MÉXICO, D.F. (apro).- México se mantuvo como uno de los países con más alto índice de agravios contra defensores de derechos humanos en el mundo, según el Informe Anual 2011 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Auspiciado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el informe resalta que México es una de las naciones de América Latina donde se amenaza, se ataca y hostiga a los defensores “de manera constante” y se criminaliza la protesta social. Además, señala, los defensores de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) son discriminados y estigmatizados, y los defensores del medio ambiente y líderes indígenas son amenazados, hostigados y en algunos casos asesinados. Asimismo, apunta, está en riesgo la libertad de expresión por los asesinatos de periodistas. De enero de 2010 a abril de 2011, el organismo emitió 32 acciones urgentes por agravios cometidos contra defensores y periodistas. Entre los motivos que originaron las alertas están los homicidios y detenciones arbitrarias. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos hizo un especial pronunciamiento, porque en México “la desprotección de los defensores de derechos humanos que luchan contra la impunidad de los feminicidios sigue siendo motivo de preocupación”. En el documento resalta que este último año, otro de los grupos de defensores más agredidos en México fueron aquellos que denunciaron “violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”. Y alerta que la estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, a través del “despliegue del Ejército en tareas que legalmente le corresponden a la policía (…), ha incrementado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sin controles eficaces por parte de órganos civiles”. Entre las preocupaciones del Observatorio está el incremento de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, que han tenido sus expresiones más crudas en el descubrimiento de fosas clandestinas con cientos de cuerpos en Tamaulipas y Durango entre 2010 y 2011. Si bien esos hechos se han atribuido al crimen organizado, el Observatorio hace notar que se ha denunciado la intervención de funcionarios públicos en algunos agravios. En cuanto a la libertad de expresión, documentó 139 agresiones a periodistas y 21 a medios de comunicación, sólo en 2010, por lo que nuestro país se convirtió en el “más peligroso para ejercer el periodismo” en América. El Observatorio retoma las conclusiones del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y resalta la extrañeza de que no opere el mecanismo de protección para defensores, firmado por Felipe Calderón durante la visita de la Alta Comisionada, Navi Pillay. Como casos paradigmáticos de la violencia contra defensores, el informe internacional menciona el asesinato de Josefina Reyes, en Chihuahua, en enero de este año; la desaparición forzada del dirigente campesino de Guerrero, Víctor Ayala Tapia; las amenazas de muerte y agresiones que expulsaron de Baja California a Silvia Vázquez y Blanca Mesina, representantes de policías y civiles de Tijuana que fueron torturados por efectivos militares en instalaciones castrenses; la impunidad que prevalece en los ataques a los integrantes del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo y Salomón Monarrez, así como las amenazas que obligaron al visitador de Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, a vivir en El Paso, Texas. De forma especial, el texto resalta las agresiones a las defensoras de los derechos de las mujeres y la lucha contra la impunidad de los feminicidios, destacando el asesinato de Marisela Escobedo, así como los actos de hostigamiento y agresiones a las defensoras Emilia González Tercero, Marisela Ortiz y Maria Luisa Andrade, así como a la periodista Rosa Isela Pérez Torres. Además, menciona 18 casos de agresiones contra defensores de indígenas; 12 contra activistas a favor del medio ambiente y opositores a megaproyectos; seis contra defensores de migrantes centroamericanos, y cinco contra periodistas.