ONU y CIDH exigen a Calderón desterrar impunidad en homicidios de periodistas

lunes, 24 de octubre de 2011
MEXICO, D.F. (apro).- Los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Frank La Rue y Catarina Botero, respectivamente, urgieron al presidente Felipe Calderón a desterrar la impunidad en homicidios de periodistas y considerar la protección de ese gremio como parte de la política de seguridad pública. Acompañados por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, los relatores ofrecieron una videoconferencia desde Washington, la cual fue transmitida en la sede de la ONU en México. En ese acto, La Rue y Botero expusieron sus informes sobre la visita de trabajo que realizaron en México en agosto de 2010, y que fueron presentados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo General de la OEA. “Pedimos al gobierno de México que la presentación del informe se realizara en ese país, pero como se habían programado las visitas de otras relatorías, no se pudo llegar a un acuerdo en las fechas, pero estábamos convencidos de que había que presentar el documento lo más pronto posible”, reveló La Rue. El funcionario de la ONU destacó que tanto él como Botero están dispuestos a acudir a México cuando sea autorizado su ingreso por parte del gobierno federal, y reunirse con Calderón, quien “tendría la gran oportunidad de pronunciarse a favor de una política de respeto a la libertad de expresión”. Ambos relatores manifestaron su preocupación por los altos índices de violencia contra los periodistas, agresión atizada por la ausencia de esclarecimiento de los casos. La Rue resaltó que México se mantiene como el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, y quinto a escala mundial. Botero apuntó que la gravedad de la situación para la prensa en México se explica en las cifras de violencia: de 2000 a 2010, 70 periodistas fueron asesinados y, en lo que va de este año, se han contabilizado 13 crímenes. “No conocemos decisiones que permitan suponer que se está superando la gravísima situación de impunidad”, advirtió la relatora, quien recomendó que dentro de los planes estratégicos para la seguridad pública se considere incorporar una política de libertad de expresión. Botero insistió en que para que la lucha que emprendió el gobierno de Calderón en materia de seguridad tenga éxito se debe considerar a los periodistas, pues “son ellos quienes informan de la captación de las mafias, de los abusos de la fuerza pública, pueden saber si el combate a la delincuencia se hace de forma democrática y civilizada, con pleno respeto a derechos humanos; los periodistas y los medios de comunicación más críticos son auxiliares de la justicia y no deben ser vistos como enemigos”. Los relatores coincidieron en que a pesar de que el gobierno de Calderón Hinojosa argumenta que la autoría de los homicidios de comunicadores reside en el crimen organizado, ellos pudieron documentar casos en que los responsables de las agresiones fueron agentes del Estado. Botero recordó que en Colombia, en los momentos más álgidos de la violencia por el crimen organizado, el gobierno recurría al mismo discurso que su par mexicano para explicar los asesinatos de periodistas, pero que tras investigaciones, 30 funcionarios públicos fueron ubicados como autores intelectuales de los crímenes. En el documento se apunta que desde que fue creada la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se abrieron 143 investigaciones, pero hasta ahora “no ha logrado la sanción penal de un solo responsable, y únicamente ha consignado cuatro casos”. Los relatores urgieron a la legislación de reformas que permitan la federalización de los crímenes contra periodistas para abatir la impunidad. De acuerdo con el informe, los estados en las que se reportan “agresiones extremas” son Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Los funcionarios de los organismos internacionales también consideraron un avance la firma del Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas, en noviembre de 2010, pero lamentaron que a la fecha no se haya creado el mecanismo de protección efectiva, por lo que urgieron a considerar temas como la prevención, protección y procuración de justicia, como los elementos que compongan dicho mecanismo. Además deploraron que la única autoridad que tiene un registro de las agresiones a periodistas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, de 1999 a la fecha, ha documentado 720 quejas. De éstas, 539 corresponden a hechos ocurridos de 2005 a la fecha. Durante su intervención desde Washington, el funcionario de Segob, Felipe Zamora, dio la bienvenida al documento, e hizo menciones elogiosas del gobierno de Calderón sobre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la supresión de delitos contra el honor a nivel federal, la creación del Convenio y también destacó una iniciativa congelada en el Congreso de la Unión para federalizar los delitos contra la libertad de expresión. Zamora no permitió que desde México se le cuestionara sobre las omisiones del gobierno que han redundado en el incremento de la vulnerabilidad de los periodistas. “Me van a disculpar, pero tengo reuniones que atender”, argumentó el funcionario de Segob antes de dejar la mesa en Washington. Los relatores, asimismo, expusieron sus deseos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abra espacio para que regresen a México a supervisar la aplicación de las recomendaciones. “No hay sanciones para los Estados que no cumplen las recomendaciones, pero no hacerlo tiene un costo político internacional, y ese es un costo que ningún país que se ufane de democrático quiere pagar”, confió La Rue.

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