DURANGO, Dgo. (apro).- El extitular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramiro Ortiz Aguirre, aseguró que la detención del empresario mexiquense José Morales Cervantes, ocurrida el pasado 1 de junio, estuvo apegada a los ordenamientos legales vigentes, tanto en el estado de Durango como en el de México. El exfuncionario narró que de acuerdo con el expediente del caso, un grupo de mezcaleros de los municipios de Durango y Mezquital interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía), el 9 de noviembre de 2007, por el delito de fraude específico, en virtud de que Morales Cervantes incumplió con la construcción de dos plantas de Mezcal, para lo cual ya le habían sido entregados 13 millones de pesos. Según Ramiro Ortiz, él no tuvo un conocimiento específico de la detención del presunto plagiado, sino hasta el pasado 28 de octubre, cuando la edición digital del diario Unomásuno difundió declaraciones sobre una presunta “privación ilegal de la libertad”, realizada con su complacencia y la del exsecretario general de Gobierno, Hugo Rosales Badillo. Ortiz Aguirre detalló que para la captura de Morales Cervantes se giró una orden de aprehensión el 11 de agosto de 2010, casi tres años después de que los quejosos interpusieron la denuncia por fraude. En ese tiempo, dijo, se integraron las pruebas suficientes para reforzar la demanda judicial. Ese mismo día, agregó, el juez segundo penal de la capital de Durango, Juan Manuel Lira Gallegos, solicitó al Estado de México, vía oficio, su colaboración para cumplir con el mandato judicial. La ejecución de la orden no se dio sino hasta casi un año después, el 1 de junio pasado. La detención, dijo Ortiz Aguirre, se realizó en el Estado de México, previo oficio enviado a las autoridades de dicha entidad por parte de la Procuraduría de Durango, en el que solicitaban la colaboración de su instancia investigadora para llevar a cabo la localización y detención de Morales Cervantes. Ramiro Ortiz consideró que ahora, a través de los medios de comunicación, el acusado trata de usar una estrategia de defensa para desvirtuar el actuar de los entes judiciales de Durango. Por separado, los demandantes, encabezados por Marco Antonio de Haro Rosales, coincidieron en que la acción contra Morales Cervantes fue absolutamente legal y responde a la demanda de fraude interpuesta por 40 productores de mezcal de los municipios de Durango y Mezquital. De Haro Rosales, a quien el presunto secuestrado señala como plagiario, negó haber cometido delito alguno, y exhibió la fotografía publicada en la edición número 1830 de la revista Proceso, como parte del expediente judicial. Asimismo, confirmó que quien le acompañaba es Martín Hernández, agente del Ministerio Público, y que la foto fue tomada en una de las plantas que quedaron inconclusas, durante la inspección ordenada para el acopio de pruebas. Acompañado por una decena de productores, De Haro dijo a Apro que a la fecha el daño económico asciende a más de 50 millones de pesos, y ha incidido en una falta de crecimiento de la región productora de mezcal de Durango. Y lamentó las declaraciones hechas por José Morales, pues consideró que al difundirlas de esa forma, en el sentido de que fue secuestrado, se martiriza y trata de revertir la acción penal que aún pesa en su contra. Aunque prefirieron no entregar copia de los documentos que forman parte de la investigación, los mezcaleros exhibieron los correspondientes al convenio de colaboración entre las procuradurías de Durango y el Estado de México para la detención del denunciado por el delito de fraude, la orden de aprehensión, el contrato de compra-venta de maquinaria y equipo, y la carta de libertad bajo caución otorgada por un juez.