MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que la actitud de la defensa en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien solicitó el reconocimiento de inocencia con el apoyo del organismo, tiene la intención de presionar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF). En conferencia de prensa, el ombudsman de esta ciudad, Luis González Placencia, recriminó a Isabel Miranda de Wallace, de la fundación Alto al Secuestro; Alejandro Martí, de México SOS, y los abogados de las hermanas Tamara, María Fernanda y Brenda Zamudio Martín del Campo, que pretendan adjudicar una imagen negativa del organismo al afirmar que defiende delincuentes. El lunes 24, Wallace convocó a una conferencia de prensa para presentar el testimonio de María Fernanda Zamudio, una de las jóvenes cuyos padres fueron presuntamente asesinados en 1992 por su tío Alfonso Martín del Campo Dodd, y cuestionaron la posibilidad de que el presunto asesino quede libre gracias a un recurso interpuesto por la CDHDF, denominado amigus curiae. Las organizaciones mencionadas interpusieron un juicio de amparo contra el recurso promovido por la CDHDF y la acusaron de “defender a un asesino”. “Preocupa la actitud de revictimizar a las afectadas y haciéndoles creer que este organismo debería ponderar los derechos de las víctimas frente a las víctimas del sistema penal. “La acción de la CDHDF está dirigida a atender las violaciones derivadas de actos de autoridad de autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de que la reparación del daño a la víctima del sistema redunde también en beneficio de quienes son víctimas del delito”, afirmó el ombudsman local. González Placencia dijo que es inaceptable que “con base en rumores y dichos que hacen parecer los actos de esta comisión como parte de una suerte de conspiración” se cuestione al organismo, cuya función es ser contrapeso del Estado contra el abuso de poder. Añadió que para la CDHDF “es irrelevante” si el presunto asesino es culpable o no. “La comisión no establece inocencias ni culpabilidades, advertimos violaciones que se dan en los procesos de acceso a la justicia. Lo que puede derivar en la liberación de un procesado es justamente las irregularidades que generan violaciones a los derechos humanos”, apuntó. Para el ombudsman el asunto de fondo es que se pudo comprobar que hubo una “cadena de inconsistencias en el proceso” entre ellas, que la confesión del asesinato se obtuvo mediante tortura. Esa información, abundó, se desprendió de la propia averiguación previa en la que uno de los policías que detuvo a Martín del Campo reconoció haberlo lesionado y torturado para que admitiera su culpa. Ese policía, del cual no dio el nombre, fue inhabilitado durante tres años. De acuerdo con la CDHDF, el problema en este caso fue que el Ministerio Público a cargo incurrió en violaciones al debido proceso y permitió que el enjuiciamiento llegara hasta la condena, convirtiéndose así en “cómplice de la impunidad, porque el único recurso que le deja a quien se le ha violado el debido proceso, es justamente el reconocimiento de inocencia y la imposibilidad jurídica de reponer el proceso”. El ombudsman local aclaró que, en ningún momento, la CDHDF se ha pronunciado por la inocencia de Martín del Campo y que el recurso del amigus curiae es una opinión jurídica que ofrece un valor argumentativo ante un tribunal para colaborar en la resolución del proceso. No obstante, sostuvo, no vincula al juzgador para que se manifieste en cuanto a su contenido. “Debe tomarse en cuenta como un medio a disposición del juez para ayudarle a clarificar criterios y estándares en las diferentes opciones jurídicas”, subrayó. Por esa razón, sostuvo, sorprende que los abogados hayan recurrido a una estrategia jurídica que, además, “no tiene manera de prosperar” y por eso “recurrieron a crear una distracción mediática para generar presión a la decisión del Tribunal que tendrá que resolver el incidente de reconocimiento de inocencia”. El titular de la CDHDF reprobó también que se haya cuestionado la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y sostuvo que ahondar en un diálogo estéril que confronta al sistema judicial mexicano con los derechos humanos no abona a la construcción sólida de un estado de derecho. “La señora Miranda de Wallace, el señor Alejandro Martí, la CIDH y la CDHDF tenemos que estar todos del mismo lado: el de la denuncia del abuso y el de la exigencia de no impunidad. “No es momento para que profesionales del derecho que tienen el deber ético de generar certeza en las víctimas, todas ellas víctimas del delito y víctimas del sistema penal, distorsionen la realidad, generen confusión y abonen a la oposición entre derechos y seguridad. En este momento hay que generar certeza”, sostuvo.