MÉXICO, D.F. (apro).- En una muestra más del desdén del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, canceló su asistencia a la disculpa pública por la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la “guerra sucia” de la década de los setenta. Ante la actitud gubernamental, a través de un comunicado Tita Radilla Martínez, hija del líder comunitario de Atoyac, anunció la cancelación del evento que se llevaría a cabo el próximo lunes 14 de noviembre en el municipio guerrerense. El acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado forma parte de los ordenamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contenidos en la sentencia difundida en diciembre de 2009. Según Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) –organización que litigó el caso Radilla ante el tribunal internacional–, el gobierno de Calderón se comprometió a incluir en una placa en memoria de Radilla Pacheco, una cita textual de la sentencia en la que se consideraba la desaparición del líder campesino como parte de un patrón de abusos militares durante la “guerra sucia”. En el comunicado firmado por la familia Radilla Martínez, la CMDPDH y la Asociación Mexicana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem), se indica que la Segob informó el miércoles a los representantes del caso “la cancelación de la presencia del titular de esa dependencia, Francisco Blake Mora, al mencionado evento, como se había acordado, previamente con las víctimas y sus representantes, conforme a lo ordenado por la Corte IDH”. Tita Radilla, vicepresidenta de la Afadem, organización que ha documentado más de 400 casos de desaparición forzada en Atoyac durante la “guerra sucia”, consideró el desdén gubernamental como “una muestra más de la insensibilidad y la falta de respeto a las víctimas y a los acuerdos previamente alcanzados para cumplir la sentencia”. Para la defensora, “cualquier acto que no se ajuste a los términos a los que se había logrado llegar por escrito con la Segob, pierde todo valor como medida de reparación; a casi dos años, el Estado no ha cumplido con la sentencia”. La Afadem y la CMDPDH consideraron que la inasistencia de Blake “evidencian la falta de disposición del gobierno federal para acatar la sentencia en sus términos, toda vez que la Corte Interamericana ordenó que el acto debe realizarse de común acuerdo y en presencia de altas autoridades nacionales y los familiares del señor Radilla Pacheco”. Apenas el lunes 7 de noviembre los familiares de las víctimas de feminicidio localizadas en el Campo Algodonero, que derivó en otra sentencia de la Coidh tampoco asistieron a un acto de disculpa pública porque no se incluyeron los nombres de todas las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, de 1993 a 2006, como se había comprometido el gobierno de Calderón. Para la Afadem y la CMDPDH la decisión del gobierno calderonista de no acudir a los actos de reconocimiento, pone al México a la zaga de otras naciones de la región que han honrado sus compromisos internacionales con la presencia de autoridades en actos de reconocimiento público de responsabilidad ordenados por la Corte IDH. Las organizaciones citaron a países como Panamá, Colombia y Guatemala, en donde las disculpas públicas estuvieron encabezadas por funcionarios de la talla de presidente de la República, ministro del Interior de Justicia y vicepresidente, respectivamente.