MONTERREY, N.L. (apro).– La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ayuntamiento de Monterrey son la principales instancias responsables de las anomalías administrativas encontradas en torno al casino Royale, concluyó la Comisión Especial del Congreso de Nuevo León que investigó el caso. En el dictamen que fue aprobado con el voto en contra del PAN y la única diputada perredista la comisión concluyó que la Segob debió exigirles a los propietarios del establecimiento un seguro de responsabilidad civil, para pagar los daños que fueron ocasionados tras el ataque del 25 de agosto con el saldo de 52 inocentes fallecidos. Sin este requisito, que era obligatorio, según la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los deudos no recibirán indemnización de los propietarios del inmueble, concluyó la Comisión. El priista Héctor Gutiérrez de la Garza circuló esta tarde el reporte final de 13 puntos entre los nueve integrantes de la Comisión Investigadora del casino Royale, creada el 14 de septiembre para determinar las causas administrativas, de permisos y de operación que permitieron al centro de apuestas mantener operaciones. Jorge Camacho Rincón, director de Protección Civil del estado, fue exonerado de la tragedia, aunque únicamente efectuó una revisión del casino, el 3 de diciembre del 2007, bajo el argumento legal de que no hay ordenamiento de ley que establezca la periodicidad de las revisiones. Los comisionados detectaron que el casino Royale, inicialmente, cuando abrió el 1 de noviembre del 2007 recibió un permiso para Atracciones y Promociones Vallarta para funcionar en el inmueble ubicado en San jerónimo 205, de la colonia del mismo nombre, al poniente de la ciudad. Sin embargo, el 9 de septiembre del 2008, el permiso fue transferido al domicilio de Enrique C. Livas 210, en el Sector Cumbres, una operación de representa una clonación de autorizaciones y que no fue supervisada por la Segob. La Comisión también determinó que el Ayuntamiento de Monterrey incumplió al darle permiso de venta de alcoholes al casino, pese a que se encontraba a un lado de un colegio de instrucción primaria, cuando la ley dice que debe haber una distancia de por lo menos 200 metros. La administración del trienio del panista Adalberto Madero (2006-2009) también violó su propia Ley de Ordenamiento territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, pues sus inspectores no verificaron la manera ilegal en que funcionaba el inmueble. En el informe se anuncia que el expediente será turnado de manera íntegra a la Procuraduría General de la República para que se anexe a la denuncia presentada el 21 de septiembre pasado contra la operación ilegal de casinos en México, incluido el Royale. Al confirmar con la entrega de las conclusiones, que el documento no recibiría carpetazo, Gutiérrez de la Garza denunció que la Secretaría de Gobernación se abstuvo de colaborar en la investigación. “La Secretaría de Gobernación hizo todo a su alcance para no colaborar con esta comisión”, dijo el priista. La Comisión no encontró responsabilidades en la administración del gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz. En protesta por el dictamen, los diputados Brenda Velázquez y Enrique Pérez, integrantes de la Comisión junto con Hernán Salinas, coordinador de la fracción del PAN, lamentaron la actuación de Camacho Rincón por carecer de compromiso. En un comunicado que circuló la fracción, que en días pasados pidió la disolución de la Comisión, los panistas consideraron que el informe es parcial y carece de rigor formal. “A pesar de que hace unas pocas horas, a las dos de la tarde de este lunes 24 de octubre de 2011, nos circularon el proyecto de informe definitivo y análisis legal de esta Comisión Especial Investigadora del Casino Royale, consideramos que el mismo tiene una visión parcial y con tintes políticos. Así mismo, queda clara la falta de rigor en la metodología jurídica del informe presentado”, dicen. También votó en contra la perredista María de los Ángeles Herrera. El reporte fue aprobado por los diputados Gutiérrez de la Garza, César Garza y María de Jesús Aguirre, del PRI; José Ángel Alvarado, de Nueva Alianza; Juan Carlos Holguín, del Verde Ecologista; y Omar Almaguer, del Partido del Trabajo. Con la entrega de este dictamen, la Comisión Especial quedó formalmente disuelta.