LA HAYA (apro).- En nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la denuncia también se incluyen los nombres de los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados. En una reunión con el personal de la Fiscalía –que duró 40 minutos–, el abogado mexicano entregó un expediente (“comunicación de información”) que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico. El fiscal Luis Moreno Ocampo no pudo estar presente en el acto de acusación por razones de viaje. La Fiscalía tendrá ahora que comenzar el análisis de la información proporcionada por Sandoval y, en caso de encontrar elementos probatorios de la acusación, podría abrir una investigación, tras la cual eventualmente podría entablar responsabilidades penales contra los inculpados. Todo este proceso podría tomar años, explica el abogado mexicano, quien solicitó a la Fiscalía un tratamiento del caso de México similar al de Colombia y Honduras, en los cuales decidió arrancar un procedimiento, aunque todavía no haya fijado acusaciones penales. “Lo que estamos pidiendo a la CPI –dijo Sandoval a Apro– es que aplique lo que en derecho internacional se llama principio de congruencia: si en Colombia hay una situación grave y en Honduras menos grave, y en ambos casos se abrió una investigación preliminar, entonces en consecuencia la Corte debe abrir una investigación del mismo tipo en México”. Además, la acusación mexicana también instó a la Fiscalía a que le pida informaciones al gobierno mexicano. Cabe la posibilidad también que el fiscal determine, tras el análisis de los documentos proporcionados, que la acusación no es procedente, lo que no impediría que en futuro pudieran plantearse acusaciones parecidas, siempre y cuando aportaran nuevos elementos. Una decisión de la fiscalía en esa dirección se conocería en los próximos meses. El abogado mexicano proporcionó a esta agencia el índice del expediente, que permanecerá abierto de tal modo que puedan sumarse nuevos testimonios y denuncias. Entre otros capítulos de tal índice, se encuentra uno que describe el “contexto” de la situación en México. Enlista como subcapítulos “homicidios, desplazamientos, desapariciones forzadas, control y poder del crimen organizado en México, cierre de escuelas en Guerrero, conflicto armado de carácter internacional e impunidad”. Otro apartado aborda los “actos concretos que constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad”: por un lado, se mencionan aquellos “imputables al gobierno federal: violaciones sexuales por parte del Ejército, esclavización de migrantes por parte del gobierno federal, homicidios en contra de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas por parte del ejército, homicidios en contra de civiles y su intento de encubrimiento, tortura como mecanismo para lograr inculpaciones”. También “ejecuciones extrajudiciales, falta de protección a las víctimas, y ataque sistemático como modus operandi utilizado por el Ejército, la Marina y las policías federales para violar derechos humanos”. En cuanto a los “actos imputables a los narcotraficantes”, se refiere en particular a los “ataques a hospitales, ataques a centros de rehabilitación, amputaciones, ataques a civiles, reclutamiento de niños menores de 15 años y narcofosas”. Dedica igualmente un capítulo a la “libertad de expresión amenazada”: hace un recuento de los asesinatos y desaparición de periodistas y la autocensura existente en el país, y pone como ejemplo de tal situación la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, encabezado, dice el documento, “por el monopolio de las comunicaciones nacionales”. Según los estatutos de la CPI, el fiscal puede abrir una investigación sometida por un Estado asociado o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también puede hacerlo “por iniciativa propia si recibe información de crímenes que puede juzgar la CPI por parte de personas u organizaciones”. Hasta ahora la CPI ha abierto 13 expedientes referentes a siete países: Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil. En una charla posterior a la entrega de la demanda, Sandoval replicó los planteamientos oficiales que juzgan innecesaria la intervención de la CPI. “En México no están tipificados los delitos de desaparición forzada, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hay una imposibilidad jurídica que contempla el Estatuto de Roma de la CPI. Prevé que si un país no puede juzgar ciertos delitos, entonces ella es competente para hacerlo. Aunque se legislara y se pusieran en vigor esos delitos en México, en derecho existe el principio de no retroactividad de las leyes penales, por lo que no se podrían de todos modos juzgar los crímenes cometidos (durante este sexenio). Por esa razón, en el caso mexicano es aplicable el principio de complementariedad de la CPI”. Señala que la responsabilidad penal del presidente Calderón no está vinculada con un acto de orden expresa de cometer los crímenes por lo que se le acusa. El Estatuto de Roma no sanciona solamente las órdenes. Su artículo 28 establece la responsabilidad de los mandos. Los mandos militares, pero en general quien detenta un poder de mando de las fuerzas combatientes, no solo tienen la obligación de no dar órdenes de cometer acciones que violen el derecho internacional humanitario. También tienen la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan esas violaciones y de sancionar a quienes las cometan. Si los mandos superiores no sancionan a sus subordinados que cometieron esos actos, ellos son penalmente responsables. En México, sólo hay un soldado que está en prisión por su responsabilidad en un crimen. Los responsables del Instituto Nacional de Migración (INM) de haber participado en la venta y secuestro de migrantes, deberían estar en prisión; es insultante que el gobierno diga que la sanción para esas personas que están esclavizando a personas es el despido. Es ese clima de impunidad, imputable al presidente Calderón, que está generando toda la violencia.