MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón recibió este día severas críticas durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su falta de voluntad para atender las agresiones contra periodistas. A unos días de que los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, Frank La Rue y Carolina Botero, presentaron su informe sobre la situación de este rubro en México, al que se considera como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región, y el quinto a escala mundial, durante el 143 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, Cynthia Cárdenas y Ricardo González, de la organización Artículo 19, exigieron al Estado mexicano que “rinda cuentas de manera pública” sobre qué está haciendo para atender el problema. La sesión, solicitada por la organización que tiene su sede en Londres, Inglaterra, estuvo encabezada por el relator especial para México, Felipe González, y en ella participaron también la relatora para la libertad de expresión, Carolina Botero, y el relator para migrantes Felipe González. Por parte del Estado mexicano respondieron a los cuestionamientos el subsecretario de Gobernación para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Gustavo Salas Chávez. Cynthia Cárdenas acusó al gobierno de Calderón de “dilación y falta de eficacia para atender el problema, así como de falta de voluntad política, gravedad que implica el objetivo de quienes perpetran los ataques a periodistas, silenciarlos”. De acuerdo con el informe presentado por la organización no gubernamental a la CIDH, de 2003 al martes 25, se han documentado mil 196 agresiones contra periodistas, y de 2000 a la fecha se registraron 67 asesinatos, 12 desapariciones forzadas, ocho de ellas durante la administración calderonista, así como “un creciente número de ataques contra medios que han tenido en los hechos un efecto silenciador, el cual se ha extendido entre la prensa de varias ciudades donde el Estado no puede garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”. Según el análisis de las agresiones, Cárdenas señaló que éstas no sólo son violatorias al derecho a la libertad de expresión, sino a los derechos “a la vida, a la integridad física, a la libertad, al debido proceso, a la protección jurídica y a la participación política”. La defensora cuestionó a los representantes del gobierno mexicano por la falta de aplicación de recursos destinados por el Congreso de la Unión para atender los mecanismos de protección de periodistas, por 25 millones de pesos para este año, pero que al momento de que un beneficiario de medidas solicita la intervención del Estado, se le ponen trabas para ofrecerle seguridad. La falta de voluntad política para atender el problema de la violencia contra los periodistas, apuntó Cárdenas, está en que desde la creación en 2006 de la FEADLE (antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas), sólo se ha consignado a cuatro personas por crímenes contra comunicadores, mientras que su presupuesto ha disminuido 72%, al pasar de 2 millones en 2006 a 695 mil pesos en 2010. Ricardo González apuntó que a pesar de que el gobierno calderonista insiste en señalar al crimen organizado como el responsable de los ataques al gremio, sin que existan investigaciones que lo sustenten, las denuncias de agresiones documentadas por Artículo 19 advierten un panorama distinto: En 2010, apuntó, en “76 casos, más de la mitad de los documentados (155), las víctimas identificaron como sus agresores a agentes del Estado encargados de la seguridad nacional, y en 2009 dos terceras partes de los 244 casos documentados, los perpetradores estaban entre las fuerzas de seguridad, de la policía y de las Fuerzas Armadas”. El activista sostuvo que “la negación por parte del Estado” de que entre policías y soldados hay agresores a periodistas, “se traduce en impunidad”, tanto así que actualmente Artículo 19 conoce nueve casos de comunicadores que optaron por salir del país, en tanto que desde 2009 a la fecha, unos 19 reporteros se desplazaron de sus ciudades de origen por falta de garantías para realizar su trabajo. González añadió que ante el clima de violencia, la impunidad y la falta de voluntad política del Estado para aplicar mecanismos de protección para periodistas, el camino que le queda a los comunicadores es la autocensura; de ahí que la sociedad recurra a las redes sociales y al internet para llenar el vacío informativo. Sin embargo, dijo, la respuesta tanto del crimen organizado como de entidades como Veracruz, ha sido acallar esas voces, y recordó el crimen de una periodista de Tamaulipas, cuyo cuerpo apareció en la vía pública con un mensaje y rodeada de partes de computadora. En tanto que en Veracruz se detuvo a dos personas acusadas de terrorismo por difundir información en Twitter, y se aprobó una ley para sancionar los rumores difundidos en las redes sociales. En respuesta, el fiscal especial Gustavo Salas descalificó el informe de Artículo 19, el cual dijo estaba lleno de adjetivos y valoraciones que no correspondían a la realidad. Aseguró que de febrero de 2010 a la fecha, la fiscalía a su cargo integró 192 investigaciones, y que de septiembre de 2010 al mismo mes de este año, fueron consignados 47 presuntos responsables, y que se han atendido 77 solicitudes de medidas cautelares. La relatora Catalina Botero insistió en que “las cifras de agresiones a periodistas son alarmantes y constituyen un problema serio y que de lo que se trata es que existan resultados”. Puntualizó en la urgencia de retomar las recomendaciones que recientemente hizo la relatoría a su cargo para mantener un mecanismo que tenga los lineamientos de protección, prevención y procuración de justicia, así como una efectiva capacitación de policías y miembros de fuerzas armadas sobre el derecho a la libertad de expresión.