Niega alcalde haber pagado $300 mil por asesinato de diputado

miércoles, 5 de octubre de 2011
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, fue acusado de ordenar el asesinato del diputado federal, Moisés Villanueva de la Luz, también del PRI, cuyo cadáver, junto con el de su chofer Erick Estrada Vázquez, fue encontrado el 17 de septiembre, informó el procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas. Al mediodía, en una conferencia de prensa, el procurador dio a conocer que, de acuerdo con dos detenidos por el doble homicidio, un alcalde de la región de La Montaña habría pagado 300 mil pesos a cuatro personas, entre ellas a un policía ministerial en funciones adscrito al municipio de Huamuxtitlán. Sin embargo, se negó a revelar el nombre del edil en cuestión y el del municipio que gobierna. Durante la conferencia que se realizó al mediodía en la sede de la Policía Ministerial, en esta capital, el procurador presentó a dos de los cuatro presuntos asesinos: Antonio Jiménez Chino, El Fantasma, de 19 años, y su hermano Florencio, miembro de la Policía Ministerial adscrito al municipio de Huamuxtitlán. Los otros dos supuestos autores materiales fueron identificados como El Pato y El Gordo, quienes se encuentran prófugos, y de los cuales el procurador sólo presentó los retratos hablados de ambos. Al respecto, el procurador dejó en claro que el tema de los autores materiales “está resuelto”. De acuerdo con el procurador, el sujeto apodado El Gordo fue quien recibió los 300 mil pesos de parte del alcalde priista de Tlapa de Comonfort; y adelantó que solicitará que el edil sea arraigado para evitar que huya de la justicia. Por la noche, el procurador Alberto López informó que uno de los detenidos, en su declaración ministerial señala directamente al alcalde de Tlapa, Willy Reyes, como el autor intelectual del doble homicidio. Por la tarde, fuentes de la Procuraduría señalaron que la PGJ elabora un oficio donde solicita al Congreso local el desafuero del alcalde priista. Las mismas fuentes agregaron que el móvil del doble asesinato está relacionado con una supuesta riña generada por “negocios” y “competencia” entre Willy Reyes y Villanueva. El diputado federal Moisés Villanueva desapareció el domingo 4 de septiembre en Tlapa de Comonfort, después de acudir al festejo del diputado local priista Javier Morales Prieto. Casi dos semanas después, el cuerpo del legislador fue localizado, junto con el de su chofer, en avanzado estado de putrefacción. Ambos tenían un tiro en la cabeza. Los cuerpos estaban tirados en un barranco ubicado sobre la carretera federal Tlapa-Puebla, a la altura del municipio de Huamuxtitlán, reportaron autoridades locales. Este día, la PGJ señaló a través de un comunicado que de acuerdo con la declaración de uno de los detenidos, cerca de las 10 de la noche del pasado 4 de septiembre, los cuatro involucrados, que viajaban en un auto compacto, interceptaron al diputado federal sobre la carretera federal en las inmediaciones del municipio de Huamuxtitlán. Villanueva viajaba en compañía de su chofer rumbo a la ciudad de Puebla a bordo de una camioneta. Según la PGJ, el diputado y su asistente fueron encerrados en la cajuela del auto que llevaban los presuntos asesinos, un Honda blanco con reporte de robo en Iguala, quienes enfilaron hacia un basurero donde golpearon a las víctimas; enseguida volvieron a meterlos en el portamaletas y los llevaron hacia un puente donde los ejecutaron de un tiro en la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros y los arrojaron a un barranco, el sitio donde finalmente fueron encontrados el 17 de septiembre. La dependencia estatal refiere que uno de los detenidos, Antonio Jiménez, declaró que recibió 10 mil pesos como pago y su hermano, Florencio aceptó 5 mil pesos por escoltar, “en todo momento”, a bordo de otro auto, a los sujetos que ejecutaron al diputado federal y a su asistente. “Yo no fui”: Willy Reyes Por la noche, en una entrevista de televisión, el alcalde de Tlapa se deslindó de las acusaciones y rechazó que haya ordenado el asesinato del diputado Villanueva, de quien se dijo amigo y con quien, aseguró, llevaba una “relación magnífica”. Reveló que habló telefónicamente con el procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, quien le aclaró que la PGJ no tiene “nada” contra él y que no era necesario que, por el momento, se presentara a declarar. Sin embargo, urgió al procurador a fijar una postura sobre su situación jurídica ante los señalamientos de los detenidos que lo ubican como el autor intelectual, y anunció que sus abogados “harán lo conducente”. Por su parte, el Comité Directivo Estatal del PRI, que se enfrascó en una confrontación verbal con el gobierno del Ángel Aguirre, por el homicidio del diputado Villanueva, este miércoles guardó silencio, pese a que, sus dirigentes acusaron directamente al secretario de Desarrollo Rural en la entidad, Sofío Ramírez Hernández de haber “presionado políticamente” a Moisés Villanueva. El domingo 17 de septiembre, por la noche, unas horas después de la que la Procuraduría local confirmó el hallazgo del cuerpo de Villanueva y su chofer, el dirigente estatal del PRI, Efrén Leyva Acevedo, y el coordinador de diputados federales priistas en la entidad, Cuauhtémoc Salgado, condenaron el doble crimen y exigieron que se investigara a Ramírez Hernández. Acusaron al funcionario estatal de “presionar políticamente” al diputado, quien suplió a Ramírez Hernández en el Congreso de la Unión cuando éste solicitó licencia al cargo para incorporarse al gabinete de Ángel Aguirre en abril de este año. En respuesta a los señalamientos del PRI, el lunes 18, el funcionario estatal pidió a la Procuraduría que investigara entre los priistas que acudieron al festejo del diputado local del PRI, Javier Morales Prieto, realizado el domingo 4 de septiembre en Tlapa, ya que fue el último lugar que se le vio con vida al diputado federal ejecutado. Ramírez atribuyó la acusación de los priistas a una campaña de “linchamiento” para desvirtuarlo y cerrar el paso a sus aspiraciones políticas. También  calificó la acción de los priistas como un acto perverso que sólo buscaba lucrar con el dolor humano para capitalizar su interés político. Por su parte, el gobernador Aguirre también descalificó la acusación de los priistas contra su colaborador, exigió pruebas de las acusaciones y demandó que no se politizara el caso.

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