CELAYA, Gto. (apro).- La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad investiga a elementos de la Policía Federal (PF) y de la Policía Federal Ministerial por sus posibles vínculos con actividades del grupo criminal michoacano “Los Caballeros Templarios”, informó aquí el delegado Gerardo Ariza Franco. A principios de noviembre, en un operativo encabezado por la Procuraduría General de Justicia del Estado fue detenida una célula de los “Templarios” que operaba en Celaya, misma que era encabezada por Samuel Reynoso o Inocencio Carranza, personaje presuntamente allegado a Servando Gómez, La Tuta. A partir de estas detenciones, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ventiló el hallazgo de una nómina en la que aparecen varios funcionarios del gobierno municipal y elementos de seguridad, los cuales supuestamente recibían pagos por proteger al grupo delictivo. Incluso, Zamarripa precisó que en la lista aparecen los números de varias patrullas de seguridad y de los elementos que las operan. Al respecto, el delegado Ariza Franco argumentó que no conocía a detalle el expediente de la investigación y que las listas que se aseguraron en el operativo de captura de los ‘Templarios’ “son muy vagas y no aparecen los nombres”. Sin embargo, posteriormente admitió que existe la presunción de que agentes federales que laboran en la región de Celaya “tienen vínculos o recibieron dinero de la delincuencia organizada”, específicamente del grupo referido. Sin dar nombres ni detalles de la averiguación por cuestión de  secrecía, el delegado reconoció que “las patrullas a que se refiere el procurador son de la Policía Federal”. Insistió en que la investigación está en curso y es prematuro determinar si hay responsabilidad o no de los elementos de la PF. “La obligación de la PGR es investigar cualquier vínculo de servidores públicos con la delincuencia organizada. Si hay elementos, se consignará”, dijo el delegado, quien en la escueta entrevista regañó a los medios de comunicación por “difundir cuestiones que no se deben difundir, y entorpecer las investigaciones”. Apenas el jueves en sesión del Senado, el priista guanajuatense Francisco Arroyo Vieyra presentó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR a que investigue a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al gobierno municipal de Celaya, que encabeza la alcaldesa panista y exdiputada federal Rubí Laura López Silva, ante la sospecha de que varios de los miembros de su administración colaboraban con los Caballeros Templarios. El senador Arroyo pidió que la investigación de SIEDO incluya a la propia alcaldesa López Silva, pues señaló que durante su gestión “Celaya ha sido azotada por una tremenda inseguridad pública” y un elevado número de delitos de alto impacto. Citó el operativo de la PGJ que derivó en la aprehensión de diez presuntos integrantes de los Templarios en esa ciudad, así como todas las actividades ilícitas que éstos efectuaban, como el cobro de extorsiones a unos 500 negocios y comercios de todo tipo. “Es alarmante que en la investigación realizada por la Procuraduría del estado estén involucrados funcionarios municipales, proporcionando información a la cual tienen acceso por el desempeño de su cargo, porque deja en un estado de vulnerabilidad total a todos los habitantes de  Celaya”, indicó el senador del PRI. Consideró urgente que la investigación llegue hasta la detención y el castigo a los funcionarios municipales que sean encontrados responsables de colaborar con el grupo delictivo, y acusó a la Alcaldesa de evadir su responsabilidad en materia de seguridad en el municipio, por lo que también propuso que ésta pida licencia al cargo hasta que concluya la investigación de este caso.