Denuncian en Chiapas traslado "arbitrario" de dos migrantes cubanos

viernes, 25 de noviembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) trasladaron a Puebla, “de manera arbitraria y sin previa notificación”, a dos migrantes cubanos que se encontraban en huelga de hambre en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI (EM SXXI) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Miriam González Sánchez, integrante de la organización, informó que a las 15:00 horas de ayer, sin informar a sus representantes legales, los migrantes Richard René Remedios Morrell y Julio Esteban González Amaral, quienes estaban retenidos en la EM SXXI, fueron trasladados a la Estación Migratoria de Puebla, en un viaje de 15 horas por carretera. “No se tomó en cuenta que tienen un estado de salud delicado, pues llevaban 24 días en huelga de hambre, una situación de salud que ya venían arrastrando desde mayo pasado, cuando estuvieron otros 24 días en huelga de hambre, pero en esa ocasión dentro del penal de Tapachula”, destacó la defensora. Los cubanos, explicó, recurrieron a la huelga de hambre como un mecanismo de protesta, toda vez que han estado retenidos por el INM durante más de 10 meses, sin que se les defina su situación migratoria y, peor aún, sin que se resuelva una denuncia que interpusieron en abril de este año contra un funcionario de esa institución que los extorsionó. “Cuando ellos ingresan a la EM SXXI e inicia el trámite para definir su situación, un funcionario de nombre Oliver Palemón les pide a cada uno 4 mil dólares para regularizar su estancia en México. Después de meses de que sus familiares depositaron a Palemón el dinero que requería, advirtieron que habían sido engañados, por lo que en abril procedieron a denunciar penalmente a Palemón. Nosotros tenemos las fichas de depósito en los que se demuestra la extorsión”, puntualizó González Sánchez. En mayo, Remedios Morrell y González Amaral fueron detenidos junto con otros 11 migrantes y conducidos al penal de Tapachula, acusados de daños en propiedad ajena, al ser señalados como partícipes de un motín en la EM SXXI. Los presuntos daños causados fueron valuados por el INM en 200 mil pesos. “Como Centro de Derechos Humanos estuvimos litigando porque las autoridades se desistieran. En ese inter, los 13 migrantes, 11 de ellos cubanos, iniciaron una huelga de hambre que duró 24 días”, destacó la activista. Agregó que para que fueran puestos en libertad, la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas pagó los daños reclamados, y luego nueve fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucán, Veracruz, y el resto egresados a la EM SXXI. Después de seis meses de que los cubanos no veían solución a su situación migratoria y tampoco había respuesta a su denuncia, Remedios Morrell y González Amaral decidieron iniciar otra huelga de hambre el 1 de noviembre pasado, “sin permitir ningún tipo de asistencia médica”. Estando en esa condición de protesta, “funcionarios del INM les dijeron que recogieran sus cosas porque se los iban a llevar. No les permitieron llamar a su abogado defensor ni mucho menos tomaron en cuenta su delicada salud”, dijo. Cuando los integrantes de la organización defensora de migrantes se enteró, inquirió al director de la EM SXXI y a la directora de asuntos jurídicos de la misma, Juan Manuel Torres y Pamela Lara, respectivamente, sobre los motivos por los que fueron trasladados los cubanos. Se negaron a responder bajo el argumento de que “era información confidencial”. La activista puntualizó que los traslados irregulares forman parte de una “práctica cotidiana del INM para alejar a los migrantes de sus defensores, y para nosotros va a ser muy difícil trasladarnos a Puebla a interponer una demanda de amparo contra el traslado. Lo mismo –dijo– ocurrió con los otros nueve migrantes, aunque en ese caso el INM argumentó que no tenía las condiciones necesarias para atenderlos”. Para la organización humanitaria, estos casos “son una constante” y demuestran los abusos del INM contra los migrantes, pues no se les garantiza un debido proceso ni acceso a la información, además de que son sometidos a detenciones prolongadas y traslados arbitrarios, hechos que “contravienen los acuerdos nacionales e internacionales y, sobre todo, las garantías individuales de los migrantes”. Miriam González resaltó que ante los agravios, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova exigió al INM que “cese la política discrecional e informe a los migrantes en tiempo y forma las razones de su traslado”. En los casos específicos de Richard Remedios y Julio González, la organización pidió que se les otorgue una visa humanitaria, “toda vez que han sido testigos y víctimas de un delito, y se les garantice que no serán trasladados a otra estación migratoria, pues eso significaría continuar con su detención y obstaculizaría los procesos administrativo y penal”.