No hay elementos para que Corte Penal abra investigación contra Calderón: Segob

viernes, 25 de noviembre de 2011 · 20:48
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de la denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) el jurista mexicano Netzaí Sandoval, por los presuntos crímenes de guerra cometidos en la gestión del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal negó que en México exista un conflicto armado. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que no hay elementos para que la CPI abra una investigación sobre la situación en México, “ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional”, apuntó. De acuerdo con la dependencia, las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las entidades federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Ellas, añade, realizan “una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas”. Según la Segob, en México, como nunca antes, se ha instrumentado de manera sistemática y creciente “una política pública tendiente a fortalecer el Estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos”. Prueba de ello, agrega, son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso de instrumentación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos. Asimismo, señala que el Estado mexicano, a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, “realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos”. Apunta que la jurisdicción de la CPI es complementaria a las nacionales, por lo que actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con la  capacidad o disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales. “En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”, subraya el comunicado. Y añade que para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad, que son competencia de la CPI, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país. “Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”, puntualiza. En nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la denuncia también se incluyen los nombres de los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Marina; Francisco Saynez Mendoza, así como del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados. En una reunión con el personal de la Fiscalía –que duró 40 minutos–, el abogado mexicano entregó un expediente (“comunicación de información”) que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico. La Fiscalía tendrá ahora que comenzar el análisis de la información proporcionada por Sandoval y, en caso de encontrar elementos probatorios de la acusación, podría abrir una investigación, tras la cual eventualmente podría entablar responsabilidades penales contra los inculpados. Todo este proceso podría tomar años, explica el abogado mexicano, quien solicitó a la Fiscalía un tratamiento del caso de México similar al de Colombia y Honduras, en los cuales decidió arrancar un procedimiento, aunque todavía no haya fijado acusaciones penales. “Lo que estamos pidiendo a la CPI –dijo Sandoval a Apro– es que aplique lo que en derecho internacional se llama principio de congruencia: si en Colombia hay una situación grave y en Honduras menos grave, y en ambos casos se abrió una investigación preliminar, entonces en consecuencia la Corte debe abrir una investigación del mismo tipo en México". Además, la acusación mexicana también instó a la Fiscalía a que le pida informaciones al gobierno mexicano.

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