CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En el mismo lugar donde hace tres años la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) buscó, sin resultados positivos, los cuerpos de siete hombres procedentes de Michoacán, que desaparecieron en agosto de 2008 en la región de la Costa Grande, el viernes 11 la dependencia estatal volvió a excavar en la zona sin encontrar nada. Se trata de un rancho ubicado frente al Pacífico mexicano en la comunidad de Zacualpan, municipio de Atoyac de Álvarez, reveló este lunes 14 el procurador Alberto López Rosas. Lo anterior ocurre a cuatro días de que la dependencia estatal, mediante un comunicado oficial, anunció que el viernes pasado reanudaría la búsqueda de los michoacanos, pero se abstuvieron de informar sobre los resultados de la labor realizada por peritos de la PGJE. En el parte oficial difundido la noche del jueves 10, la dependencia estatal señaló que habían determinado reanudar la búsqueda de los michoacanos, debido a que desde julio de este año la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para investigar este caso, del que no se tenía registro público. Sin embargo, la Procuraduría local omitió informar que las labores de búsqueda se realizarían en un rancho de más de 40 hectáreas, donde se produce mango para su exportación, y que en 2008 fue cateado por autoridades ministeriales, debido a que existían indicios de que en este lugar habían sido inhumados clandestinamente los siete michoacanos. Las víctimas, que se dedicaban a la compra y venta de oro, desaparecieron el 28 de agosto de ese año sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cuando se trasladaban del municipio de Atoyac de Álvarez –donde fue la última vez que los vieron con vida– a Coyuca de Benítez. Los michoacanos fueron identificados como Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera; Luis Carlos Barajas Alcázar; Joel Franco Ávila; José Luis Barajas Díaz; Flavio Alejandro Higareda y Rafael Cervantes Rodríguez. En su comunicado del jueves pasado, la PGJE señaló que después de realizar “diversas indagatorias” sobre el caso, “se obtuvieron fuertes indicios” que podrían llevar a la localización de los siete michoacanos en Atoyac de Álvarez. Abordado este lunes sobre el tema, López Rosas informó que en el operativo del viernes simplemente no habían encontrado nada y confirmó que, en 2008, la fiscalía local ya había realizado una operación en el mismo sitio que se encuentra en la franja costera. Al preguntarle las causas que los llevaron al mismo sitio donde habían buscado los cuerpos hace tres años, López Rosas sólo se limitó a decir que había indicios que hacían suponer que los siete michoacanos estaban enterrados en esa zona, y anunció que los trabajos de búsqueda continuarán en los próximos días. Denuncian compra de helicóptero inservible El procurador convocó este mediodía a una rueda de prensa en la sede de la PGJE, al sur de esta capital, para informar que un helicóptero Bell, modelo UH-1H HUEY, que fue adquirido durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, en casi 40 millones de pesos, no es apto para volar. Dijo que desde el 7 de abril solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) que iniciara una investigación para sancionar a los responsables de la adquisición de la aeronave de origen estadunidense, la cual tiene una antigüedad de 45 años y fue reconstruida para realizar funciones policiacas. Según documentos oficiales, el 21 de mayo de 2009 la empresa Helicopters of América SA de CV --que tienen una sucursal en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México-- vendió al gobierno estatal un helicóptero Bell "reconstruido" en 39 millones 526 mil 937 pesos, el cual fue destinado a la PGJE para realizar funciones policiacas. A pesar de que en la gestión pasada la aeronave realizó varios sobre vuelos en la entidad, la mayoría para transportar a exfuncionarios de la dependencia estatal a diversas regiones para participar en actos públicos, la actual administración --que comenzó su periodo el uno de abril pasado-- detectó diversas anomalías técnicas que imposibilitan el uso del aparato. Al respecto, López Rosas señaló que espera que en breve la Contraloría emita su dictamen sobre el caso y dijo que independientemente de la sanción contra los exfuncionarios que se encargaron de la compra del helicóptero, es necesario que la empresa devuelva el monto de la adquisición, pues el aparato incumple con las especificaciones de uso para el que fue vendido.