MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE) cumplimentó la cuarta orden  de aprehensión contra el exgobernador de esa entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, ahora por el delito de homicidio doloso, derivada de la muerte del bebé Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrida a finales del 2002 en el Hospital General de Comitán de Domínguez. En un comunicado, la dependencia señaló que la presunta responsabilidad penal del exmandatario, quien también está acusado del delito de peculado por un presunto desvío de 104 millones de pesos, está contenida en 19 mil 282 fojas que suman nueve tomos y 33 anexos. En dicho expediente,  añade, se incluyen como pruebas incriminatorias las declaraciones de 41 servidores y exservidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables realizados en el hospital general. Además, las investigaciones revelan una serie de graves carencias que presentaba el nosocomio, lo que derivó en la muerte de 22 menores más, entre noviembre de 2002 y enero de 2003. Lo anterior se encuentra asentado en los informes emitidos en 2003 por la propia Contraloría General del estado y la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJ de Chiapas. Ambas instancias coincidieron en que el hospital –considerado de segundo nivel– no contaba con los especialistas necesarios para brindar la atención adecuada. También presentaba falta de personal especializado, medicamentos, instrumental y equipo en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, así como un alto riesgo de contaminación, y el personal de limpieza para esta área no contaba con un buen control y manejo de residuos y materiales infecto-contagiosos. En 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno del estado la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos, lo que contribuyó a la deficiente atención médica. No obstante, el propio Salazar Mendiguchía ordenó al entonces procurador, Mariano Francisco Herrán Salvatti, cesara en las investigaciones por la muerte de los bebés y determinara para las 24 averiguaciones previas iniciadas el no ejercicio de la acción penal, enviándolas de inmediato al archivo como asunto concluido. El pasado 9 de agosto, un juez dictó el auto de formal prisión al exgobernador Pablo Salazar por el presunto delito de homicidio doloso, relacionado con la muerte de los recién nacidos. En esa ocasión, el exgobernador se inconformó con la resolución y rechazó el presunto delito de homicidio doloso. Más aún, denunció violaciones al procedimiento dentro de la causa penal que se le sigue. Una semana después, el Tribunal Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huixtla ratificó el auto de formal prisión al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, todo por un presunto desvío de recursos por 104 millones de pesos. Ante el recurso de inconformidad presentado por la defensa de Salazar Mendiguchía, el juez dio a conocer la resolución de la Primera Sala Penal Regional Colegiada del Distrito Judicial de Tuxtla, luego del análisis jurídico de la integración de la averiguación previa. Con ello avaló el auto de formal prisión que el juez tercero del Ramo Penal dictó en contra del exgobernador, luego del análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, entre las que destacan los testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía.