedó demostrado, no tenía salidas de emergencia adecuadas, lo que contribuyó a que todos perecieran por sofocación. A Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, se le responsabiliza del gran desorden en el que funcionan los casinos en el país, al grado de que no hay una certeza aún de cuántos son y quienes son sus propietarios y los titulares de los permisos de operación. El 12 de septiembre el Congreso nuevoleonés aprobó por unanimidad la creación de la formalmente llamada Comisión Especial Investigadora del Casino Royale, a la que se le ha denominado, simplemente, comisión de la verdad. Dos días después esta quedó debidamente instalada y en funciones con Héctor Gutiérrez de la Garza, como presidente. La panista Brenda Velázquez Valdez, fue nombrada vicepresidente y José Ángel Alvarado Hernández, de Nueva Alianza, secretario. Como vocales fueron designados María de Jesús Huerta Rea y César Garza Villarreal, del PRI; Enrique Guadalupe Pérez Villa, del PAN; Homar Almaguer Salazar, del PT;  Juan Carlos Holguín Aguirre, del Verde Ecologista; y María de los Ángeles Herrera García, del PRD. Los nueve integrantes acordaron iniciar trabajos el 14 de septiembre y un mes después, el 14 de octubre presentar conclusiones. El expediente final sería turnado a las distintas autoridades como una manera de coadyuvar, con el material recabado, en las investigaciones. Se remarcó que el objetivo de la comisión era conocer la verdad en el plano administrativo, no el judicial, que correspondía a las instancias federal y estatal. Aunque participan seis partidos, en realidad los que llevan la voz de mando son el PRI y el PAN, mayorías en el Congreso. Cinco días después de que la comisión fue instalada, Héctor Gutiérrez comenzó a irse por la libre, para difundir entre los periodistas información que, de acuerdo a los panistas, no fue consensuada con antelación entre los comisionados. Gutiérrez de la Garza, quien en su paso como legislador federal fue presidente de la comisión especial de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados, se lanzó contra el alcalde de Monterrey, que por estos días ha tenido que librar varias batallas simultáneas. Fernando Larrazabal enfrenta las acusaciones que hay contra su hermano Jonás, por haber sido grabado recibiendo dinero de manos e Sergio Gil, propietario del casino Red, lo que ha sido considerado un acto de corrupción. Jonás actualmente está arraigado y Gil García es prófugo de la justicia porque no se ha presentado a declarar sobre este presunto soborno. Pero además, Larrazabal enfrenta un proceso de expulsión al interior del PAN que lo acusa de desacatar la orden de separarse de su puesto para que fuera investigado por los videoescándalos de su hermano Jonás. El alcalde siguió en su puesto y ahora un proceso que le sigue el CEN albiazul. Gutiérrez de la Garza le abrió otro frente de batalla al alcalde al afirmar que ha ofrecido información imprecisa desde que ocurrió el incendio, para librarse de culpas. El día de los hechos, por ejemplo, se reportó a las televisoras para decir que el casino debió haber estado cerrado, pero que un amparo de los corruptos magistrados del tribunal Contencioso Administrativo del Estado, permitió que siguiera operando. Gutiérrez dijo que los documentos obtenidos revelaban que, en realidad, el alcalde sólo impuso sellos de clausura a un terreno que los propietarios del Royale remodelaban, y que presumiblemente iba a ser una ampliación del casino, por la calle José María González número 307, a la vuelta de la casa de apuestas. También reveló que en el 2007 el entonces alcalde panista de Monterrey Adalberto Madero entregó un irregular permiso de uso de suelo para casino a Atracciones y Emociones Vallarta, pues no existía ante Segob una razón social con licencia para operar en ese lugar. El priista hizo otra revelación: que en el 2009, la misma administración de Madero entregó para el lugar un permiso de restaurante-bar con venta de alcohol al lugar que evidentemente era un casino y no un expendio de comida. Rota ya la cordialidad dentro de la famosa comisión, priistas y panistas colgaron en el salón de sesiones mantas difamatorias. Aquí en Nuevo León lo que estorba es el PAN”, decía un letrero gigantesco. El otro, parecía complementarlo: “Para un Gobierno corrupto como el del PRI”. El 21 de septiembre, Camacho reconoció que aquella vez del 2007 fue la última que revisó el casino. Pero luego dijo, al día siguiente, que había otra revisión en el 2008, con lo que se comprobaba que el Gobierno estatal sí había dado su aval para que funcionara la casa de apuestas operada por Cymsa. El 25 de septiembre, día que se cumplió un mes del multihomicidio, familiares y conocidos de las víctimas colocaron ofrendas florales en el exterior del Royale, junto con una manta que decía en letras rojas: “No los olvidaremos”. Ni el gobernador, ni el alcalde hicieron ese día pronunciamientos. El martes 27 al mediodía, Jorge Camacho tuvo una ocurrencia insospechada: A las 12:30 se apareció en el vestíbulo del Congreso nuevoleonés. Vestido con su llamativo uniforme de trabajo rojo y amarillo dijo que buscaba a Gutiérrez. Los diputados del PAN aprovecharon la ocasión para rodearlo e increparle su desaseado trabajo en la seguridad en el local incendiado. Entre cámaras de televisión, el albiazul Víctor Fuentes Solís lo increpó con un cuestionamiento que no ha sido resuelto aún: “La pregunta es directa: ¿se hizo o no la revisión del casino el último año?”. Fuentes le recordó el Artículo 26 de la Ley de Protección Civil del Estado, que señala que a la dependencia a su cargo le correspondía verificar la seguridad de un establecimiento de esas características. Camacho eludió contestar: “Vamos a responder a todas las preguntas, señor, con todo gusto y a eso venimos”. Dijo que estaba ahí para acudir a la Oficialía de Partes del poder legislativo y entregar un escrito en el que se pronunciaba dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que lo requiriera. Esa misma tarde, en la sesión de la comisión Héctor Gutiérrez de la Garza hizo una larga exposición cronológica sobre los permisos que llevaron a abrir el Casino Royale, desde que el 1 de junio de 1992 AEV recibió el permiso 4117 de la secretaría de Gobernación para abrir cuatro casas de apuestas, y cómo en el 2006 la misma dependencia le dio autorización para que abriera centros en Nuevo León Coahuila y Tamaulipas. Repasó las inconsistencias en los permisos de uso de suelo y del giro al casino de parte del municipio y las falta de autorización de Segob. El presidente de la comisión no hizo alguna acusación a dependencias estatales. Sólo refirió el permiso que había otorgado Camacho en el 2007. Brenda Velázquez, exasperada, le reclamó a Gutiérrez que no circulara con anterioridad los documentos que expondría, pues de esa manera él únicamente estaba presentando hechos que beneficiaban a su partido y perjudicaban al PAN. En ese momento, para contrarrestar la andanada de acusaciones de Gutiérrez contra funcionarios del PAN municipales y federales, los albiazules contratatacaron, incurriendo en una táctica que le había criticado al PRI. Saltándose la comisión, Brenda Velázquez circuló entre los reporteros un documento que no había sido circulado por el presidente, en el que revelaba que Protección Civil del Estado había dado su aval el 5 de septiembre del 2007 para que AEV operara el casino Royale. En ese oficio DPC-SAE-D-134/2007, fechado el 5 de septiembre de ese año, se comprueba que el director de PCE dio su visto bueno para que operara el casino Royale. El documento había sido enviado con copia a Rodrigo Medina, quien entonces era secretario general de gobierno. Camacho firmó la venia de la solicitud que presentó una persona de nombre José Manuel Martínez Garza, representante legal de Atracciones y Emociones Vallarta, con lo que se demuestra que el Gobierno Estatal también tuvo tratos con la empresa maldita, que ahora es impugnada por que en ese entonces no había obtenido adecuados permisos municipales. Al mediodía del miércoles 28, el coordinador de la bancada panista Hernán Salinas Wolberg, acompañado de Velázquez y Enrique Pérez, el otro integrante de la comisión, acudió a la Oficialía de Partes a presentar una solicitud formal para que la comisión de la verdad fuera disuelta porque ha sido usada, según dijo, para beneficio del PRI. Velázquez dijo que los panistas continuarán en el grupo bajo protesta con el único propósito de no dar paso libre a que los priistas saquen las conclusiones que quieran de este hecho. Pero afirmó que el resultado de la comisión de la verdad carecerá de veracidad, pues habrá sido manipulado para beneficio del PRI y el Gobierno Estatal. Política y tragedia El 6 de octubre, los integrantes de la comisión acudieron al Casino Royale a efectuar una inspección en persona. Ahí encontraron a familiares de dos de las víctimas. Samara Pérez Muñiz, vestida de negro, barría la banqueta en el lugar donde las coronas funerarias comienzan a deshojarse y se han apiñado veladoras. Ella es la madre de Brad Xavier Muñiz Pérez, de 18 años, que falleció en aquella trágica jornada. La mujer pudo escapar del incendio, pero su hijo se quedó adentro a morir asfixiado. Triste, indignada, se quejó de la manipulación política de la investigación. “Por supuesto que están politizando esto. Tú crees que me va a interesar que si (el alcalde de Monterrey Fernando) Larrazabal, que si (su hermano) Jonás o el que sea anda vendiendo quesos. No me interesa. Lo que quiero es que me digan que atrapen a los materiales y que caigan todos los funcionarios corruptos que permitieron que este  casino estuviera operando en las condiciones que estaba”, dijo. También estuvo con los diputados Luis Javier Nava Walss, de 21 años. Él perdió en el incendio a su madre Idalia Elizabeth Walss Polendo, de 46. El joven afirmó que hay personas que están obteniendo beneficios políticos con el dolor de los deudos. “Están buscando con esto ganar votos, simpatías ahora que el año electoral viene. Está demasiado mal, esto lo veo en los medios de comunicación. No puede ser que estén lucrando con el dolor de la gente”, dijo. En entrevista Héctor Gutiérrez de la Garza niega que a través de la comisión esté impulsando su carrera política rumbo a las elecciones del 2012, cuando buscará la alcaldía de Monterrey, para la que ha sido un permanente aspirante en los últimos años. Se le preguntó a Gutiérrez por qué durante su reparto de responsabilidades, no ha reprochado la actuación de ninguna autoridad estatal. El priista responde culpando únicamente al municipio y a la federación. “Hay que recordar que para que un casino opera requiere de la autorización de Segob y el municipio correspondiente. Porque a Gobernación le corresponde la emisión del permiso, el control y vigilancia del mismo. Pero se requiere de una licencia de uso de suelo de parte del municipio y para que estas autorizaciones se den, requieren información”. Frente a los señalamientos de que los documentos no son circulados con anterioridad, Gutiérrez minimiza el hecho. “Se les entrega la información ahí en el momento, han tratado desvirtuar eso”. Brenda Velázquez, en su calidad de vicepresidenta de la comisión, se duele que Gutiérrez les ha entregado los documentos que obtiene hasta el momento de la sesión, con lo que puede entregar la información que él desea, lo que, dice, pone a los panistas “en una franca desventaja”. “Da mucho qué pensar que cuando se instaló la comisión él reveló una información a medias, esto cambia las cosas y se confunden los ciudadanos. El otro día hizo unas declaraciones de protección civil y su dictamen del 5 de septiembre del 2007. No nos la había dicho”, señala la panista. La actuación de Gutiérrez de la Garza hace que el funcionamiento de la comisión no sea imparcial. “Hubo una manipulación al principio y no sabemos si ahora esté haciendo lo mismo. No sabemos si realmente no nos da a conocer los documentos como son y nos presenta fechas pero a lo mejor tiene documentos ahí adentro y eso puede cambiar mucho las cosas”. Inicialmente ella estuvo de acuerdo en crear la comisión pero nunca sospechó que su sentido se deformara de esta manera. Ve que Gutiérrez pretendió utilizar la comisión para fortalecer sus aspiraciones políticas como priista rumbo al municipio de Monterrey. Por el Partido del Trabajo, Homar Almaguer Sandoval, considera lamentable que el debate en a comisión se politice porque algunos compañeros se han agredido unos a otros, dice en referencia a panistas y priistas. Por el Panal, José Ángel Alvarado ve obvio el giro partidista que ha adquirido la comisión, lo cual se refleja principalmente, en el manejo mediático de la información recabada. “Indudablemente hay un propósito político a la hora de emitir una opinión, pero los diputados involucrados en la comisión debemos dejar de lado nuestros aprecios y desprecios personales para cumplirle a la sociedad que nos requiere, encontrar culpables y denunciar los actos de corrupción”, dice. En particular señala a Brenda Velázquez quien en vez de proporcionar información al grupo de diputados, se la da a los medios buscando proteger a Fernando Larrazabal. Una lenta investigación Los gobiernos estatal y federal han evidenciado lentitud en las investigaciones relacionadas con el ataque al Casino Royale ocurrido el 25 de agosto. Se sabe que fue un grupo de zetas el que perpetró el crimen y 13 personas han sido detenidas en relación al mismo. Ya fueron detenidos dos líderes del ataque identificados como Roberto Carlos López Castro Toruño y José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje. El pasado jueves 13, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención, en Saltillo, Coahuila de Carlos Oliva, La Rana, a quien identificó como quien ordenó el ataque y como tercero en la estructura de “Los Zetas”, después de Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel Treviño, El Z-40. Sin embargo, hay aún seis personas más identificadas que se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas dos líderes que orquestaron el ataque. Siguen prófugos otros dos cabecillas: Francisco Medina Mejía, El Comandante Quemado; Baltazar Sauceda Estrada, El Mataperros o El Comandante Mataperros o El MP. Hasta ahora se sabe que el motivo del ataque es la extorsión, pues, según Cuitláhuac Salinas, subprocurador de la PGR, con anterior le habían solicitado a los dueños del casino 140 mil dólares. Pero no ha sido presentado el peritaje que la PGR se comprometió a dar para determinar qué ocurrió en el interior del salón de apuestas durante la tarde trágica. Hasta ahora no han sido deslindadas responsabilidades entre las autoridades, ninguna de las cuales, hasta ahora, ha aceptado su culpa.