VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy la recomendación 61/2011 contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno estatal y autoridades de ocho alcaldías para que indemnicen a los afectados por las inundaciones del año pasado. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, también hizo un llamado a las autoridades para concluir obras de protección y colaborar en las demandas que presentará en contra de funcionarios federales y estatales que hayan incurrido en responsabilidad penal. Dirigida al director general de la Conagua, José Luis Luege Tamargo; el gobernador Andrés Granier Melo, y los alcaldes de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, la recomendación exige la reparación de daños a quienes hayan sido afectados por obras realizadas por Conagua “antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas”. Además, ante el incumplimiento de las obras de protección, la CNDH solicita que se instruya a quien corresponda para concluir, “en tiempo y forma”, las obras hidráulicas planeadas para realizarse entre el periodo de 2007 a 2012; se realicen los estudios y trabajos respectivos, y se tomen las medidas técnicas “para evitar en un futuro inundaciones como las ocurridas en 2010”. También para que, de manera coordinada y con la participación de la población, se ponga en marcha un plan de contingencias en materia de protección civil, con la finalidad de establecer medidas efectivas que permitan brindar atención oportuna durante el desarrollo de eventos hidrometeorológicos y, posteriormente, apoyar a las personas afectadas para brindar mayor seguridad y salvaguardar a los habitantes. Asimismo, deberán colaborar y dar seguimiento a las demandas penales que la CNDH presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) y de Justicia del Estado (PGJE) para investigar la responsabilidad penal en que hayan incurrido funcionarios federales y estatales. La recomendación de la CNDH llega cuando más de 200 representantes de un grupo de más 3 mil 500 afectados de comunidades rurales del municipio de Centro (Villahermosa) cumplieron hoy más de 24 horas de plantón frente a las oficinas locales de la Conagua y de bloquear intermitentemente la céntrica vía Paseo Tabasco de esta capital, donde se ubican las instalaciones de la dependencia federal. Los inconformes, en su mayoría campesinos, exigen pagos por daños causados a sus tierras y cultivos por obras realizadas por la Conagua desde 2008, que los condenó a vivir permanentemente inundados, lo que no sucedía con anterioridad. En respuesta, la dependencia federal denunció que el tema hidráulico en Tabasco está “contaminado” por intereses políticos y repudió que se esté gestando “otra industria de la reclamación”, pero ahora por las inundaciones, como en el pasado fue por el petróleo. Provenientes de las zonas de Los Aztlanes, Tintillo y Acachapan y Colmena, donde se encuentran alrededor 20 ejidos y rancherías, todos pertenecientes al municipio de Centro, los campesinos exigen el pago de 184 millones de pesos por daños a más de cinco mil hectáreas de cultivos, pastizales y zonas lagunares. El coordinador del Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab), Javier Torres Sánchez, que asesora a los afectados, recriminó que las obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) se hayan diseñado sólo para salvar a la ciudad de Villahermosa, a cambio de inundar permanentemente a colonias, villas, rancherías y ejidos aledaños. Denunció que el PHIT, que desde 2008 a la fecha, a través de la Conagua, ha ejercido alrededor de 7 mil millones de los 9 mil millones de pesos ofrecidos por el presidente Felipe Calderón, se convirtió en un “pozo de corrupción” de la dependencia federal, el cual “salpica a funcionarios estatales, municipales, políticos, empresarios y constructores, quienes saquean y dilapidan de manera impune los dineros de la nación”. Explicó que, a partir de la inundación d2008, la Conagua, “en complicidad” con el gobierno estatal, y de manera imprevista, abrió canales “de alivio” para desviar parte de las aguas del río Grijalva antes de atravesar Villahermosa, a fin de impedir que se inundara como en 2007. Lo anterior provocó que comunidades aledañas se anegaran como no sucedía anteriormente, obligando a sus habitantes “a abandonar sus tierras”. La Conagua y el gobierno del estado, acusó, “decidieron convertir en una mini-represa unas 5 mil hectáreas de tierras agrícolas, pesqueras y ganaderas en perjuicio de más de 3 mil 500 familias de la región”, protestó. Sostuvo que los daños desde 2008 superan los 184 millones de pesos, sin contar los provocados por la reciente inundación, y advirtió que los campesinos afectados no se moverán de las oficinas de la Conagua hasta encontrar respuesta inmediata y positiva a su demanda del pago de afectaciones. La delegación de la Conagua replicó que el tema en Tabasco “está contaminado por actores con intereses políticos” y, además, dijo, ignorantes, ya que ni siquiera con un mapa conocen los ríos “que confunden de manera por demás vergonzosa”. Sin mencionar nombres, reprobó que se esté promoviendo “una nueva industria de la reclamación por inundaciones”, y lamentó que “por intereses oscuros se venda la idea de que las crecientes en Tabasco son fabricadas. “Así como los pantanos y popales, las grandes lagunas no van a desaparecer, tampoco van a desaparecer las recurrentes crecientes, que son parte de un proceso natural”, sostuvo. “Trabajar con las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad organizada en procesos propios de adaptación al cambio climático, como se está haciendo en todo el mundo, es el verdadero camino para bajar el impacto que la naturaleza provoca históricamente en Tabasco año con año”, resumió.