Denuncian ante PGR un caso más de tortura a manos de militares

miércoles, 16 de noviembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- Israel Arzate Meléndez, implicado en la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas torturas sufridas a manos de militares el 3 de febrero del año anterior. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Centro Juárez de Apoyo al Migrante, Arzate Meléndez denunció los supuestos actos de tortura para que inculpara a otras personas y admitiera su participación en la matanza de 15 jóvenes el 30 de enero de 2010. La abogada del Centro Prodh, Jacqueline Sáenz, explicó que Arzate, quien logró el amparo por dos procesos iniciados en su contra, fue detenido ilegalmente por militares el 3 de febrero de 2010 a las cinco de la tarde para luego ser conducido a la guarnición castrense de Juárez. En ese lugar, relató la abogada, fue torturado por tres días seguidos hasta su presentación ante los medios, poco antes de la medianoche del 6 de febrero de ese año, como uno de los responsables de la matanza de Villas de Salvárcar. Israel recibió golpes y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo para obligarlo a firmar declaraciones apócrifas. Sin embargo, cuando sus torturadores amenazaron con violar y asesinar a su esposa fue que la víctima accedió a firmar los documentos y a ser videograbado aceptando los cargos. “No fueron las únicas ocasiones en que los militares lo torturaron, una vez ingresado en la cárcel municipal, Israel fue sacado de prisión el 9 de febrero y el 17 de marzo de 2010, para ser nuevamente torturado; en estos últimos hechos también estuvieron involucrados militares”, apuntó Sáenz Andujo. El 11 de febrero de ese año, fecha en que Israel fue puesto a disposición de la juez Anabel Chumacera, denunció a militares como sus torturadores y mostró las lesiones que tenía en el cuerpo. Sin embargo, la juez pasó por alto la queja y se negó a certificar las huellas de tortura. Ante esa negligencia, Israel solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que confirmó, con base en el Protocolo de Estambul, las lesiones físicas y psicológicas inflingidas al quejoso. En la recomendación 49/2011, la CNDH certificó que Israel Arzate presentaba amplias zonas de quemaduras eléctricas en el cuerpo, producto de las sesiones de choques eléctricos a que fue sometido. Luego de recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió la recomendación, la abogada del Prodh destacó que la CNDH advirtió que presentaría denuncias formales ante la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua, así como ante la Procuraduría de Justicia Militar (PJM). “No estamos seguros que la CNDH haya tramitado las quejas, pero lo que es criticable es esa práctica perniciosa que tiene el organismo de dar vista a la PJM, reconociendo el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos cuando ya existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reprueban la extensión del fuero”, lamentó Jacqueline Sáenz. El de Arzate fue uno de los 170 casos de tortura documentados en el reporte Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que incluye 39 expedientes de desaparición forzada y 24 de ejecuciones extrajudiciales, y presentado el pasado miércoles 9. Sáenz Andujo sostuvo que a pesar de que la CNDH comprobó la tortura, hasta ahora Israel Arzate no ha recibido tratamiento médico ni psicológico, ni mucho menos hay servidores públicos que estén bajo investigación. “Arzate está en estos momentos arraigado en la Academia de Policía, mientras se resuelve el amparo, que no ha procedido porque no se ha notificado a todos los familiares de las víctimas de Salvárcar como terceros perjudicados, y aunque la situación en este lugar es mejor que en el penal, lo cierto es que no tiene acceso a ninguna atención por las secuelas de tortura”, añadió. Para la abogada, una resolución de la denuncia “a más tardar en una semana”, con número de averiguación previa y asignación de agentes del MP, “sería una prueba del mencionado interés del gobierno federal de atender estos señalamientos de tortura”. Apuntó que “lo más importante es, primero, que procedan las investigaciones, que se dé con los responsables y se les sancione, en el fuero civil, por supuesto, pero ante todo que se cree un precedente para trabajar en la abolición de la tortura como método para cerrar investigaciones, involucrando a personas en delitos que no cometieron”.