QUERÉTARO, Qro. (apro).- Trabajadores del Casino Palmas, propiedad del Zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, que operaba en esta ciudad y fue clausurado después del ataque al Royale de Monterrey, denunciaron que un grupo de abogados se presentó para despedirlos, pero se niega a entregarles la liquidación que legalmente les corresponde. El casino Palmas fue clausurado por el gobierno municipal el 29 de agosto, bajo el argumento de que carecía de permiso para la venta de bebidas alcohólicas y presentaba algunos problemas en materia de Protección Civil; ello, a pesar de que un par de semanas antes los inspectores habían efectuado una revisión general y reportaron “todo en orden”. Desde esa fecha el centro de apuestas permanece cerrado –luego de haber operado por más de tres años-, pero los poco más de treinta trabajadores, entre personal de seguridad, limpieza, cajeros y técnicos, recibieron la instrucción de seguirse presentando y firmar una bitácora. Además, algunos de ellos siguieron realizando tareas de mantenimiento, específicamente en el estacionamiento, para atender observaciones que fueron hechas por el personal de Protección Civil al efectuar la clausura. Sin embargo, hace unos días los empleados fueron notificados de que los encargados ingresarían al inmueble para retirar unas máquinas de juego que debían devolver a un grupo de proveedores, en virtud de que eran rentadas. Para ello se rompieron los sellos que había colocado la autoridad municipal, supuestamente con autorización de ésta. Sin embargo, los trabajadores del lugar comenzaron a sospechar cuando los mismos proveedores se presentaron el jueves 20 a recoger las máquinas y aclararon que ellos no las habían requerido. Este fin de semana, algunos de los encargados acudieron al inmueble y sacaron también equipo de cómputo, archivos y objetos personales. Este día un grupo de empleados denunció ante los medios de comunicación que un grupo de abogados originarios de Monterrey se presentaron en las instalaciones del casino, luego de que la encargada Mirta Salas seleccionó al personal que tenía menor antigüedad laboral, el cual se entrevistó en grupos de tres con los abogados. Ahí se enteraron de que los propietarios, identificados por el personal como “el licenciado Rojas, Sergio Martínez y José Kaún” pretenden entregarles como liquidación 1,100 pesos a cada uno. “Les dijeron que ya nos habían hecho el favor de pagarnos dos meses sin trabajar porque el casino estaba cerrado; que ya no iba a operar más y que recibirían sólo esa cantidad”, dijo otro de los trabajadores. En el interior del casino Palmas todavía permanecen varias máquinas tragamonedas, otra de Black Jack, así como una ruleta. “No se nos hizo justo el trato que nos dieron; nunca nos informaron de nada, sólo llegaron los abogados de repente y no nos quieren pagar lo que nos corresponde”, se quejaron los empleados, quienes en promedio recibían un salario de dos mil pesos catorcenales. (Con información de Verónica Espinosa).