Condenan ONU y CIDH asesinatos de periodistas en México

martes, 4 de octubre de 2011
OAXACA, Oax. (apro).- De 1999 a julio pasado, la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión. De acuerdo con un informe presentado en esta ciudad por Omar Gómez, responsable del área jurídica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país. En el documento, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, deja sentir su preocupación por la situación prevaleciente en el país, y exhorta al gobierno a hacer más para salvaguardar la libertad de expresión. “No solamente permitiendo la pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas”, puntualiza. E insiste que las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. El texto resalta que tras haber constatado en julio de 2011 la situación compleja por la que atraviesa la libertad de expresión en México, lo que más le alarmó a la alta comisionada son “los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques contra periodistas”, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para erradicar esa impunidad. Las relatorías de la ONU y la CIDH confían en que la publicación del informe contribuirá a la materialización acelerada de esfuerzos efectivos que apunten a la instrumentación de las recomendaciones en materia de libertad de expresión porque, aseguran que “se trata de una tarea que no puede esperar”. Además, consideran que lo que está en juego no es solamente la vigencia de un derecho, sino “la consolidación democrática que abreva de una libertad fundamental, la seguridad de periodistas que arriesgan su vida e integridad y el derecho de la sociedad a estar debidamente informada”. En el documento se hace referencia a las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los 64 periodistas asesinados y los 11 desaparecidos de enero de 2006 a julio de 2011. El informe añade que aunque es deber de los Estados prevenir e investigar los hechos, sancionar a los responsables y asegurar a las víctimas una reparación adecuada, destaca que la situación de seguridad de los periodistas sigue siendo crítica y la violencia tiende a incrementarse, debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país. Hace hincapié en que el problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población. Sin embargo, apunta, “las agresiones contra periodistas y comunicadores tiene efectos multiplicadores que impactan en su gremio, pero además genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad”. Agrega que de particular gravedad resulta la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas en México, fenómeno que, subraya, alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes. También menciona que “sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población”. Entre las 77 recomendaciones emitidas se pide al Estado que reconozca la legitimidad y el valor de la labor periodística y condene las agresiones cometidas, y que recopile estadísticas criminales detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas. Asimismo, que fortalezca a la Fiscalía Especial para la atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como a los órganos locales de procuración y administración de justicia, y que adopte las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal, dote de autonomía y recursos a la fiscalía y procuradurías locales, y fortalezca los órganos públicos de derechos humanos.