MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (CDHMT) acusó al gobierno de Felipe Calderón de “eludir su responsabilidad” y de negarse a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) a favor de las indígenas guerrerenses Inés Arredondo Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Santiago Aguirre, abogado de “Tlachinollan, organización que representa a las víctimas, calificó como “decepcionante” que después de casi diez años de que ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados mexicanos y de que hayan recurrido a instancias internacionales para exigir justicia, “el Estado mexicano sigue eludiendo su responsabilidad”. El abogado manifestó su preocupación por la falta de avances, a pesar de que Felipe Calderón se ha comprometido públicamente a que cumplirá con las sentencias de la Coidh. La más reciente, la semana pasada, ante el relator especial para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rodrigo Escobar. Antes, el 11 de agosto, hizo lo mismo ante el presidente de la Corte, Diego García Sayán. El abogado Aguirre destacó que en la sentencia a favor de las indígenas guerrerenses, así como en los casos de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y de la tortura contra los campesinos ecologista Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el tribunal de la OEA ordenó reformar al Código de Justicia Militar y que los casos sean investigados en el fuero común. “En los casos de las indígenas guerrerenses, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) mantuvo las indagatorias diez meses después de la sentencia hasta que el pasado 12 de agosto notificó que había trasladado los expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR), pero fue hasta el 20 de septiembre que los representantes de ambas mujeres estaban radicados en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)”, señaló el abogado. “Sin embargo –agregó—, hasta ahora no hemos tenido acceso a las averiguaciones, que pensamos ya estaban suficientemente avanzadas para que pudieran ser consignadas ante un juez”, toda vez que tanto Inés como Valentina identificaron a cuatro de sus agresores entre un compendio fotográfico de militares que operaron durante entre febrero y abril de 2002, periodo en el que fueron abusadas. El abogado de Tlachinollan –organización que junto con el Centro para la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) defendió a las indígenas— indicó que el hecho de que las averiguaciones se hayan enviado al fuero federal, el gobierno está “admitiendo que son servidores públicos federales los responsables de las violaciones sexuales”. Añadió que aunque las sentencias de la Coidh “no establecen qué instancia del fuero ordinario debe dar respuesta, sí dan claridad en que deben de atender la participación de las victimas, que sea una investigación con perspectiva de género, con respeto a su etnicidad que no se les revictimice, que no se les exponga a nuevos riesgos, y esa va a ser nuestra exigencia”. En un comunicado conjunto, Cejil y Tlachinollan, destacaron que “el incumplimiento de estas medias implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en su conjunto, incluido al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete”, como la reforma al fuero militar y “una regulación adecuada del amparo que abriera la posibilidad de impugnar el fuero militar, de modo acorde a lo mandado por el tribunal interamericano”. Resaltaron que como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado mexicano “debió ya haber informado a la Coidh las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir con lo dispuesto por el tribunal”, pero dado la falta de acciones concretas para dar cumplimiento “es de esperarse que el máximo tribunal interamericano emita resoluciones, en relación a ambas sentencias”.